Luego de más de trece horas de gestión y gran expectativa, el Gobierno de Javier Milei consiguió que la Cámara de Diputados aprobara las primeras dos leyes desde su asunción: la postergada Ley de Bases, que demandó seis meses de debate y un fallido intento durante el verano, y el paquete fiscal que busca consolidar el equilibrio en las cuentas públicas. Para la Ley Bases, el oficialismo y sus aliados aceptaron todos los cambios aplicados por el Senado, logrando 147 votos positivos, 107 negativos y dos abstenciones. Quedaron fuera del paquete de privatizaciones Aerolíneas Argentinas, el Correo y los medios públicos, aunque el Gobierno anunció que presentará leyes específicas para privatizar estas empresas en el futuro.
La Ley Fiscal se votó en cuatro pasos: primero, un artículo sobre gastos tributarios; luego, la reposición del impuesto a las Ganancias para trabajadores que ganen más de 1.800.000 pesos; seguido de la reforma del impuesto a los Bienes Personales con una rebaja de alícuotas; y finalmente, la aprobación del resto del paquete fiscal, que incluye un blanqueo de capitales, una reforma del monotributo y una moratoria impositiva. La sanción de estas dos leyes representa un hito en la gestión del líder libertario por el volumen de reformas que contiene cada una y por el mensaje político hacia los actores económicos que escrutan el devenir del país.
En un contexto de inestabilidad económica, con el riesgo país disparado, acciones y bonos argentinos en picada y el dólar paralelo en valores récord, la noticia de que el Gobierno logró acuerdos parlamentarios que cristalizaron en leyes insignia es un alivio para Milei y su administración. El proceso legislativo comenzó con tropiezos, luego del fracaso del primer intento de aprobar una mega ley ómnibus presentada en diciembre con 600 artículos. Tras múltiples filtros en Diputados y en el Senado, el texto de la Ley Bases se redujo a la mitad. La versión original no incluía la reforma de modernización laboral, que ahora reduce o elimina multas por no registración y amplía el período de prueba de tres a entre seis y doce meses según el tamaño de la empresa.
Quedaron fuera de la eliminación la moratoria previsional, por lo que el régimen especial que permite regularizar deudas previsionales y otorgar jubilaciones a quienes no alcanzaron 30 años de aportes al SIPA seguirá vigente. Con estas dos leyes emblemáticas, Milei encabezará el mentado “Pacto de Mayo” el próximo 9 de julio en Tucumán, en ocasión del Día de la Independencia. Tras haber acusado al Congreso de ser un “nido de ratas” y haber defenestrado a la oposición dialoguista en varias ocasiones, Milei prepara una pomposa escenificación para cerrar heridas, pasar página y coronar un proceso de seis meses de negociaciones.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue el artífice de estos acuerdos y asistió a la sesión desde el palco junto a la secretaria general de Presidencia, Karina Milei. También estuvo presente la vicepresidenta Victoria Villarruel y otros negociadores clave como el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, y la secretaria de Planeamiento Normativo, María Ibárzabal.
En el debate, el presidente de la comisión de Legislación General, Santiago Santurio, se quejó de que recién después de seis meses se esté aprobando la primera ley del gobierno de Javier Milei. El presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert, afirmó que la Ley Bases “viene a plantear un punto de inflexión y un nuevo horizonte para nuestro país”, necesario para “crear las condiciones de un país próspero” y salir del “pozo” dejado por el kirchnerismo.
El diputado de Unión por la Patria, Aldo Leiva, calificó de “engendro” a la Ley Bases y al Paquete Fiscal, y propuso renombrar el “Pacto de Mayo” como “Pacto de Cipayos”. La diputada del PRO, Silvia Lospennato, defendió la legalidad de la restitución del impuesto a las Ganancias y la reforma de Bienes Personales, y cuestionó la judicialización que prepara un sector de la oposición. Desde la UCR, Lisandro Nieri destacó los aportes de los senadores RIGI pero se quejó de la exclusión de algunas empresas de la lista de privatizaciones. La diputada Florencia Carignano (UP-Santa Fe) calificó la ley como un “industricidio” y una entrega de recursos naturales sin compensación. Alejandro Vilca, del Frente de Izquierda, acusó al gobierno de usar métodos de la “casta” para comprar votos y atacar a los trabajadores. (Agencia OPI Santa Cruz)
