Renunció Juan Carlos Pezoa a la intervención del devaluado Ente Nacional Regulador...

Renunció Juan Carlos Pezoa a la intervención del devaluado Ente Nacional Regulador del Gas

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Juan Carlos PezoaPezoa sin conocimiento previo del tema energético, intentó poner en orden las gravísimas irregularidades que se verifican en el sistema del GNC, los términos administrativos e indagó en una obra pública, cuyas acusaciones de sobreprecios y coimas afectaron al Gobierno.

Juan Carlos Pezoa, pasó a desempeñarse como secretario de Hacienda. Fue reemplazado por el ingeniero Antonio Luis Pronsato como interventor del ENARGAS. Así lo establece el decreto 80/2007 publicado en el Boletín Oficial, que lleva la firma de la presidenta Cristina Fernández; del jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y del ministro de Planificación, Julio De Vido.

El mismo decreto acepta la renuncia presentada por el anterior interventor, Juan Carlos Pezoa, quien pasó a desempeñarse como secretario de Hacienda de la Nación.

Fuentes oficiales aseguran que Juan Carlos Pezoa, desde el martes 11 de diciembre de 2007 ya estuvo trabajando en su nuevo despacho en la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Producción conducido por el flamante Martín Lousteau.

La Secretaría de Hacienda le habría sido ofrecida a Pezoa el mismo día en que Alberto Fernández anunció la primera línea del próximo gobierno, y ya habría mantenido las primeras reuniones de trabajo con el saliente Mosse.El decreto 571 del Poder Ejecutivo firmado el 21 de mayo de 2007 decidió la intervención del Enargas por 180 días, prorrogable por un lapso similar, tras una cuestionada gestión del anterior presidente del organismo de control, el pingüino Fulvio Madaro.

Como una de sus primeras tareas, Pezoa tuvo que revisar lo actuado por la corrupta gestión de Fulvio Madaro y su banda con respecto a la primera ampliación de capacidad de transporte de gas -obra cuestionada que derivó en el caso Skanska- y, a su vez, establecer los valores unitarios de referencia para la segunda ampliación de capacidad de transporte, cuya obra ya comenzó pero sin un valor exacto debido al escándalo desatado con la primera.

Como consecuencia de las gravísimas irregularidades corroboradas en el sistema de GNC, Pezoa había amenazado en varias oportunidades con abandonar el ENARGAS. Conforme lo establecido por la Ley Nº 24.076 creadora del ENARGAS, y el decreto Nº 571/07 por el cual el Gobierno formalizó su intervención, resulta obligación ineludible del interventor del ENARGAS, adoptar las medidas correctivas necesarias para neutralizar la conducta en que incurren sus regulados que permiten la irregular circulación y acceso a la carga de miles de vehículos propulsados a GNC que poseen equipos para GNC compuestos con reguladores de presión y otros elementos fuera de norma carentes de aprobación, que resultan un atentado contra la seguridad pública.

Esta grave situación de inseguridad pública ha sido generada por la falta de control por parte de las autoridades del ENARGAS, quienes denotan con palmaria evidencia la falta de idoneidad, desidia, indiferencia e irresponsabilidad. En los hechos ocurrió que desde hace bastante tiempo, los funcionarios públicos que se desempeñaran en el ENARGAS han tomado debido conocimiento sobre la irregular situación evidenciada en el Sistema Argentino de GNC y la proliferación de cilindros contenedores de GNC, reguladores de presión y otros artefactos fuera de norma, instalados en miles de automotores que son habilitados fraudulentamente y que atentan contra la Seguridad Pública.

Esta situación era conocida por el Secretario de Energía, Daniel Cameron, el Ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y por el Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Alberto Fernández, entre otros funcionarios del Estado.

Pezoa había sido notificado en numerosas ocasiones para que adopte las medidas correctivas pertinentes, en aras de dar cumplimiento con las obligaciones a cargo del Organismo de Control legalmente responsable de controlar la actividad generada por el uso del GNC y de tutelar la seguridad pública. (Andrés Martín/OPI Santa Cruz)

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