Publicado el: 10, Nov, 2008

Investigan a obras sociales por estafar con falsos enfermos



10/11 – 01:00 – La mutual de los empleados del Ministerio de Economía recibía subsidios del Estado por tratamientos de alta complejidad que nunca se realizaban. Perfil habló con tres supuestos pacientes que no habían sido atendidos, tal como consignaba la obra social. La Justicia Federal indaga a otras tres prestadoras médicas y a cinco droguerías.

Héctor Rubén Rodríguez responde a un llamado de PERFIL desde la calurosa capital de Santiago del Estero. Cuenta que acaba de terminar otra semana laboral en las oficinas de la ANSES en la árida ciudad y que ya regresó a su casa para disfrutar del fin de semana. Tiene 49 años y goza de perfecta salud. Sin embargo, figura en una lista de pacientes de la Obra Social del Personal del Ministerio de Economía de la Nación (OSME) como beneficiario de un subsidio por un tratamiento médico de alta complejidad. “Jamás usé la obra social porque acá OSME no presta servicios. Me afilié en 1996 cuando trabajaba en la AFIP, pero después supe que la cobertura no me convenía porque me cobraban aparte. Hace unos meses, me citaron del Juzgado Federal y me preguntaron sobre mi estado de salud. Yo llevé el carnet de afiliado, pero nunca usé la cobertura ni estuve enfermo de gravedad.”

El caso de Héctor se asemeja al de José Miguel Soruco, un empleado de la AFIP de 47 años que vive en San Salvador de Jujuy. Según documentación de la Administración de Programas Especiales (APE) –el organismo que provee de financiamiento a las obras sociales–, Soruco recibió un tratamiento contra la hepatitis crónica entre febrero y julio de 2007 que le costó al Estado 26.400 pesos. “No tuve hepatitis ni recibí tratamiento”, confirmó a PERFIL vía telefónica.

Al igual que Rodríguez y Soruco, Jesús María Betancour es otro empleado público, aunque de Gualeguaychú. En el último año ni siquiera apeló a su cobertura médica, pero aparece en otro listado de presuntos enfermos para los que se solicitaron subsidios estatales. Estos fondos eran para tratamientos médicos complejos y costosos, como los oncológicos, los medicamentos contra VIH, la hemofilia y la esclerosis múltiple. Todos estos supuestos beneficiarios gozan de buena salud y desconocían que sus datos personales habían sido usurpados para que cinco droguerías –en presunta complicidad con obras sociales– embolsaran 6 millones de pesos, según se denunció ante la Justicia.

Los subsidios a las obras sociales son anticipos de dinero otorgados por el Estado a las mutuales sindicales para pagar un tratamiento médico durante determinado período, y deben ser rendidos ante la APE luego de concluido el tratamiento.

Diagnóstico judicial. La presunta estafa a la Administración de Programas Especiales comenzó a destaparse por una denuncia contra OSME presentada en el Juzgado Federal N° 4, a cargo de Ariel Lijo. La presentación la hizo el 20 de julio de 2007 un particular llamado Juan Antonio Sandoval. La causa número 11.072 dio un giro inesperado cuando Lijo, luego de comprobar que varios “pacientes” nunca habían estado enfermos, citó al gerente general de la APE, el moyanista Juan Rinaldi, y el funcionario se presentó con una investigación propia contra las obras sociales y las droguerías, argumentando que estaban “estafando” a la Administración. Esta semana, el juez dictaría una resolución de acuerdo con la información oficial que recibió.

La ministra de Salud, Graciela Ocaña, abonó las sospechas en torno del funcionamiento de este mecanismo, cuando en una conferencia de prensa declaró: “Cuando había desmantelado los negociados en el PAMI pensé que terminaba todo, pero empresas que había sacado y denunciado ahora encuentro que le estaban vendiendo a las obras sociales”.

Los afiliados que aparecen en los listados con presuntos beneficiarios son todos empleados públicos. Según la APE, la obra social del Ministerio de Economía –presidida por el kirchnerista Edmundo Ruckauf, primo del ex gobernador de Buenos Aires– habría realizado toda esta maniobra para beneficiar a una sola droguería: Vita Pharma SA.

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En 2007, la APE le revocó a OSME subsidios por más de 3 millones de pesos porque no presentaba la documentación exigida, ni rendía cuentas del dinero recibido que pagaba a la droguería por los tratamientos costosos.

Edmundo Ruckauf denunció la presunta falsificación de su firma en las solicitudes de subsidios requeridos por la obra social que preside. “Dicha denuncia jamás fue hecha pública o comunicada la APE al momento de requerírsele a la obra social la rendición de cuentas de los subsidios”, se quejó Rinaldi en un informe, que tiene en sus manos el juez Lijo. “Muchas veces la falta de rendición de cuentas crea la presunción de que la prestación para la que se solicitó el subsidio no llegó a ser brindada. Resulta de suma preocupación que durante 2007 y 2008 la obra social no haya prestado ninguna rendición de cuentas por subsidios”, dice el texto.

Pacientes fantasmas. A partir de una lista de supuestos pacientes que figuraban como beneficiarios de OSME en tratamientos costosos, el juzgado libró exhorto a esas personas para que dieran testimonio. Al menos cinco de ellos, habitantes de las provincias de Jujuy, Santiago del Estero, Mendoza y Entre Ríos, respondieron ante la Justicia que jamás habían recibido dichos tratamientos ni habían estado enfermos.

Betancour también fue citado por el juzgado. “Le preguntaron si había recibido o estaba recibiendo algún tratamiento médico. Pero casi ni usamos esa obra social. Además, él nunca tuvo nada serio, gracias a Dios”, dijo su esposa a este diario.

Amadeo vive en la ciudad de Buenos Aires y, a diferencia de los otros casos, recibió la medicación contra la esclerosis múltiple como beneficiario de OSME, según afirmó ayer a este diario. Su caso costó 48.066 pesos. Si bien Amadeo recibió el tratamiento entre enero y junio de 2007, el subsidio otorgado a la obra social fue revocado recién en 2008, cuando se detectó que OSME no rendía los recibos exigidos por la APE. Ruckauf informó en mayo que su obra social corre riesgo financiero y que la responsabilidad de no haber hecho la rendición “es de las droguerías” por “no entregar los recibos” de los tratamientos.

La obra social del Ministerio de Economía y Vita Pharma no son las únicas sospechadas de defraudación. Habría otros ocho expedientes circulando. Según un informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires –que cumple la función de regular el sistema–, “se detectó que entre 1999 y 2005, distintas obras sociales no rindieron al menos 154 millones de pesos otorgados en subsidios”. Rinaldi, que asumió en la APE en enero de 2006 luego de ser apadrinado por el jefe de la CGT, Hugo Moyano, estima que el informe todavía es parcial y que se queda corto. La Administración reforzó los requisitos para recibir subsidios y cortó el flujo de fondos en la mayoría de los casos sospechados, lo que además despertó la bronca de varios sindicatos antimoyanistas, en particular en las provincias, donde las obras sociales necesitan con mayor desesperación los fondos públicos. (Perfil/OPI Santa Cruz)

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