La Ampliación de Denuncia presentada por La Alameda

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Una masiva clausura en los prostíbulos en Río Gallegos, el conocido “barrio” de “las casitas” – Foto: OPI Santa Cruz
20/10 – 09:00 – Gustavo Vera y el Dr Mario Fernando Ganora de La Alameda ayer fueron atendidos por la Jueza Federal donde radicaron una ampliación de denuncia en la cual se pide profundizar la investigación sobre la red de prostitución y trata de mujeres en la ciudad y la provincia. Reproducimos aquí el texto de la presentación a la que tuvo acceso OPI Santa Cruz.

Ayer el presidente de La Alameda Gustavo Vera y el Dr Mario Ganora hicieron una ampliación de denuncia ante el Juzgado Federal de la Dra Ana Álvarez, tal como lo habíamos informado en nuestra nota en horas de la mañana del lunes. OPI tuvo acceso al contenido a la presentación que se transcribe a continuación:

AMPLÍA DENUNCIA

Señora Juez:

Gustavo Javier Vera, con domicilio en Directorio 3690 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y Mario Fernando Ganora (T° 36 F° 227 CACF), y Avda Callao 178 Piso 5° de la Ciudad Autónoma de Bueno Aires, constituyendo conjuntamente el procesal en …, . respetuosamente dicen:

I) Objeto

Por el presente, venimos a ampliar las denuncias formuladas a los fines de que se investigue la presunta comisión de los delitos previstos y reprimidos en los arts. 117, 120 y 121 de la ley 25.871; 125 bis, 126, 127, 140, 145 bis y 145 ter C.P.; y 15 y 17 de la ley 12.331 por parte de los responsables de la red de prostitución que a continuación se describirá y sus eventuales cómplices y encubridores.

Luego de formular las anteriores denuncias en la presente causa se produjeron una serie de allanamientos en el marco de la investigación de hechos presuntamente vinculados con los delitos de trata de personas y de reducción a servidumbre o condición análoga y la clausura de los locales donde presuntamente se ejercía la prostitución o se incitaba a ella en virtud de las disposiciones de la ley 12.331 (arts. 15 y 17) y.

Estas medidas ordenadas por la Justicia significaron en principio un gran avance. Sin embargo, no podemos dejar de puntualizar que en la actualidad se percibe un desplazamiento de la referida actividad criminal hacia otros sitios de la Ciudad de Río Gallegos. En dichos lugares las redes de prostitución han sentado nuevamente sus reales y reiniciado sus prácticas con renovados bríos, sin que, lamentablemente, se produzca la consecuente y esperada reacción de las fuerzas de la policía local, así como de las autoridades políticas. En efecto, ni las autoridades provinciales o comunales ni la policía han adoptado medidas tendientes a combatir este fenómeno delictivo que amenaza con reconstituirse en otros sitios pero con las mismas características de los locales que fueron objeto de denuncia.

Es más, ciertas declaraciones públicas del señor Secretario de Derechos Humanos, Humberto Quiñones, formuladas al Periódico Austral el 6 de octubre del corriente, dan a entender que el referido funcionario es partidario del sistema reglamentarista de la prostitución y de la confección de registros y controles sanitarios de las personas que ejercen el meretricio en abierta contradicción con lo dispuesto en el art. 6 de la Convenio para la Represión de la Trata y de la Explotación de la Prostitución Ajena, ratificado por ley 11925. En efecto, según el periódico de mención el Secretario de Derechos Humanos de la Provincia de Santa Cruz ha dicho respecto a la proliferación de la oferta ‘sexual’ en departamentos o callejera, que “en conversaciones realizadas con gente de sanidad, éstas nos han manifestado que no hay controles sanitarios, debido a que las señoritas que acudían para realizar la libreta sanitaria cuando se desempeñaban como ‘alternadoras’ en las casitas, ya no lo hacen, lamentablemente, por no haber ningún tipo de inspección que las obligue a tener activa la libreta sanitaria, entonces no se preocupan en hacerse los análisis”, confirmando que “el cierre de las casitas no ha solucionado nada, y con respecto a la salud, hoy no tenemos controles para aquellos que ejercen las prostitución, ya que no hay inspección que las obligue hacerse los análisis, porque como dije, no hay controles y hoy tenemos un problema agravado”. Esta actitud contraria a un tratado internacional en materia de Derechos Humanos destinado a combatir una forma gravísima de discriminación contra la Mujer (art. 6 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer) es inadmisible para un funcionario que se supone que está al frente de esa cartera. Sin embargo, esta actitud está en consonancia con la de las máximas autoridades de la Provincia que fueron objeto de denuncia en la anterior ampliación. Podemos afirmar, en consecuencia, que la existencia de los prostíbulos es una política de estado de la actual Admnistración.

II) FUNDAMENTOS

IIa) Hechos.

Las denuncias presentadas versaron sobre la existencia de una conocida red de locales donde se ejercía ostensiblemente la prostitución, la trata de personas con fines de explotación sexual y la reducción a servidumbre de las personas que ejercen el meretricio que opera en el barrio General Belgrano de la ciudad de Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz, popularmente conocido como “Las casitas”.

La nómina y ubicación precisa de estos locales adonde se habría desplazado esa actividad es la que se detalla a continuación:

……………………………………………….

Al igual que en los casos anteriores se trata de locales abiertos al público que con la aparente habilitación de locales bailables, bares y cafés desempeñan este menester. Esos locales funcionan habitualmente desde las 23. horas hasta las 8 de la mañana del día siguiente. Se caracterizan por tener carteles que indican el nombre del establecimiento en su frente o que sugieren la actividad y operan con música muy fuerte que trasciende al exterior y casi sin luces internas. Como se ha expresado anteriormente concentran un número importante de mujeres provenientes de distintas provincias de la República Argentina de países limítrofes como la República del Paraguay que exhibiéndose en ropa interior o en forma muy llamativa ejercen la prostitución.

También se ha sostenido en la denuncia original que a raíz del funcionamiento de estos locales se produce un significativo incremento de la inseguridad toda vez que los vecinos manifiestan desde hace tiempo:

* Ejercicio de la prostitución organizada y solventada por grupos ilegales.

* La producción de hechos de violencia muy seguidos con derramamiento de sangre. Locales con o sin habilitación en los cuales «vale todo», se ofrecen mujeres mayores o menores, niños o drogas o son escenarios de trifulcas muy seguidas, con lesionados y muertos en hechos de sangre.

* Proliferación de grupos de delincuentes organizados en torno a la referida actividad que se disputan el territorio.

* Tráfico mayor y menor y venta de sustancias y drogas ilícitas.

* Connivencia activa o pasiva de las autoridades policiales y de los funcionarios del Gobierno de la Provincia de Santa Cruz que toleran y amparan estas actividades haciendo caso omiso de las denuncias.

Resultaría de la persistencia de este fenómeno que en la Provincia de Santa Cruz no existe la voluntad política de hacer cumplir la ley 12.331 y el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena, ratificado por ley 11.925 que obliga al cierre de los prostíbulos en todo el territorio nacional y al castigo de los proxenetas. Es evidente que las máximas autoridades de Santa Cruz no se consideran obligadas por las disposiciones de los arts. 15 y 17 de la ley 12.331 y del art. 2 del Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena, puesto que de otro modo no se entiende como es que frente al hecho publico y notorio de que se están reiterando hechos que desencadenaron el escándalo que derivó en la apertura de la presente causa no ordenaron el cierre de los establecimientos que funcionan como burdeles, a pesar de tener conocimiento de lo que allí ocurre. Se persiste en negar que es el funcionamiento de los prostíbulos lo que sirve de factor determinante para la estructuración de las redes de trata con las características que prevé el Protocolo de Palermo, ratificado por ley 25.632, y la ley 26.346.

En efecto, y pese a lo que diga el señor Secretario de Derechos Humanos de la provincia de Santa Cruz, en la medida en que no se cierren los prostíbulos resulta imposible luchar contra los fenómenos asociados a ellos y que están básicamente enunciados en la doctrina de los tratados internacionales mencionados.

La actitud de las autoridades políticas y policiales de Santa Cruz están en abierta disonancia con estas normas, a pesar de las declamaciones toda vez que lo que se puede percibir por los sentidos nada tiene que ver con lo afirmado por los funcionarios.

IIb) En cuanto a la cuestión de derecho
Aquí corresponde que reiteremos lo dicho oportunamente en referencia a las conductas de las autoridades de la Provincia de Santa Cruz , las que teniendo conocimiento de la existencia del fenómeno de la trata de personas, de la reducción a servidumbre y de la violación sistemática de las disposiciones de la ley 12.331, de la ley 25.871 y 26.346 hubieran omitido tomar medidas para contenerlo no serían susceptibles de ser consideradas una mera negligencia o inoperancia sino participación en graves hechos delictivos.

La doctrina nacional y extranjera ha desarrollado suficientemente la teoría de los delitos de omisión impropia en los que se impone al “garante” el deber de evitar el resultado típico. En estos casos el deber de evitar el resultado se basa en la idea fundamental de que la protección del bien jurídico en peligro depende de una prestación positiva de una determinada persona y que los afectados confían en la intervención activa de la misma. En este caso concreto la ley les atribuye a los funcionarios provinciales la misión de proteger a las personas de la trata con fin de explotación sexual comercial, de la reducción a servidumbre y de la violación sistemática de las disposiciones de la ley 12.331. La omisión del cumplimiento de este deber de protección de los bienes jurídicos a sabiendas de lo que estaba aconteciendo por parte de los que tienen la función legal de garantes los convierte en partícipes (ver Hans H. Jescheck “Tratado de Derecho Penal. Parte General”, Volumen Segundo, págs. 832/833 y 854/864, Bosch, Casa Editorial S.A. Barcelona ; Bacigalupo, Enrique, “Derecho Penal. Parte General”, págs. 389/396, Hammurabi, Bs. As. 1987; Zaffaroni, Eugenio R. “Tratado de Derecho Penal” Tomo III, págs. 454/483) .

III) Petitorio

Por todo lo expuesto, solicito que se tenga por ampliada la denuncia originalmente formulada.

Proveer de conformidad. Será justicia
(Agencia OPI Santa Cruz)

13 Comentarios

  1. Hablando en criollo y en lo práctico ¿No es más conveniente controlar el ejercicio de la prostitución en un solo sector?. Lo que se logró es diseminar los prostíbulos que se multiplicaron como hongos por toda la ciudad, a veces las mejores intenciones no son las más adecuadas e inteligentes, y como dijo el General:la única verdad es la realidad. Como siempre y en todos los casos… cada vez que se hace una ordenanza o Ley, si no tenés en cuenta quien va a controlar.. ES AL PEDO.

  2. HOLA ES LAMENTEBLE PERO A RIO GALLEGOS SE LO CONOCE MAS POR SUS CABARET QUE POR OTRA COSA AL IGUAL QUE PICO TRUNCADO Y LAS HERAS HAY MAS PROSTIBULOS QUE ESCUELAS PUBLICAS

  3. ¿y quien va a creer que Martín y la plana mayor de la policía van a renunciar a la tremenda cantidad de plata que significa el mercado de la carne humana?

  4. Flor de piolas son uds. opi santa cruz.
    Justo la parte mas jugosa, es decir, los lugares donde trabajan ahora las chicas lo omiten.
    Y entonces nosotros quedamos en bolas (informativamente hablando, claro)
    No olviden que la informacion es un servicio publico muchachos

  5. Que suerte que volvio la alameda…. descubrio todo rapidamente…. quien los informa???? Se ve que Romanin siempre esta bien encaminado

  6. Coiron, pasale al negrito y a la gente como vos, tu TE y dirección y de toda tu familia. Dado q para vos es natural y normal la prostitución y trata, practicá la solidaridad poniendote a disposición de todos.No te olvides que la información es un servicio público.

  7. Porque el señor Gustavo Vera y su curro de La Alameda no reglamenta y deroga las Ordenanza de la Ciudad de Buenos Aires. ¿O acaso no hay prostitución allá? O no sabe ese señor que se ejerce la prostitución en Champú, Blaqui, Afeer, Soligol, Play Woman, Madajoz todos ubicados en plena Recoletas. Solo por nombrar los más emblemáticos. O si no señor Vera lea todos los días el diario Clarín en la sección Clasificados rubro 59 que ahí si va a encontrar verdaderas Red de Proxenetas y Mafiosos. ¿O Ud. piensa que las chicas están en Cooperativas? como Ud. tiene. Ha me olvidaba de Cocodrilo, no creo que Ud. piense que es un zoológico. Si un zoológico de gatas y gatos. Cuando Ud. combata esas verdaderas mafias toda la sociedad en su conjunto lo apoyara sin claudicar contra la trata de persona. No haga prensa y política con sentimientos tan dolorosos para los ciudadanos de este país. Tanta veces menos cavados, golpeados y burlados por dirigentes como Ud. que solo persiguen poder y fortunas personales a costilla de hombres y mujeres honestas. Lo de Ud. si es proxenetismo, pero moderno y con apoyo legal.

  8. para TOCARDEOIDO, cortito y al pie, estoy totalmente de acuerdo con vos! muy simple para explicar lo que muchos pensamos. Buen poder de sintesis.

  9. …tienen que dejar que abran las casita, controlarlas nada mas ..es el trabajo mas antiguo del mundo ..no sean ignorantes…no ban a cambiar nada..es el unico lugar donde vale la pena de gallegos..

  10. INGENUOS.. No busquen muchas explicaciones. Si hay prostibulos dispersos es porque la policia los permite. Si cualquier vecino de Rio Gallegos saben donde funcionan hay que ser ingenuo para pensar que la policia no lo sabe.- Conoce a cada lugar, a la mayoria de las chicas y a todos los que regentean. Pero los sueldos policiales son bajos y la prostitución siempre les significó un buen ingreso alternativo y por supuesto, ni el Gobernador, ni el Ministro de Gobierno, ni el Intendente Muncipal dieron orden de intervenir, inspeccionar, allanar, clausurar. Todos se hacen los zota y tratan de no sacar el tema a debate. Que lástima no!!! . Todo ello mancha a la policia nos pinta los actuales politicos como temerosos, sin animarse a actuar y hacer cumplir leyes y ordenanzas, en fin verdaderos inoperantes. Pensar que como ciudadanos los votamos y les pagamos un sueldo para que nos administren y hagan cumplir las leyes. Todos los responsables se ganaron con creces el rechazo del voto en las proximas elecciones. Es lo único que les va a doler, pero se lo ganaron !!!!!!!

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