Publicado el: 11, Dic, 2009

La Corte Suprema de Justicia dictaminó que el diagnóstico médico de Santa Cruz es falso


El Obispo Carlos Romanín recibió en varias oportunidades a las hiijas de Francisco Miranda que pedían justicia
11/12 – 08:30 – El “Caso Miranda” comenzó cuando un abuelo de 81 años fue encontrado muerto y con signos de tortura en El Calafate. La familia no dejó ni un minuto de incriminar a la policía por el asesinato y al Juez que lleva la causa por mala praxis judicial. Girada las pericias al cuerpo de peritos forenses de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ésta invalidó lo actuado por los peritos médicos de Santa Cruz y puso al Juez Carlos Narvarte en un serio aprieto.

Francisco Miranda era un hombre de 81 años que en febrero del año 2006 fue llevado por sus hijos a pasear a El Calafate días previos a la Fiesta del Lago. Cuando salió a comprar hamburguesas para la cena se desorientó, pidió ayuda a un policía que lo envió a la comisaría local y de allí nunca más se supo del abuelo, hasta que luego de rastrillar seis días por tierra pie y a caballos, por aire con helicóptero y con embarcaciones en el Lago Argentino, lo encontraron a unos 5 kms del casco urbano de la villa turística, cerca del lago, muerto y con signos de haberle infligido tortura.

A partir de allí se desató una verdadera cacería legal por parte de la familia para determinar cómo, cuándo y porqué había muerto Francisco. Se hicieron múltiples pericias y el abogado Carlos Muriete, representante de los Miranda, puso una y otra vez en duda la actuación de los médicos forenses de la provincia y del propio Juez Carlos Narvarte.

Transcurrió el tiempo y la familia puso peritos de parte, entre ellos a una eminencia en prácticas forenses de Buenos Aires, el Dr Alberto Kvitko asistido por los médicos Oscar Lossetti y Fernando Trezza quienes determinaron aspectos diametralmente opuestos a los señalado por los médicos legistas de Santa Cruz y convalidaron que Francisco Miranda había muerto mucho antes de ser encontrado y que sufrió torturas y tormentos.

Cabe señalar que OPI fue el primer medio en publicar las terribles fotografías del anciano y apuntar allí, solo siguiendo el razonamiento puro y la observación lógica que las precias formales negaban entonces, los detalles que a nuestro juicio se contradecían con lo manifestado por los peritos de la justicia.

Ahora, un revés inocultable

El proceso siguió, la familia insistió y finalmente al ser llevado el caso ante la Corte Suprema de Justicia para que definiera – a criterio de los peritos médicos – cómo, cuándo y por qué murió el abuelo, el máximo órgano de justicia de la nación determinó a través de las pruebas documentales y testimonios aportados, que el hombre murió al menos 48hs antes de ser hallado y que en el proceso previo a su deceso fue sometido a trato violento, dado que el cuerpo presenta excoriaciones, golpes con elementos romos, lo cual se ajusta la hipótesis manejada desde un principio de que el anciano recibió largas sesiones de tortura antes de quitarle la vida.

Ahora el abogado Muriete consolida la teoría de que el anciano estuvo vivo alrededor de cuatro o cinco días antes de ser encontrado muerto y pide al Juez Narvarte que cambie la carátula por la de “privación ilegitima de la libertad, tortura, seguida de muerte” lo cual implica que el Juez de la causa deberá desandar un largo camino donde el letrado que representa a la familia Miranda, ha marcado sistemáticos errores de procedimientos en la investigación, ocultamiento de pruebas y desvío de pistas que podrían llevar al pronto esclarecimiento de lo sucedido.

La familia acusa a un sub-Inspector de la policía por la responsabilidad que éste tenía aquella noche por la integridad del abuelo y hoy, luego de dos autopsias y a tres años de sucedido el crimen, se oficializa la hipótesis de que Francisco fue sometido a tortura hasta su muerte, lo cual pone un manto de sospecha sobre la policía y la actuación del cuerpo médico forense de Río Gallegos que desechó esta posibilidad y sostuvo que el anciano murió por paro cardiorespiratorio.

La decisión de los peritos de la Corte Suprema de Justicia desmoronan lo actuado por el Juez Narvarte en este sentido y ahora es el propio Muriete quien le pide al Magistrado “que se ponga a trabajar” para descubrir al o los homicidas, teniendo en cuenta que durante tres años no ha mostrado eficiencia en el manejo de los procedimientos para aclarar el crimen. (Agencia OPI Santa Cruz)

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