Publicado el: 28, Jun, 2010

Electroingeniería y Cristóbal López participan en Chihuidos I con sobreprecios de U$S 1.200 millones


La construcción de la obra Chiuido
28/06 – 11:00 – Un grupo de diputados realizaron una presentación judicial en los tribunales de Comodoro Py en contra de las autoridades neuquinas por irregularidades en la conformación de la UTE que tendrá a su cargo la construcción de la obra Chihuidos I. El 20% del paquete lo poseen dos empresas del entorno presidencial, sospechadas de estar vinculadas a Néstor Kirchner; Electroingeniería, por un lado y Comercial del Plata Constructora de Cristóbal López por el otro. ¿Sucederá algo parecido con Condor Cliff-La Barrancosa en Santa Cruz?.

Los diputados Juan Carlos Morán, Fernanda Reyes, Adrián Pérez y Walter Martello, realizaron una presentación judicial en los tribunales de Comodoro Py denunciando que la obra energética Chiuido I en la provincia de Neuquén se realizará con un sobreprecio de U$S 1.200 millones y donde tienen participación en UTE dos empresas del riñón del gobierno como son Electroingeniería (EISA), cuyo director es Gerardo Ferreira y Comercial del Plata Constructora de Cristóbal López, indica hoy el diario Río Negro.

En la denuncia los legisladores admiten que no se han respetado los procedimientos de selección en este tipo de obras ni se tuvieron en cuenta los principios de la contratación pública. En este punto señalan que el grupo Roggio que había presentado una oferta por 303 millones de dólares (1.200 menos que EISA-CPC) perdió porque el financiamiento total de la obra no llegaba al 30% con una tarifa económica para el sistema.

Fácil: la hacen privados con aval del Estado.

Tal como lo refiere el Río Negro el tándem EISA-CPC presentó, con su propuesta para la construcción de Chihuido I, una financiación del orden de los 1.181 millones de dólares para un costo total de la obra superior a los 1.560 millones de dólares.

Según las propuestas dadas a conocer públicamente, tres son las entidades financieras que participan del aporte de fondos: el Banco de Córdoba, con 302 millones de dólares; el Banco Macro acercaría otros 150 millones y Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (Bndes) estaría en condiciones de transferir 729 millones de dólares más.

Pero, analizando la «letra chica» de la propuesta, surge que el financiamiento de la obra no es privado sino que llega de la mano de las entidades mencionadas con avales y garantía nacional y provincial, estas últimas a través de la cesión de recursos coparticipables. En definitiva, quien toma el crédito para la obra termina siendo el Estado nacional y los bancos mencionados, que son los que consiguen los fondos, actúan como meros intermediarios en la estructuración de la logística financiera para poner en marcha la obra.

Las preguntas que surgen a raíz de este planteo y señalan los legisladores, son la siguientes:

• ¿Cuál es el riesgo empresarial cuando los fondos para la obra llegan de entidades bancarias con garantías del Estado?
• ¿No es un argumento, como mínimo, poco serio dar como ganadora de la compulsa esta propuesta de mayor financiamiento?

Los diputados consideran que existiría en esta licitación una maniobra en virtud de la cual se beneficia al consorcio preadjudicado mediante la ayuda del Estado nacional, que le permite conseguir un financiamiento sin el que le sería imposible acceder en condiciones de igualdad con los otros oferentes, algo relativamente “normal” en la obra pública de la provincia de Santa Cruz donde todo va a parar a manos de las empresas signadas por su relación con Néstor Kirchner.

El recupero de la inversión

En este punto también existen muchas dudas. La denuncia elevada a Comodoro Py señala que el costo de la energía futura a cobrar por el consorcio preadjudicado es MW/mes 7,355 dólares superior al del segundo precalificado. Esta diferencia terminará, presumiblemente, siendo trasladada a la tarifa del consumidor final.

Los usuarios, con la preadjudicación del consorcio liderado por EISA-CPC, deberán pagar un sobreprecio equivalente a 1.100 millones de dólares para todo el plazo de concesión, lo que sería equivalente al costo de la inversión necesaria para ejecutar el proyecto Chihuido II.

Aportes de la Anses

La denuncia presentada en Comodoro Py señala que el argumento del gobierno neuquino del financiamiento privado que permitió adjudicar la obra a un mayor precio que las restantes ofertas es una falacia debido a que «los 1.180 millones de dólares de supuesto financiamiento privado de estos empresarios están directamente respaldados por fideicomisos, seguros, coparticipación federal y hasta posibles cargos energéticos a crearse por parte del Estado nacional».

En otra parte del escrito destacan que «los empresarios no ponen un peso, por lo que ellos no asumen riesgo de ningún tipo, sino que es asumido en su totalidad por el Estado nacional, por ende, quien responde en última instancia es siempre el pueblo argentino».

En otro de los párrafos de la denuncia se destaca que «de todo lo expuesto es importante remarcar que además del sobreprecio en favor de EISA-CPC y el riesgo exclusivo del Estado en los créditos otorgados, lo escandaloso es que indirectamente estarían financiando un presunto hecho de corrupción con dinero de los futuros jubilados».

Los diputados que impulsan la demanda dan cuenta de las actas de la Anses, en las que se observa que tanto el Banco Macro como el de Córdoba reciben permanentemente grandes depósitos del Fondo de Garantías de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino, termina señalando el diario Río Negro.

Santa Cruz está a las puertas de generar una inversión similar a través de la construcción de Condor Cliff-La Barrancosa; habrá que ver si la asignación de los trabajos va a ser transparente o como es costumbre, será una dádiva a empresas del poder que teñirán todo lo bueno que pueda tener la obra con sospechas de sobreprecio y corrupción. Agencia OPI Santa Cruz).

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  1. Pelayo dice:

    Comparto la sospecha de los denunciantes.

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