Publicado el: 6, Jul, 2010

Un integrante del Conicet denunció a organismos públicos que recibieron subsidios para investigación del BID


Conicet - Foto: web
06/07 – 09:30 – Una vez más la relación o el tráfico de influencias entre organismos públicos y privados es noticia. Esta vez se trata de las denuncias efectuadas por el investigador del CONICET Eduardo Saguier quien señala puntualmente a quienes recibieron subsidios de investigación de parte de la Agencia ANPCYT a instancias del Banco Interamericano de Desarrollo. Atacó duramente a las autoridades universitarias a las que acusó de afectar con su comportamiento la formación universitaria y la producción científica.

Eduardo R Saguier es un investigador del Conicet y nos ha hecho llegar el material completo con la denuncia formal institucionalizada y el fallo de la Cámara, acusando muy duramente a organismos estatales y a universidades de connivencia, corrupción, tráfico de influencias y distribución arbitraria de subsidios para el fomento de las actividades científicas.

El doble deber y la múltiple subordinación de los docentes-investigadores de las universidades nacionales nos permite visualizar una compleja red de organismos estatales y para-estatales sometidos a una corrupción institucionalizada, funcionaria o legal, empieza señalando Seguier. En efecto – continúa diciendo – a instancias del Banco Mundial y del Consenso de Washington una media docena de instituciones legales (AGENCIA, CONICET, CONEAU, SPU, Secretarías de CyT de Universidades, CECTE, INADI, INTA) concluyeron tejiendo un inmenso hexágono compuesto por verdaderos nudos gordianos y por flujos venales de ida y vuelta (subsidios, incentivos, ascensos, categorizaciones, acreditaciones, confidencialidades, asesorías, consultorías, observatorios, transferencias tecnológicas, etc.).

Este contaminado hexágono – explica – al condicionar las libertades académicas y tercerizar las universidades, ha concluido por corromper a las autoridades universitarias, y por devaluar tanto la autonomía de las mismas, como el sistema de equilibrio de poderes (frenos y contrapesos) que debe existir en el seno de los organismos académicos colegiados, así como por tergiversar la estrategia para desarrollar la ciencia argentina, por faltar a la transparencia de las estadísticas y los portales electrónicos públicos, por fomentar el servilismo moral e intelectual, y por afectar la excelencia de la formación universitaria y de la producción científica, concluye.

Agencia FONCYT

Saguier resume la denuncia en autoridades de siete (7) organismos de CyT, de Educación, de Justicia y DDHH, de Agricultura, y de las Universidades que percibieron subsidios de la Agencia y del Ministro de Ciencia y Técnica.

1) Coordinadores del FONCYT-Agencia,
2) Directores del CONICET
3) miembros de las Comisiones Asesoras del CONICET,
4) Secretarios de Ciencia y Técnica de las Universidades Nacionales,
5) integrantes del Directorio del CECTE
6) Directores de la CONEAU
7) Directora del INADI
8) Director del INTA

Casi medio centenar de sus Coordinadores (Antón. Añón, Arzt, Astini, Balseiro, Batlle, Beaugé, Beccaria, Bucala,Cabada, Cánepa, Carelli, Cazzulo, Ceccatto, Cerda, Coira, Corach, Corti, Escande, Garcés, Gigolo, Gugliotta, Helbling, Jorrat, Lanusse, M. Frías, Mroginski, Parma, Paz, Poderoso, Politis, Quattrochio, R Sánchez, R. Rossi, Ravetta, Rubiolo, Salvarezza, Schalamuk, Vargas, Zanetti), percibieron subsidios de la Agencia.
Ocho (8) de ellos percibieron $3.662.000 promedio de $457.750 c/u.

CONICET

Un tercio del Directorio (Girbal, Siñeriz y Rapela) percibió subsidios de la Agencia.
Medio centenar de miembros de las Comisiones Asesoras del CONICET (Artabe, Bandoni, Belgorosky, Bellelli, Bischoff, Bocco, Boente, Bottasso, Burton, Capurro, Caputto, Castro Vázquez, Chulze, Cingolani, Colombo, Cuenya, Dante Martínez, Durantini, Elizalde, Farías, Fernández Niello, Franchi, G. Kaufman, Garda, Geffner, Goldbaum, Hoyos de Rossi, Lazzari, Lecuona, Levstein, López Teijelo, Luján, Matheos, Mattiazzi, Mauas, Mottino, Mudry, Murer, Pedregosa, Perillo, Piegaia, Pirola, Podhajcer, Portianski, Previtali, R. Campos, Ronco, Rossetti, Santa Cruz, Santos, Sosa Escudero, Targovink, Tosselli, Uchitel, Ugalde, Walsoe de Reca), percibieron subsidios de seis dígitos de la Agencia, de los cuales 7 percibieron $2.846.105, promedio de $406.586 . Amén de todo ello a más de doscientos (200) Investigadores de Carrera se les autorizó asesorías y consultorías violatorias de la dedicación exclusiva, aclara.

CONEAU

Dos miembros de su Directorio (Villanueva y Krotsch) percibieron de la Agencia $275.354, a un promedio de $138.000 c/u.

SECRETARÍAS DE CIENCIA Y TÉCNICA DE LAS UNIVERSIDADES NACIONALES.

En seis (6) universidades (Tucumán, Córdoba, Rosario, Sur, MdP, UBA), sus Secretarios de CyT (Campi, León, Colantonio, Aquilano, Bottasso, Agamennoni, Manzini), percibieron subsidios de la Agencia. Estos funcionarios tienen la responsabilidad de controlar la rendición de cuentas de los colegas que percibieron subsidios.

CECTE

4 de sus directivos (Kornblihtt, Parodi, Vainstok y González Cappa) percibieron subsidios de la Agencia. La Dra. González Cappa recibió 3 subsidios de 6 dígitos c/u.

INADI

Una de sus directivas, Marta Mercedes Maffia recibió un subsidio de $210.000.

INTA

Uno de sus directivos, Rubén Bottini recibió en 2002 y 2004 subsidios por $482.969. (Agencia OPI Santa Cruz)

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Mostrando 4 Comentarios
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  1. chain smoker dice:

    Es la primera vez que veo un exágono de 8 lados, o una media docena de 8 unidades

  2. julio dice:

    Increíble como se otorgan y se usan discrecionalmente los fondos para investigación en la Argentina

  3. Comunicado de Prensa-9-XII-2010

    DICTAMEN DE LA FISCALIA NACIONAL DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS (FIA)

    El día 28 de agosto del 2010 la FIA dictamino sobre la denuncia oportunamente formulada por el suscripto y comunicada a la red de científicos, académicos, políticos y administradores de programas de las instituciones científicas, universidades nacionales y organismos de la administración publica y de la justicia acerca de las incompatibilidades que se producían en el otorgamiento de subsidios (para realizar trabajos de investigación) a funcionarios cuya dependencia y jerarquía los invalidaba por la incompatibilidad manifiesta y el conflicto de intereses, lo que generaba la violación de la ley, con la consiguiente secuela de favores y amiguismo, violador del mérito y la jerarquía que se debe respetar en situaciones de alta responsabilidad en la investigación científica y la aplicación tecnológica.

    La denuncia fue investigada exhaustivamente por la FIA y como consecuencia de las investigaciones practicadas quedaron expuestas las irregularidades, las que fueron ampliamente documentadas mediante una veintena de medidas de prueba, media docena de informes de testigos (Gargarella, Apólito, Boselli, Mendoza, Alexander, Virdis, Castro), diversos libramientos de oficios a distintas autoridades judiciales y auxiliares de la justicia (Defensoría del Pueblo, Juzgado Criminal Federal No.8), y con la firma del Sr. Fiscal de Investigaciones Administrativas Dr. Ricardo Renom y del Sr. Fiscal General Dr. Guillermo Felipe Noailles, se dictaminó solicitarle al H. CONGRESO NACIONAL la legislación y reformulación del Decreto Nº 1660/96 señalando que la LEY Nº 25200 no es aplicada, además de dar curso a la intervención del Juzgado Federal Nº 8, Secretaría No.15, para que proceda a la investigación de las irregularidades denunciadas para que todos los interesados puedan acceder a los detalles de las denuncias practicadas por el suscripto. Les informo que el expediente correspondiente lleva el número 23612/1592, de fecha 31 de agosto de 2010, el cual contiene un detalle de todo lo actuado. El Dictamen de la Fiscalía completo puede verse en: http://argentina.indymedia.org/news/2010/11/762627.php

    EDUARDO R. SAGUIER Ph.D.
    INVESTIGADOR DEL CONICET

  4. El escándalo de la justicia y de la ciencia argentina
    por Eduardo R. Saguier
    http://www.er-saguier.org

    Cuadra informar a la opinión pública que la denuncia judicial contra la Agencia Nacional de Promoción Científico y Tecnológica o ANPCYT por los cuantiosos subsidios de investigación –1240 millones de dólares procedentes de un préstamo del BID— que se malversaron durante trece años (1997-2010), fue archivada por orden de la justicia argentina.
    La malversación arriba expresada se practicó mediante el clientelismo y el patrimonialismo académicos, subsidiando proyectos personales en lugar de invertir en la infraestructura científica y artística (laboratorios, bibliotecas, archivos, museos, observatorios, conservatorios, centros de documentación y recursos electrónicos escaneados o digitalizados, etc.). A propósito, los recursos electrónicos que se ofrecen en la web por dichas instituciones culturales argentinas, contrastados con los que se ofrecen en los países vecinos como Uruguay y Brasil, revelan una pobreza y un abandono alarmantes.
    La orden de archivar la denuncia fue la triste culminación de un lento y engorroso procedimiento, que había comenzado con un extenso y contradictorio dictamen de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Dicha Fiscalía había concluido: “…que si bien por un lado no ha podido detectar situaciones concretas que justifiquen la promoción de una actuación disciplinaria (la judicial ya ha sido iniciada. Expediente No.10.152/09 del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal No.8, Secretaría No.15, sin que de ella surjan elementos que permitan arribar a una diferente conclusión) si ha evidenciado un procedimiento que no parece reunir los req uisitos básicos que garanticen la transparencia indispensable en el manejo de fondos públicos. Como ya se expresara, esto se ha apreciado en particular en la ausencia de un mecanismo claro que permita reconstruir el modo en que se aprobó la financiación de un determinado proyecto, y si en ese procedimiento han intervenido personas con intereses contrapuestos (coordinadores o co-coordinadores que eligen pares que podrían haber evaluado proyectos presentados por esos mismos coordinadores o co-coordinadores)”.
    .
    http://www.salta21.com/Dictamen-de-la-Fiscalia-en-la.html
    http://argentina.indymedia.org/news/2010/11/762627.php

    La orden de archivo de la denuncia fue dispuesta en primera instancia por un juez del fuero penal federal (Martínez de Georgi), quien manifestó en su fallo haber quedado demostrado “…que los distintos subsidios cuestionados por el denunciante fueron otorgados conforme a derecho, no habiéndose violado norma legal alguna, al no existir disposiciones que regulen de modo genérico un régimen de incompatibilidades, y no haberse visto vulneradas aquellas que lo establecen para casos particulares, se observa que no nos hallamos frente a situación alguna que pueda resultar constitutiva de algún ilícito, no correspondiendo al suscripto efectuar en consecuencia ningún tipo de reproche penal. Ello por cuanto, independientemente de las valoraciones de índole moral o ética que puedan efectuarse de modo individual respecto de la percepción de subsidios por parte de las personas que ocupan los distintos cargos mencionados por Saguier en su denuncia –las cuales no corresponde tratar en el marco de la presente–, el hecho de que el otorgamiento de beneficios a tales funcionarios no se encuentre alcanzado por prohibición o restricción alguna, excluye la posibilidad de que el suscripto pueda efectuar juicio de valor alguno al respecto, al no haber constituido tales decisiones violaciones a disposición legal alguna, habiendo sido por el contrario adoptadas en el marco de las atribuciones otorgadas por las leyes vigentes, sin vulnerar ninguna disposición”.-

    http://bahianoticias.wordpress.com/2011/04/27/justicia-argentina-juez-martinez-de-georgi-ordena-archivar-denuncia-de-eduardo-saguier-contra-anpcyt/
    Más aún, la orden de archivo de la denuncia fue dispuesta en segunda instancia por la Sala II de la Cámara Federal Penal, integrada por los camaristas Irurzun, Cattani y Farah, la que ratificó el fallo del juez Martínez de Georgi, dando así piedra libre en el campo de la ciencia al continuismo ocultador y malversador. En su fallo, la Sala II de la Cámara Federal Penal señalaba “…que el minucioso análisis de sucesos que fuera realizado por el juez de grado mediante el confronte de la cuantiosa documentación que corre por cuerda, y que este Tribunal comparte, exige análogo esfuerzo por la parte querellante, tanto en la demostración del error que invoca como en el acierto de la interpretación que propone. Por ello, resulta insuficiente a tal fin la enumeración de nuevas hipótesis delictivas y la invocación acerca de la necesidad de convocar a cuarenta y un personas en la convicción de que “el testimonio de ellos es indispensable para determinar su responsabilidad”.
    http://bahianoticias.com/archivese-fallo-de-camara-sdenuncia-de-eduardo-saguier-contra-la-agencia-anpcyt/45834/
    A raíz de este desconcertante fallo, llegamos a la conclusión que el Juez y la Cámara Federal Penal habían abdicado de su jurisdicción y competencia, y que apelar ante la Suprema Corte era no sólo algo costoso –que estaba fuera del alcance del denunciante– sino que equivalía a incursionar inútilmente en más de lo mismo. La abdicación se había consumado pues el juzgamiento de los delitos y conductas criminales le están reservados en exclusividad al fuero penal y no se enmarcan en el contenido de legalidad o en la eventual opinión de órganos administrativos quizá interesados en despenalizar la actividad de su propio cuadro burocrático. Esto sin perjuicio de señalar que el ámbito, el objeto, los fines y tareas de esos organismos administrativos mencionados por el Juez y los Camaristas son muy diferentes a los del juzgamiento y represión del delito, y particularmente tanto el denominado “Comité de Ética [de la Secretaría de Ciencia y Técnica] y las disposiciones limitativas” son entidades apócrifas, impostadas, un simulacro de legalidad integrado por subsidiados de la propia ANPCYT.
    http://argentina.indymedia.org/news/2011/11/799800.php
    Entre los funcionarios infructuosamente denunciados en el fuero penal, se encontraban más de un centenar de directivos de los organismos científico-tecnológicos (coordinadores de la Agencia, miembros de los directorios y comisiones asesoras del CONICET y la CONEAU y secretarios de ciencia de las universidades), identificados con nombre y apellido, los que manipulados por el actual Ministro Lino Barañao y la burocracia de la Agencia, actuaron como juez y parte interesada en la orquestación de la “cadena de la felicidad” o red mafiosa, y por consiguiente estuvieron flagrantemente incursos en delitos de acción pública, ahora escandalosamente impunes.
    http://www.mitosyfraudes.org/Polit/Conicet.html
    De resultas de dicha malversación también se desató una grave injusticia. Mientras algunos intelectuales indiferentes o inescrupulosos se beneficiaron con los subsidios de investigación de la Agencia Nacional de Promoción Científico y Tecnológica o ANPCYT; otros colegas que no se disciplinaron pasaron a integrar el Index de los ninguneados y perseguidos; y otros, más apremiados, indignados o cansados de esperar, alimentaron la irrefrenable fuga de cerebros a las metrópolis centrales del mundo.
    Más grave aún, sumada a esa injusticia, de índole penal, el actual gobierno ordenó crear intempestiva e inconsultamente un nuevo instituto de investigación científica: el Instituto Revisionista “Manuel Dorrego”, que persigue disciplinar un coro académico que se subordine a la actual visión gubernamental de la historia, populista y reivindicadora de la dictadura Rosista. Cabe señalar que este proceder es muy semejante a lo que pretendió el denominado Proceso (1976-1983) cuando la Academia Nacional de la Historia, a pedido del Ministro de Educación de ese entonces (Llerena Amadeo), dictaminó para uso de la docencia una interpretación del pasado que debía ser “occidental y cristiana”. Este comportamiento, ilegal e inconstitucional, nunca hasta hoy mereció sumario alguno, ni tampoco fue convenientemente rectificado, ni las autoridades nacionales de los gobiernos democráticos –incluido el actual– exigieron rectificación alguna (La Nación, 30-V-1980).
    http://argentina.indymedia.org/news/2011/12/804743.php
    Contra este nuevo Instituto, un numeroso grupo de intelectuales firmó recientemente una pública protesta:
    http://www.lanacion.com.ar/1429787-intelectuales-contra-la-historia-oficial
    Pero entre los firmantes del repudio al Instituto Revisionista, pertenecientes al campo de las ciencias humanas y sociales, se hallan numerosos beneficiarios de subsidios de la mencionada Agencia (que a su vez cobran sueldos como investigadores del CONICET a razón de $9.000 mensuales promedio o U$S 2.000 dólares), los que amén de callar la corrupción oportunamente denunciada en el fuero penal tampoco se manifestaron contra el ahora devaluado Ministro Lino Barañao de la misma forma que lo han hecho contra el responsable del Instituto cuestionado, Prof. Pacho O´Donnell.
    El viejo, disimulado e interesado mutismo de estos firmantes, los ha revelado como sumisos cómplices del pacto de silencio, y su reciente impugnación colectiva los exhibe como despechados por haber perdido la hegemonía prebendaria en la actual ventanilla del poder y también los muestra desesperados por frenar la deserción de su propia feligresía.
    Eduardo R. Saguier
    DNI 4.394.928
    CONICET-Investigador
    Email: saguiere@ssdnet.com.ar
    http://www.er-saguier.org
    Cel.: 1533573721

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