Publicado el: 13, may, 2011

Dos mujeres fueron golpeadas por un empleado de la Junta Provincial de Clasificación



13/05 – 10:15 - Esta mañana se produjo un incidente en el interior del edificio de la Junta de Clasificación, en Río Gallegos. Uno de los empleados, aplicó golpes de puños y patadas a dos maestras que se encontraban allí tratando de evitar la inscripción de suplentes para ocupar los cargos del personal en paro. El agresor fue identificado como José Silva.

Desde que las autoridades de Educación implementaron el Acuerdo 078/11, el personal directivo docente se instaló en la puerta de la Junta Provincial de Clasificacion (JPC) “para informar a los suplentes que vengan a inscribirse, de la ilegalidad de la medida que toma el gobierno y la precariedad laboral en que los colocan, con el solo propósito de romper el paro”, sostuvo uno de los directivos que sostenía un ejemplar del acta firmada el día 11 de este mes bajo el título “Designar suplentes a los docentes de paro, no es la solución”.

Esta mañana, en oportunidad en que se abrieron las puertas de la Junta Clasificadora esperando que algunos suplentes llegaran para interiorizarse de las condiciones de inscripción y a pesar del fuerte operativo de seguridad policial destacado en el edificio, uno de los empleados de la JPC, de nombre José Silva, atacó con golpes de puños y patadas a dos maestras que estaban en la puerta, luego de una discusión entre ambos que terminó con esta agresión física.

Mi colega recibió golpes en la cabeza, trompadas y patadas”, describió Mariela, una de las docentes que vio lo ocurrido. Por su parte Mariana Benavides, Secretaria General de la filial Río Gallegos de la ADOSAC, le confirmó a OPI que las mujeres agredidas son Miriam Vidart del Colegio Ladvocat y Sandra González de 28 de Noviembre y puntualmente señaló que el agresor, José Silva, es un docente que se encuentra sumariado y realiza tareas en el área de Ofrecimiento de Cargos del JPC.

Aquí está lleno de policías y sin embargo, aún así, nuestras compañeras fueron atacadas con golpes de puño y patadas por esta persona, que ahora va a ser denunciada ante la policía y el INADI”, remarcó la dirigente.

OPI pudo establecer que las docentes se encuentran en la Comisaría 2nda de esta ciudad realizando la denuncia correspondiente y se observó también el ingreso de Silva, a la misma repartición, supuestamente para dejar allí expresada su argumentación sobre los sucedido.

Las docentes agredidas han señalado que posteriormente harán la denuncia ante el INADI por discriminación y exigirán que las autoridades de Educación tomen medidas administrativas con el agresor. (Agencia OPI Santa Cruz)

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Billetera mata justicia

El arreglo de las familias de las víctimas de Once con TBA, a través de acuerdos extrajudiciales, demuestra que en nuestra sociedad hay un gran parte de nosotros que lo que menos nos importa es la justicia. Mientras algunos son tentados por 300 mil pesos (o menos) para pagarle la vida de un hijo, madre, esposo o padre, otros se esfuerzan por meter presos a los responsables, cosa que el propio gobierno pretende evitar, claro está, porque muchos de los que tendrían que estar presos son funcionarios.

Si TBA está embargada por 1.000 millones de pesos, está en convocatoria de acreedores, no recibe más dinero de las concesiones y está negociando arreglos extrajudiciales por muchos millones, está claro que “alguien está poniendo la plata”. Ese alguien tiene que ser un sujeto con intereses compartido, que bien podría ser el gobierno nacional. La billetera mata no solo al galán, sino a la Justicia y es posible que nunca (como es común en este país) sepamos de quién fue la culpa del crimen de 51 personas.

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