Publicado el: 30, May, 2011

La revancha de Emerenciano: ¿Quién es delincuente, Hebe?



30/05 – 12:30 – El mito de Madres de Plaza de Mayo volcadas a la construcción de viviendas un día iba a terminar. La organización no gubernamental devenida en desarrollador inmobiliario hace honor a todas las sospechas que acumula el kirchnerismo. Y vaya si no se habrán cometido injusticias en el trayecto hasta el inevitable escándalo…

(Urgente24). En el inicio del asunto, Sergio Schoklender fustigó al piquetero Raúl Castells y a la prensa, con ciertos sucesos en Chaco, que incluyeron, dicen, disparos de armas de fuego.

Este circo está armado por Castells, Clarín y Canal 26“, dijo el apoderado de la organización comandada por Hebe de Bonafini.

El representante de la Fundación de las Madres de Plaza de Mayo indicó que “no existieron tiros” y que “hace meses que no estoy en Chaco”.

Emerenciano Sena, líder del Movimiento Social 17 de Junio, le había dicho a la agencia Noticias Argentinas que un grupo de 50 personas identificado con la Fundación de las Madres desalojó violentamente a balazos a las familias que habían ocupado las primeras casas construidas.

“El compromiso público fue de realizar 500 casas. Pero la obra se fue parando y en 14 meses llegaron a hacerse apenas 20 porque no llegaban los materiales”, dijo el líder piquetero chaqueño.

En ese sentido, Sena contó que realizaron una denuncia ante el Fondo Nacional de la Vivienda para lograr la recategorización de los trabajadores de la obra.

Al parecer, esta denuncia fue la que motivó el enojo por parte de la Fundación de las Madres de Plaza de Mayo y el inicio de las causas judiciales.

“Quedó a la vista que entre el Ministerio de Obras Públicas de la provincia y la Fundación desviaron los materiales de las viviendas y terminaron haciendo hospitales para la provincia.
Mientras, venían a la obra y firmaban los papeles para cobrar el dinero de las certificaciones”, explicó el líder piquetero.

Sena siempre sostuvo que Schoklender tenía un control autoritario de los trabajos y que los obreros estaban en negro, aunque Madres de Plaza de Mayo afirmó que la ruptura llegó por la resistencia de Sena a que las obras fueran auditadas.

Schoklender dijo que “las organizaciones sociales administran los planes y nosotros solamente capacitamos a los trabajadores”.

A su vez, denunció que ellos “no usaban la ropa que les mandábamos, sino la de ellos con el logo de su movimiento”.

“Castells aprovecha cualquier cosa para subirse y estar en medio de un conflicto”, señaló.

Schoklender también retrucó que Sena “les sacaba parte de los sueldos” a los trabajadores para financiarse.

Luego, obreros que habían trabajado con Sena, respaldados por la Fundación Madres de Plaza de Mayo, presentaron una denuncia contra el dirigente social (asociación ilícita y reducción a servidumbre) ante el juez federal Eduardo Valiente, pero la investigación del fiscal Gustavo Corregido concluyó que no hubo “vulneración a la libertad de autodeterminación de las supuestas víctimas en el grado de afectación que exige el tipo”.

Detrás de la denuncia contra Emerenciano Sena estuvo Sergio Schoklender, en su calidad de apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

La denuncia inicialmente se presentó en la Fiscalía de Investigación Nº 9 de Resistencia, tras el despido de varias personas que construían las viviendas del barrio Emerenciano, pero el fiscal actuante se declaró incompetente en el delito de Trata de Personas y él remitió la causa al Juzgado Federal, que a su vez puso en conocimiento al fiscal Federal para que se expidiera sobre la cuestión de la competencia.

La primera vez que el fiscal federal Corregido dictaminó que no hubo delito, Schoklender aseguró que lo denunciaría ante el Consejo de la Magistratura.

No fue fácil para Corregido no satisfacer los deseos de Schoklender.

Madres de Plaza de Mayo es un ícono del Frente para la Victoria y cualquier funcionario público conoce el costo de ir contra Madres de Plaza de Mayo, no importa el reclamo.

El proyecto Sueños Compartidos en Chaco es el producto de un convenio celebrado entre la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación (Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, o sea el polémico José López) y el IPDUV (Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda) chaqueño.

El marco del convenio es el Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas, con fondos del Estado Nacional.

Corregido realizó una minuciosa instrucción y concluyó que no hubo “hallazgo de elementos objetivos que permitan subsumir las conductas denunciadas en el tipo penal de trata de personas”, ya que no hubo “vulneración a la libertad de autodeterminación de las supuestas víctimas en el grado de afectación que exige el tipo”.

Entonces, él le solicitó al juez que se declarase “parcialmente incompetente”, al menos en lo relativo a la denuncia de trata de personas.

Y que si se violaron otras normas del Código Penal, debería ocuparse la Justicia ordinaria. (U-24/OPI Santa Cruz)

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