Acaban de recusar a los miembros del Superior Tribunal de Justicia de Santa Cruz

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    06/06 – 10:30 – Dos abogados especialistas en Recursos Extraordinarios, presentaron a primera hora de hoy lunes 6 de junio, ante el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Santa Cruz, una recusación contra todos los miembros de ese Cuerpo. Los Dres Enrique Müller y Claudio Nievas explicaron a OPI los alcances de esta acción, entendiendo que el máximo Tribunal no puede actuar como órgano de Casación. Además, se expresaron sobre diversas falencias estructurales de la justicia en esta provincia.

    En el marco de la presentación de un Recurso Extraordinario en una causa donde se había condenado a un ciudadano de esta ciudad a 15 años de prisión, los doctores Enrique Müller y Claudio Nievas, presentaron en forma conjunta al Recurso Extraordinario Federal la reacusación de todos los miembros del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Santa Cruz, por entender, entre otras razones, que los jueces que actuaron como órgano de casación en este expediente objeto del recurso, no pueden participar de esta instancia debido a que ya vertieron su opinión confirmando la sentencia de la Cámara Criminal Oral que condenó en la presente causa.

    Asimismo y de acuerdo a la presentación realizada, los letrados en sus fundamentos exponen la problemática en la provincia de que el máximo tribunal actúe como órgano de Casación, “no porque tengamos algún problema con la institución casatoria – explicó el Dr Müller a OPI – sino todo lo contrario, debería hacerse a través de una Cámara de Casación Penal y de esa manera dejar al Superior Tribunal de Justicia de la Provincia para el control de inconstitucionalidad al admitir o rechazar los Recursos Extraordinarios federales y en su caso, si se crearan Recursos Extraordinarios Provinciales que ya existen en otras provincias” .

    Del mismo escrito surge la inconstitucionalidad de la ley 1 modificada por ley 1600 art. 26, al establecer el orden de las personas que deberían resolver, en caso de aceptarse la recusación, por tratarse en el caso de las Cámaras penales y civiles que ya entendieron en la misma, como así también jueces de primera instancia, para el caso de los secretarios judiciales, que no tienen rango de magistrados y que también, al tener la obligación de colaboración general, intervienen de una u otra forma en las distintas resoluciones de los jueces, explicaron los abogados en el texto..

    “Del Recurso Extraordinario Federal también se desprenden las deficiencias de nuestra ley de procedimiento penal (ley Nº 2424) a la hora de la aplicación concreta de la misma – prosiguió señalando Müller – convirtiéndose en un sistema Inquisitivo con escasa posibilidad de defensa del imputado generando un alto grado de incertidumbre acerca de uno de los bienes más preciados del ser humano, que es su libertad”, indicó al tiempo que tanto el Dr Vievas como Müller sintetizaron la materialización de estos conceptos en las siguientes características que observaron de la estructura judicial de Santa Cruz

    En primer lugar “se quiebra la igualdad de condiciones; por un lado actúan Juez y Fiscal y la otra parte lo hace el imputado solo a través de la defensa. Juez acusa, Fiscal no interviene mas que para firmar, quebrando el esquema de acción pública en manos del fiscal, el defensor actúa en inferioridad de condiciones frente al embate estatal, se quebranta el principio dispositivo de la acción. El imputado pasa a ser objeto de persecución y no sujeto de la misma, lo cual lo estigmatiza desde el inicio de una investigación, puesto que ya se lo tiene por culpable, previo a un juicio justo, tal como lo indica el artículo 18 de la Constitución Nacional” resaltó Nievas.

    “En segundo término – agregó Müller – a través del sistema inquisitivo se favorece el ocultamiento de la prueba que se elabora de espaldas a las partes, especialmente a la defensa y dá lugar a la Teoría del fruto del árbol envenenado; una vez contaminado el proceso con obtención de prueba de forma ilegítima, todos los actos posteriores sufren la misma enfermedad y así una vez examinado constitucionalmente cae el proceso, sea culpable o no el imputado, los derechos deben garantizarse adecuadamente”.

    Como tercera observación establecieron que no existe doble instancia, “se ha dado el rango de tal a un juez de recurso unipersonal, que debería ser un tribunal colegiado para que examine los actos que merecen llegar a la 2da. Instancia. Esto es importante porque la existencia de cámaras de apelación y/o de casación harían cumplir acabadamente los fines del proceso penal en orden a establecer la correcta función del Tribunal Superior y que se encuentra consagrada en la Constitución Provincial en los arts. 131 y siguientes como competencia originaria” remarcaron los letrados a esta Agencia.

    Finalmente Müller consignó que “no se han creado los juzgados de ejecución penal, dejando en manos de quien condenó, la tarea de controlar la ejecución de la sentencia y por lo tanto debe resolver los distintos planteos de los condenados en orden a la correcta aplicación de la ley 24.660 o ley penitenciaria federal”. Al respecto añadió “La creación de tales Juzgados importaría una mayor imparcialidad ante las cuestiones que suscitan los cumplimientos de penas privativas de la libertad, situaciones especiales que se sufren en los lugares de detención; se podría controlar que los organismos del estado propendan a la resocialización del individuo en conflicto con la ley penal.

    También agregaron que atento a que no se trata solo de este caso sino que es una práctica implementada en la provincia, sería importante que los temas planteados fueran discutidos por los distintos sectores de la comunidad y de esa manera decidir si es necesario modificar o no el sistema penal impuesto, “adelantándose de esa manera a fallos modificatorios posibles del máximo tribunal de la nación (CSJN) solicitando la adecuación del sistema cuestionado a los nuevos paradigmas de un proceso penal moderno” acotó el Dr Nievas, “en definitiva se garantizaría al ciudadano que en un conflicto con la ley penal pueda actuar en paridad de condiciones, o principio de igualdad de partes con un tercero imparcial (juez) dejando de lado la vetusta figura del Juez de Instrucción, prácticamente desaparecida de todos los ordenamientos procesales provinciales” opinó el Dr Enrique Müller quien finalmente sostuvo “Es el Fiscal, como titular de la acción pública, quien debe llevar adelante una investigación penal, y debe existir un Juez de garantías que controle la legalidad de los procedimientos, acceda a los pedidos de las partes y en definitiva resuelva en forma imparcial”, concluyó.

    La Recusación

    El largo escrito presentado por los abogados, ante las autoridades del Tribunal expresa en una parte de sus fundamentos:

    “…efectivamente los Dres. Clara Zalazar, Daniel Mauricio Mariani, Enrique Osvaldo Peretti y Alicia de los Ángeles Mercau, en su carácter de vocales de ese Tribunal Superior han intervenido en la segunda instancia de este proceso en carácter de Tribunal Alzado y Tribunal de Casación, efectuando el examen de la causa en particular y el posterior examen de constitucionalidad, tal como lo indica la norma del artículo 23 del Código Procesal Penal”.

    “Tal intervención inhibe a los sentenciantes de volver sobre el examen que, por lógica consecuencia ya está efectuado, y que enerva la posibilidad a esta defensa de un tratamiento total y absolutamente imparcial, toda vez que sobre lo que tiene que decidir es sobre la admisión y en su caso elevación de la causa al máximo tribunal de la república, o bien su negativa, habilitando en su caso la vía directa o recurso en queja.”

    “Efectivamente, y habida cuenta de que no se ha creado por ley una segunda instancia, obrando la Cámara Oral en lo Criminal como Tribunal de instancia única, y siendo que debe suplir tal falencia ese Alto Cuerpo erigido en una doble responsabilidad, y habiendo ya emitido su opinión en orden a la salvaguarda del proceso, considero oportuno recusar a los integrantes que han emitido voto por escrito sobre la misma cuestión que ahora se introduce, por lo que deberá designarse jueces subrogantes a los fines de resolver sobre el recurso extraordinario planteado por mi parte, a los fines de hacer plenamente operativa la garantía de imparcialidad que consagra nuestro ordenamiento constitucional (y continúa…).” (Agencia OPI Santa Cruz)

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