Servini de Cubría sobreseyó al Intendente Gleadell por el apriete a la diputada Álvarez

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    22/06 – 09:00 – Luego que en el mes de noviembre de 2010 se produjera un entredicho entre la diputada nacional (UCR) Elsa Álvarez y Nelson Gleadell, por la aprobación de la ley de Presupuesto Nacional, se conoció la resolución de la Jueza Servini de Cubria donde se considera la inexistencia de un delito por parte del Intendente de San Julián, el llamado por el cual le habría indicado a la legisladora que si votaba en contra del Presupuesto, perjudicaría a su localidad.

    En noviembre de 2010 se vivió un acontecimiento muy significativo en el Congreso de la Nación, cuando se votaba la Ley de Presupuesto Nacional. En ese momento desde el oficialismo comenzaron a realizarse llamadas a los diputados para pedirles (o exigirles) el voto afirmativo y se argumentaron distintos motivos.

    En el caso de la diputada nacional Elsa Alvarez (UCR) fue OPI, precisamente, quien dio la primicia de que la legisladora había recibido tres llamados donde se le indicaba “qué hacer” y en todos los casos por mandato del ministro de Planificación Julio de Vido.

    Luego de ello la propia diputada salió a reconocer que habían sido tres las llamadas y desde esta Agencia se aclaró que las mismas pertenecían a Nelson Gleadell (Intendente de San Julián), Granero (titular del Sedronar) y el mismísimo Julio De Vido. Todos tenían con Álvarez, como punto en común, ser de San Julián y guardaban el mismo propósito.

    Allí expresamos que Gleadell le había dicho a la diputada Radical, por medio de una llamada telefónica y en medio de la sesión, que si no se aprobaba el Presupuesto, corrían peligro las inversiones en San Julián, de alguna manera presionando para lograr el apoyo político al discutido presupuesto confeccionado por el gobierno atendiendo a cuestiones de orden estrictamente políticas. La diputada había dicho que en ese momento se sintió “perturbada”, luego que a la llamada de Gleadell le siguió las de Granero y el Ministro De Vido.

    A partir de esto se generó una denuncia que se plasmó en una causa caratulada “N.N. s/encubrimiento y otros; Dte: Monner Sans Ricardo”, que se instruyó en el Juzgado de la Dra Romilda Servini de Cubría.

    Por el contrario, si bien por el contexto en que tuvo lugar, la expresión que habría tenido por protagonista a Nelson Gleadell –‘Guarda… que pueden caerse varias obras para Puerto San Julián’ – podría en última instancia ser entendida como el anuncio de un mal consistente en la quita de apoyo económico o político para la realización de obras públicas que interesan personalmente a la diputada, en los hechos tal insinuación no coartó en grado alguno su libertad psíquica”, resalta el parte de prensa de Puerto San Julián sobre lo expresado en el fallo.

    Tampoco resultan acontecimientos delictivos en los registros de llamadas entrantes y salientes de los teléfonos de la diputada Álvarez, la hipótesis delictiva fue descartada respecto a los hechos vivenciados por la diputada Elsa Álvarez, puesto que ella misma manifestó en su declaración escrita ‘no hubo en los llamados ofrecimientos de ningún tipo’; sin embargo fue su intención encuadrar los eventos denunciados en el delito de amenazas coactivas, previstos en el artículo 149 bis, segundo párrafo, del Código Penal”.

    Tal es la irrelevancia jurídico-penal de los acontecimientos narrados que -según la diputada- parecía que los sucesivos e insistentes llamados habrían tenido por fin convencerla de que vote a favor el Presupuesto presentado, lo cual no implica que esa conducta resulte delictiva”, señala la argumentación de la Dra Servini de Cubria.

    En opinión del Intendente de San Julián, todo fue un intento de ensuciar su imagen pública, por parte de la diputada Álvarez, sin embargo, más allá del fallo judicial y la ofensiva mediática que pueda tener Gleadell en contra de la legisladora, la comunicación existió y la misma lograba como fin convencer a su coterránea de que diera su voto favorable para la ley de presupuesto, transfiriéndole a la diputada la responsabilidad por la desinversión que podría ocasionarse en su pueblo, si acaso fracasaba el objetivo del gobierno nacional. (Agencia OPI Santa Cruz)

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