Del Impuesto a los sellos de Eugenio Quiroga, al canon digital de Pichetto

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    30/06 – 16:00 – La necesidad de hacer caja que tiene el Estado, suele llevar a los promotores de ciertos proyectos insostenibles en su fundamentación, por los caminos del ridículo y la exposición gratuita a las críticas más descarnadas de los que piensan con libertad. Lo más increíble de todo, no es la creación de la carga impositiva en sí, sino los argumentos en los que se apoyan estas verdaderas construcciones de las que se vale el engaño recaudatorio al que nos somete el Estado, como sociedad que no habla, no pregunta, paga y no se rebela nunca. (Por Ruben Lasagno)

    Los que tienen algunos años recuerdan que desde Alfonsín para acá hubo varios gobiernos (incluyendo el Radical) que generaron impuestos al consumo de los combustibles, con el argumento de “mejorar el sueldo de los jubilados”. La carga impositiva llegaba para quedarse y los jubilados jamás recibieron proporcionalmente la carga constributiva que se distribuída entre todos los ciudadanos que imbécilmente consentíamos el argumento falso, para aceptar mansamente que nos metieran la mano al bolsillo, sin decir nada (típico del argentino, que después, cuando ya es un hecho consumado, se queja).

    Esta costumbre cíclica de la clase dirigente que se monta en la hipocresía de los argumentos para esquilmar al laburante, se repite con exactitud planetaria en cualquier lugar de la administración pública donde haya una necesidad extra de manotear una moneda, la cual aparece a los ojos como poco sginificante, porque se reparte proporcionalmente en un gran universo de contribuyentes, pero que afecta indefectiblemente a quienes menos tienen, que son lo quienes más sufren estos dislates de legisladores o Ministros del iluminismo argento.

    En esta suerte de posmodernismo tributario, donde en general se le miente al contribuyente sobre los verdaderos objetivos del ajuste impositivo, se lo convence a través de argumentos de invariable altruismo (aumento al sector pasivo, fondos para desocupados o asignación universal por hijo, etc) y se aplican indiscriminadamente reajustes a reajustes que ya existían o se elevan topes que ya eran onerosos para el bolsillo medio, el Estado suele encontrar en este mecanismo una invalorable fuente de dineros de indefinido y discutible destino final, que permanecerá fuera de la vista del hombre común y al amparo de cualquier rendición posible.

    Caso 1

    El titular del bloque del FPV, el senador Miguel Ángel Pichetto, presentó para su aprobación (hecho que luego quedó postergado por la sensatez de algunos) un proyecto para aplicar un nuevo invento: “el canon digital”. La ecuación del ilustrado legislador fue tan simple como errónea: “si estamos en la era digital, donde el furor por la tecnología de última generación está en el cenit de las preferencias ciudadanas y si a esto le sumamos el espíritu consumista del argentino medio ¿Qué mejor que aplicar unos puntitos que van del 1 al 75% sobre le precio de cualquier dispositivo tecnológico que incluyan memoria, como tarjetas, DVD, pen drive, discos rígidos, reproductores de Blue Ray y teléfonos celulares, entre otros?.

    El argumento fue “compensar lo que los autores y compositores pierden por la piratería informática” (¿?). En esta mezcla de ideas delirantes, donde tanto su impulsor del PJ como Gerardo Morales del Radicalismo que apoyó el proyecto o el socialista Rubén Giustiniani y la justicialista Adriana Bortolozzi y Teresita Quintela, (importante conocerlos para saber a quien no votar) que se vieron atrapados por la brillante iniciativa del rionegrino, nadie se detuvo a pensar en las consecuencias nefastas que tendría para los profesionales y las empresas que trabajan con esta tecnología y que lejos están en hacer del plagio su medio de vida.

    Incoherente en sus fundamentos, la efectividad que propone el proyecto a tal propósito, es como matar una mosca con un lanzallamas. Se afecta a toda una economía y a un comercio legítimo y floreciente en pos de “compensarlas pérdidas por aquellos que realizan copias ilegales de material de uso privado. Ahora bien, lo estúpido del razonamiento de estos legisladores, es que finalmente no solo les hacen pagar a la sociedad la deslealtad de unos pocos, sino que aceptan que son incapaces de encontrar a los ilegales y finalmente no los pueden combatir, con lo cual, el problema (que son quienes hacen las copias ilegales) no se resuelve; y este es el punto.

    Caso 2

    En Santa Cruz, el diputado provincial Eugenio Quiroga (Caleta Olivia), junto al titular de Rentas inventó un impuesto a los sellos en la transferencia de los automotores, monto que oscila entre el 1 y 3%, si el vehículo no es comprado dentro de las fronteras de la provincia. La excusa es que con esto se pretende combatir la “venta en negro” de automóviles que hace la comunidad gitana (¿?).

    Cuando abordamos este controvertido tema, que la Cámara de Diputados (como corresponde) dejó en firme, dijimos que lo más lógico era que se invirtiera la carga de la pena y se actuara con los organismos de control y aplicando penalidades monetarias a quienes no cumplan con los requisitos exigidos para vender unidades nuevas o usadas en esta ciudad o en Santa Cruz, en vez de aplastarnos a todos nosotros con un impuesto más.

    La ley vigente (propuesta a instancias del diputado caletense) no combate absolutamente nada y admite que el Estado es inepto para regular el comercio en negro y además, permite que la misma dinámica de venta en negro siga existiendo, con lo cual nos hace poner el ojo en la existencia de algunos intereses corporativos, expresamos en aquella oportunidad y lo seguimos sosteniendo hoy.

    Casos similares para situaciones distintas pero con objetivos comunes: recaudar. Un hallazgo de tanta ignorancia contenida, que nos hace pensar que no todo es equivocación o resultado de la irreflexión de los legialdores, sino más bien, de una finalidad aviesamente disimulada de hacer caja, detrás de argumentos falaces a costa del ciudadano que parece no molestarle que le roben y se rían de su insufrible candidez. (R. Lasagno/OPI Santa Cruz)

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