05/01 – 16:00 – Bajo el argumento de que “toda actividad humana contamina” la Legislatura de Río Negro, con mayoría oficialista, aprobó una ley que anula a la que prohibía el uso de cianuro en la actividad minera. De esta forma, la provincia logró (pocos días antes de la muerte de Soria) liberarse de las ataduras legales que le impedían a sus autoridades políticas cumplir con el mandato de CFK, que es allanarle el camino a las mineras para que exploten las riquezas minerales. El mismo proceso de vive en Chubut, donde la resistencia ciudadana es mayor y produce mayor preocupación política.
Una semana antes que Carlos Soria resultara muerto y apenas iniciado su gobierno, la Legislatura de Río Negro, donde el oficialismo es mayoría, aprobó un proyecto de Ley para anular la condición de “provincia libre de cianuro”, estatus que hasta el momento tenía Río Negro, como aún lo tiene Chubut, a pesar de que a esta última provincia patagónica le queda poca vigencia de la norma, ya que el gobernador Martín Buzzi, su gabinete, los intendentes y operadores de las empresas mineras que encuentran abocados a realizar una campaña de “concientización”, que es más bien de “convencimiento”, sobre la población, de la necesidad de permitir la minería como forma de sustituir la economía agrícolo-ganadera, que se ve afectada por las cenizas del volcán chileno.
En el caso de Río Negro, los diputados, en contramano de las principales legislaturas del mundo, que optan por exigir la sustitución del cianuro en el proceso de explotación del oro, aprobaron la modificación del status provincial y permitieron que a partir de ahora, las empresas mineras internacionales exploten las riquezas del subsuelo, dejando de lado el resguardo de la salud de la población actual y futura.
Esta noticia toma mayor relevancia, por cuanto a nuestra Redacción llegó un correo electrónico, que posteriormente se pudo corroborar a quién pertenecía y tomar contacto con su emisor, quien, pidiendo la correspondiente reserva por el alto cargo que ocupa en un organismo provincial (en Río Negro) indicó que existe semiplena prueba que desde sectores del gobierno del trágicamente fallecido Carlos Soria, se habría hecho lobby a favor de las multinacionales, para lograr que se aprobara la ley que permite el ingreso de la megaminería en Río Negro, sin otros límites que los expresados en la Ley Minera, la cual (como ya sabemos) contiene todos los elementos favorables para que las mineras puedan desarrollar tranquilamente su tarea de cateo, exploración y explotación, en un ámbito como el de nuestro país, que las propias empresas consideran “amigable”. Esta información – señaló la fuente – se conocía durante la campaña de Soria y Alberto Weretilneck (actual gobernador) e inclusive se apunta que el mandatario fallecido había adoptado “un fuerte compromiso” con el gobierno nacional y con empresarios mineros de primera línea, de que si ganaba, su gobierno derogaría este escollo que significaba la ley anti-cianuro.
La legisladora rionegrina por la Concertación para el Desarrollo, Cristina Uría, rechazó la derogación de la ley que prohibía el cianuro y en medios de la provincia remarcó en varias oportunidades que nadie puede desconocer el impacto altamente nocivo que tiene la utilización del cianuro en el medio ambiente y la vida humana.
Recordando que el cianuro es una sustancia química altamente tóxica, puede impactar negativamente en la salud humana, el ambiente y la diversidad biológica
“No puedo entender cómo el oficialismo pretende argumentar que “toda actividad humana contamina”, señaló la legisladora quien agregó “Acá estamos hablando de mucho más que de la propia actividad diaria de los ciudadanos; aquí estamos hablando del uso de una sustancia altamente contaminante, que pondrá seriamente en riesgo la salud de miles de rionegrinos, sin contar la degradación propia del ambiente que se producirá”.
“Mientras los países del Europa avanzan hacia la eliminación del uso de este tipo de sustancias en las actividades extractivas, nosotros que teníamos una legislación de avanzada en la materia hemos retrocedido largamente. Va a ser muy difícil que el Gobierno le pueda explicar esto a la sociedad”, remarcó Uría y agregó: “En pequeñas cantidades y exposición corta, el cianuro puede provocar la muerte. En períodos largos, puede generar largas enfermedades con efectos duraderos”, añadió.
Por último la diputada consideró que “la minería que utiliza cianuro crea poco empleo y solo por un periodo de entre ocho y dieciséis años, pero puede provocar enormes daños ecológicos transfronterizos que, por lo general, no son compensados por las empresas explotadoras responsables, que suelen desaparecer o ir a la quiebra, sino por el Estado afectado, es decir, por los contribuyentes”. (Agencia OPI Santa Cruz)
