25/04 – 10:45 – No hay un solo sector del Estado que pueda pelear en soledad, para conseguir el bienestar que necesita la sociedad en materia de seguridad. Dotar a una ciudad de seguridad equivale a pensar en función del bien común y desde todos los sectores que tienen competencias para hacerlo, aplicar o ejecutar políticas y funciones al respecto. Mientras haya leyes y no se apliquen o se apliquen mal; exista anomia en determinados temas; los legisladores no se ocupen de actualizar y modernizar los códigos y los jueces cuiden más a los criminales que al hombre común, nuestra sociedad cada vez se aleja más del paradigma de la justicia y la seguridad, como un concepto integral. (Por: Rubén Lasagno – Nota II)
La inseguridad se analiza desde distintos enfoques, todos valorables, absolutamente lógicos, pero ninguno totalmente concluyente. Es una unidad multicausal, por lo tanto, la solución no se debe focalizar en una parte del cuerpo enfermo, sino en la sincronización de todas las medicinas a aplicar, para levantar al paciente. En este aspecto todos los gobiernos, sin excepción, curan con aspirinas a un enfermo terminal. Nadie parte de un diagnóstico preciso, porque no existen trabajos previos, cifras, certezas ni curvas de la evolución del delito, crecimiento poblacional y progresión de esos delitos. Pero el tema no se termina allí; la seguridad no solo lo hace la policía en las calles (esto solo es un brazo ejecutivo del programa), fundamentalmente la construyen y la sostienen: los gobiernos con políticas de Estado en Educación, salud y asistencia social, las legislaturas (en el caso de las provincias), el Congreso (en cuanto a leyes nacionales) y la justicia.
Si bien es cierto que los gobiernos carecen de proyectos integrales en materia de seguridad y me animaría a decir de funcionarios aptos para generar políticas de Estado, no se puede soslayar la responsabilidad fundamental que les cabe a los legisladores que no modifican ni actualizan leyes y códigos, no proveen herramientas legales y eficientes a los jueces y se apegan a normativas laxas que permiten dar una interpretación tan amplia a quienes deben impartir justicia, que terminan favoreciendo más al delincuente que al ciudadano común.
Los jueces, por su parte, cometen atrocidades inentendibles desde el punto de vista del razonamiento común. No se puede comprender cómo en cada asalto, crimen u homicidio se apresan a delincuentes “con frondosos prontuarios”. La sana crítica y el pensamiento lógico indican que una persona que acarrea un “frondoso prontuario”, no debiera estar circulando entre nosotros con total impunidad, más aún porque en la mayoría de los casos está libre por tecnicismos judiciales o por errores en los procedimientos, en la Instrucción o porque las leyes aprobadas en diputados, animados por cuidar tanto los derechos humanos del delincuente, dejan desprotegidas a las potenciales víctimas y para ilustrar esta idea recordemos la figura del “avenimiento”, por el cual un magistrado devolvió a la sociedad pampeana a un asesino cuya primera tarea, luego de ser liberado, fue (como ya lo había intentado antes) matar a su mujer.
En otros casos, como en el de la “hiena” Barrios, por ejemplo, no se puede entender que luego de haber matado a dos personas con un auto, el juez lo deje libre mediante una fianza, tratando de evitar la fuga y no le retenga el carnet de conducir. Es decir, que a la justicia le importan más las cuestiones que hacen a la seguridad del procedimiento (que pague, no se profugue, no salga del país, responda a las citaciones en tiempo y forma etc) que la seguridad de todos nosotros, porque pone a un criminal, una vez más al volante de un auto en las calles de la ciudad, sin ningún tipo de restricción. Incomprensible por donde se lo mire y si, como dicen los defensores de lo indefendible, “la ley lo permite”, recordemos que es aquí, donde la responsabilidad legislativa está presente y por lo cual diputados y senadores debieran trabajar menos para ser complacientes con la presidenta y representar a la gente que los eligió, modificando códigos y leyes en este aspecto.
En nuestra ciudad, no podemos dejar de recordar el inhumano comportamiento de Daniel Varizat, que pasó por encima a 24 personas, dejando lesionados por el resto de su vida y la justicia, además de liberarlo de culpa y cargo, nunca lo inhabilitó para manejar, siendo que en ese momento el ex funcionario provincial utilizó su auto como un arma.
Entonces, cuando hablamos de seguridad, no podemos recaer solo en la acción policial o en la eficiencia o ineficiencia de un efectivo que es el último eslabón en una cadena de responsabilidad mayor. De hecho, muchos policías confiesan en off que hay hechos ante los cuales no actúan, por ejemplo, pelea callejeras de menores, porque en poco tiempo los jóvenes vuelven a estar en las calles y los policías pasan a ser blanco de sus amenazas.
Retomando la idea inicial, la seguridad no es un problema puntual sino multicausal, por lo tanto necesita soluciones integrales. Ahora bien, es necesario que el sector político (gobierno) la policía, los legisladores y los jueces y fiscales busquen una solución conjunta. No se puede cargar toda la responsabilidad en un sector y que los esfuerzos no sean compartidos porque se dilapidan recursos. Las cuestiones sociales que inciden en el aumento de la criminalidad siempre existieron, van a seguir existiendo y es obligación del gobierno adecuar las políticas para prevenir y dejar de correr detrás de los hechos consumados.
Los Jueces y Fiscales tienen en sus manos la herramienta fundamental para hacer funcionar este complejo engranaje: la justicia; se debe aplicar, además de cómo indican los códigos, con criterio y preservación del primer objeto para el cual fue creada: el bienestar de la sociedad. Los legisladores tienen la obligación de promover actualizaciones en códigos y leyes y crear normas modernas, para darles a los magistrados, las herramientas adecuadas para impartir justicia. Los gobiernos implementar políticas sociales que mitiguen la marginalidad, generen más educación y trabajo; paralelamente, diseñar políticas de seguridad acordes a los tiempos. La policía profesionalizarse y autodepurarse. Todos en conjunto y sin que necesariamente signifique perder independencia, deben servir a la sociedad que los sostiene.
La seguridad de las personas honradas y del ciudadano común que trabaja para contribuir con los sueldos de todos los que intervienen en esta enorme maquinaria del Estado, no puede estar por debajo del derecho de quienes atentan contra la sociedad misma. Cuando se pone en la calle a un re-reincidente de crímenes graves o se permite que una persona que mató a otra con su automóvil, siga manejando, al otro día, como si nada hubiera pasado, estamos siendo incoherentes en el discurso y en los hechos. Y si bien es cierto que la injusticia en el mundo nunca desaparecerá, está en nuestras manos trabajar para minimizar su incidencia, o bien, dejar que ocurra lo evitable, pero resignarnos a que nadie más que nosotros mismos, tenemos la culpa de todo lo que nos pasa. (Agencia OPI Santa Cruz)
Con Paola Koop como Ministra estamos en el horno, fritos y rostizados en materia de seguridad jajajaja no tienen verguencitaaa
Excelente opinion
Lo cierto es que tanto a el como a ell,m nunca le importó el tema, de lo contrario ella aunque sea una vez hubiera convocado a sus aplaudidores de siempre para tratar el asunto, soluciones hay, pero hay que hacer algo en conjunto, juntar a diputados, senadores, jueces, jefes de policías, técnicos especializados en criminalidad, sociólogos y recién ahí elaborar las leyes adecuadas y su ejecución. Pero bueno, es más importante inugurar una ampliación de una fábrica de gomas que esto.
Somos las empanadas caseras en La Cocina del Diablo, la actual pseudodemocracia nos da sólo la libertad de decidir cómo diablos salimos de ésta, así que elijan:
¿FRITOS O AL HORNO?
Si el estado no nos garantiza nuestra seguridad, este derecho natural vuelve al ciudadano. Hay que armarse para defenderse, preferible jugarse a morir ejecutado como un cordero. Los jueces cuando firman la libertad condicional a un criminal, está firmando la sentencia de muerte de cualquiera de nosotros y en último de los caso también la del criminal. Segun los jueces garantistas los criminales son victimas del sistema pero no dicen que nosotros somos victima de ésto, es un circulo vicioso que hay que romper.