Publicado el: 29, Sep, 2012

La Nación le quitó a la provincia, la propiedad de las represas Cóndor Cliff-La Barrancosa



29/09 – 09:00 – Así resulta de los dichos del Ministro de la Producción Rafael Gilmartin. El planteo lo hizo Julio de Vido, fuertemente enfrentado con el gobernador Peralta y se enmarca dentro de la pelea provincia-nación. A Santa Cruz le quedará una participación reducida y la obligación de expropiar las tierras. La modificación del estatus, le quita a la provincia, toda injerencia sobre la cosntrucción y usufructo posterior de la obra.La excusa oficial es que estas modificaciones son necesarias al cambiarse por tercera vez el proceso licitatorio.

Un giro inesperado, producto del enfrentamiento político que tienen el gobierno nacional con el de Santa Cruz, deja a la provincia prácticamente sin injerencias en el proyecto hidroeléctrico Condoro Cliff-La Barrancosa, al haberse modificado sustancialmente el acuerdo inicial, a instancias de la voluntad del gobierno nacional, quien a través de Julio de Vido se halla buscando inversores chinos para el consorcio que tendrá a su cargo la construcción de la megaobra.

El propio Ministro de la Producción Rafael Gilmartin, lo expresó en el programa “El espiral” de LU12, donde explicó que contrariamente al proceso anterior, donde la nación financiaba la obra, pero la titularidad de las represas, luego del repago, sería de la provincia; en el nuevo proceso las obras quedan bajo la órbita nacional.

El funcionario puso en claro una información que hasta el momento no había trascendido a la opinión pública y que constituye un serio revés para la economía regional, ya que Santa Cruz pondrá sus recursos naturales, la infraestructura, pero no obtendrá los beneficios pactados en el último acuerdo.

Nación y la empresa operativa que sea designada tendrán la potestad sobre las represas y Santa Cruz tendrá una injerencia porque la autoridad de cuenca es (del Gobierno) provincial, pero después de los 20 años, quedan en propiedad nacional”, ratificó Gilmartin en la radio.

De acuerdo a la versión oficial, la situación quedó conformada de esta manera, luego de haberse modificado el pliego licitatorio, lo cual involucró cambios en una serie de puntos, tanto técnicos como constructivos, de forma y fondo.

En este sentido LOA aclara, en la edición de hoy que en sesión extraordinaria, el 16 de diciembre de 2010, además de ratificar el proceso que se llevaba adelante en esa época por el cual el complejo quedaría bajo la tutela de la provincia, una vez culminado su repago, se aprobaban cuatro leyes que le daban marco al proceso licitatorio: El Convenio Marco de aprovechamiento hidroeléctrico del río Santa Cruz, además se sancionó una autorización al Poder Ejecutivo provincial a crear la sociedad comercial denominada “Hidroeléctrica Xaleshen SA”.

Ahora el Estado nacional va por la modificación del artículo 61 de la ley 1.451, por el cual se expresa que “la explotación de la energía hidráulica podrá ser objeto de una concesión a empresas privadas cuando las mismas estén conformadas mayoritariamente por capital accionario del Gobierno de la provincia de Santa Cruz, no pudiendo serlo a otras empresas privadas ni a particulares. El Poder Ejecutivo Provincial, cuando las circunstancias lo hagan aconsejable, podrá delegar en los municipios y comisiones de fomento la explotación de esta fuente de energía, o celebrar convenios con organismos nacionales”.

Si bien nadie lo dice y el propio Gilmartin evita reconocerlo públicamente, este profundo cambio se debe al enfrentamiento entre el gobierno nacional y el provincial, hecho del que hemos dado cuenta con suficiente antelación, cuando expresamos que desde la desviación política que puso en práctica Peralta en Santa Cruz, en relación con las pautas del kirchnerismo, existe una decisión tomada desde nación, para quitarle todo nivel de injerencia y beneficios a la provincia, impactando, una vez más, la pelea política interna del FPV en el futuro de Santa Cruz.

En varias oportunidades dijimos que se está armando toda una ingeniería financiera para que los fondos y recursos destinados a la construcción de las represas, sean administrados en su totalidad por el gobierno nacional, con un evidente desconocimiento del estado provincial. Solo en las tareas mínimas, la provincia tendrá injerencia aleatoria, no habrá ningún tipo de usufructo ni manejo de fondos por parte de Santa Cruz, ni la participación en convenios con la contratante. Solo quedará para la provincia la posibilidad de que se genere mano de obra, aún cuando existen serias sospechas de que el propio gobierno nacional elaboraría un plan con el consorcio constructor, a fin de que éstos aporten la mayor parte de la mano de obra especializada, que, obviamente, será foránea. (Agencia OPI Santa Cruz)

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