Publicado el: 12, Nov, 2012

Desde el oficialismo Diputados de La Cámpora y el propio Goberandor, defienden el acuerdo “logrado” con YPF



12/11 – 17:00 – Plagado de irregularidades, hasta jurídicas; expresamente contrario a los intereses futuros de Santa Cruz; irremediablemente hipotecario de los recursos naturales de la provincia, en este caso el petróleo y sin cumplir con la remediación del pasivo ambiental que ha dejado por décadas YPF, tanto el gobernador Peralta como los diputados de La Cámpora y detractores de su propia gestión, se unieron para decir que el contrato de renegociación, es lo mejor que le pudo ocurrir a la provincia. (Por: Rubén Lasagno)

La orden impartida por la presidenta de aprobar si o sí, el contrato de renegociación petrolera con YPF unió bajo un mismo techo al Ejecutivo provincial y a los diputados de La Cámpora, junto con aquellos legisladores que responden al gobernador Peralta.

Lo que parece extraño, no lo es tanto. Peralta está obligado a conceder en este sentido, porque depende de los dineros que aportará YPF para hacer girar la rueda financiera de la provincia, cruzada por un fuerte déficit anual, que lo tiene realmente preocupado y sin un horizonte claro sobre cómo va a reponer los recursos que gasta para hacer frente a sueldos (este mes que viene aguinaldos) y déficit de las Cajas (CSS y CPS). Esto hace que el gobierno provincial deba sumirse absolutamente a los designios de la presidenta y Julio de Vido, dando lugar a la famosa foto del abrazo del oso.

Peralta sabe que es un contrato horrible y que en épocas normales habría discutido con el propio gobierno nacional. Ni hablar de una renegociación parecida con una empresa privada, pero, aún en contra de sus propias palabras, debió entregar en un contrato absolutamente desventajoso, las riquezas hidrocarburíeferas de la provincia, porque de no haber firmado este contrato, su vida política e institucional, terminaba a corto plazo. Por ese motivo, Peralta, haciendo uso del contradiscurso, actuó con obediencia ante la nación y horas después disparó dardos dialécticos que cada vez son menos creíbles, en contra – inclusive – de la misma presidenta, como forma de marcar la cancha y decir: cedemos en YPF porque lo necesitamos, pero no estamos de acuerdo con CFK; pues este metamensaje, así expresado, nadie lo cree.

La bronca del mandatario tiene dos puntos clave. Uno, porque queda desprotegido ante la opinión pública y los gremios, ya que en su embestida de los últimos meses, juró y perjuró que estaba del lado de los intereses del pueblo. Obviamente, cualquiera que revise las cláusulas del contrato de renegociación que se firmó, verá que no es así. Esto le ocasiona pérdida de credibilidad y socava la construcción del doloroso espacio de poder que intenta preservar, a raíz del ataque permanente que recibe de todo el arco político oficialista, que no concuerda con sus políticas de gestión. Dos, Peralta no tuvo más alternativas que fingir alegría por la firma del acuerdo, porque de él depende, fundamentalmente que YPF, el último recurso que tiene la provincia para proveerse de algunos fondos frescos, le ayude a transitar de aquí hasta 2015 con algún grado de tranquilidad. Esto tenía un precio: avalar a favor del estado nacional un negocio donde Santa Cruz pone todo y los demás no ponen nada, excepto un dudoso goteo de fondos que – tal como actúa el kirchnerismo – nunca nadie sabrá si se cumplió o no, porque las cláusulas que se firmaron, en este aspecto, no son taxativas, se plantean a partir de decisiones futuras y dejan margen para cualquier maniobra de parte de la operadora.

Antivoceros y voceros

Es muy curioso lo que pasó después de la aprobación en Cámara de Diputados, del contrato de Renegociación con YPF. Si bien la mayoría de los legisladores no hablaron públicamente sobre lo que a todas luces es un mal acuerdo para Santa Cruz, el gobernador Peralta dio su punto de vista, desenrollando el ovillo del hilo argumental que arrolló hace unos meses atrás, cuando despotricaba en contra de YPF para justificar la reversión de las áreas. El diputado Rubén Contreras hizo declaraciones en varios medios y lo más gracioso de los dichos del legislador es que él entiende que como la negociación de las áreas no fue hecha con una empresa privada, todo vale; es decir, que como YPF hoy es del estado nacional, Santa Cruz no debe oponerse a entregar todo su patrimonio, sin discutir las condiciones, argumentando desde la falacia de que “YPF es de todos”, Santa Cruz tiene un 5% de participación accionaria, por lo tanto, cederle todo sin oponerse a nada, es una obligación más que una alternativa. ¿Hubiera pensado lo mismo, Contreras, si en el gobierno nacional estaría ubicado la UCR no el kirchnerismo?, claro que no.

El legislador caletense remarcó “hay que recordar que es una empresa del Estado y cuando se les sacó la concesión se encontró una empresa devastada, con producción en baja y una desinversión total”. Pero lo que no dice el diputado, es que el gobierno kirchnerista hace 11 años que está en el poder, fue el encargado de controlar a YPF, fue parte de la misma empresa y además, hasta el año 2010 tanto la presidenta como Julio De Vido, se llenaron la boca alabando el nivel de inversión y la performance de la entonces Repsol-YPF, petrolera a la que, unos meses después, la encontraron culpable de la existencia de cuanta plaga anda suelta. La pregunta, en este caso, es ¿Mentían antes del 2010 o mienten ahora?. A eso no responde Contreras y claro está, en la provincia tampoco nadie se lo pregunta.

El legislador, aliado a la Cámpora, revalorizó el acuerdo logrado sobre el pasivo ambiental, cuestión que está condenada a quedar en el “freezer” por muchos años más, porque de ninguna manera el gobierno nacional está dispuesto a disponer de sumas multimillonarias, para pagarle a Santa Cruz todo el daño que en este tiempo le ha causado YPF a la provincia y que el propio Peralta calculó en unos 3 mil millones de dólares. Según el razonamiento de Contreras, si la empresa hubiera sido privada, se le habría exigido el saneamiento y/o pago por el pasivo ambiental (aunque nunca ocurrió con Repsol), pero como es del Estado, no importa que Santa Cruz siga sumida en la contaminación, lo importante (para el diputado) es no hacerle perder plata el Estado nacional.

Está vivo aún el recuerdo de cuando, entusiasmado, el goberandor le quería vender a la gente la necesidad de que la reversión de las áreas y la expropiación de YPF era la panacea; desbordó en detalles de lo que constituía el pasivo ambiental en la provincia, lo definió como “verdadero desastre” y dijo que era “un desafió más” y que eso traería una “gran inversión”, un pago extra muy importante por parte de la petrolera y el desarrollo regional de muchas empresas de remediación, como así también la creación de miles de puestos de trabajo.

Todo esto, quedó reducido a 20 millones de dólares anuales que la nación se comprometió a abonar a Santa Cruz, hasta que se tenga terminado el inventario del pasivo ambiental de la provincia, que aproximadamente cuenta con 13 mil piletones mal saneados y unos 8000 pozos mal cerrados o abandonados.

Contreras de esto no habló nada. Se limitó a decir que “junto a otros diputados y gente de YPF hablaron de capacitar a chicos que se reciben en escuelas técnicas” (¿?), escapando al verdadero compromiso de explicar por qué antes sí se hablaba del pasivo ambiental como fuente de ingresos y ocupación y ahora no. La respuesta es obvia: YPF no pondrá ni un peso en remediar el histórico pasivo ambiental en la provincia y disfrazarán todo esto con tácticas distractivas como “cursos”, “capacitaciones” y grupos cuyos objetivos son tan difusos como las intenciones de YPF de dedicarle fondos y esfuerzos a remediar las áreas contaminadas.

Solo buenas ideas

La renegociación es tan trucha que el oficialismo, en realidad, no sabe cómo explicarle a la sociedad que esto es bueno para Santa Cruz, cuando resulta a todas luces un robo calificado. En este sentido, el Diputado Rubén Contreras tuvo una idea magistral: formar una “Comisión fiscalizadora”, encargada de realizar “el seguimiento a los puntos establecidos en el Acuerdo”, una especie de gatopardismo oficial para ponerle una máscara de legalidad y transparencia a un negocio contrario a los intereses de la provincia.

Como decía Perón “si querés que algo no funciones, creá una comisión y si querés que entre todos ellos se peleen, asignales un presupuesto”. La Comisión que propondrá el legislador estará integrada por dos diputados del oficialismo, uno en minoría y el lado cómico de la propuesta es que el Ministro de Economía de la provincia, sería uno de los factores claves para llevar adelante y delinear el trabajo de esta comisión.

Es decir, que de afianzarse esta nueva propuesta, el Ministro de Economía Ariel Ivovich estaría omnipresente en el proceso de acuerdo y cumplimiento del mismo con YPF. Fue quien negoció de parte de Santa Cruz con YPF, lo términos del Acuerdo. Fue quien siendo integrante del Directorio de YPF firmó por al empresa, avalando el acuerdo logrado con la provincia y ahora sería quien controlaría el cumplimiento del acuerdo con YPF, empresa de la cual forma parte del Directorio.

La realidad que incomoda

YPF resulta ser una empresa que tomó a su cargo el Estado, desfinanciada, sin pergaminos que mostrar para conseguir inversores y sin patrimonio. Es necesario “darle valor” y para ello debían cumplirse las expectativas que publicitaron desde un principio, hecho que aún no se dio y que la realidad muestra, está muy lejos de cumplirse.

Por empezar, el estado Nacional debe echar mano a la ANSES para obtener fondos que ayuden a la inversión que necesita YPF, dado que el CEO Miguel Galuccio no consigue que inversores externos acompañen a la petrolera estatal argentina. Es decir, los jubilados a quienes el gobierno les niega el 82% móvil, argumentando que no hay plata para sostenerlo, le prestan a YPF, dinero para que dilapiden sus malos administradores.

Como si esto fuera poco, el juez Thomas Griesa, que lleva adelante la causa por los Fondos de Inversión en el exterior o fondos buitres que la propia presidenta dijo que Argentina no pagará, realizó el proceso inhibitorio que impiden a las multinaciones invertir en una compañía, que como YPF, está en liltigio.

La información aparecida hoy en el diario La Nación, indica que la nueva petrolera del Estado se encuentra en grandes problemas porque los pueblos originarios de la Amazonia ecuatoriana, amparados por el presidente Rafael Correa embargaron a Chevrón y esta petrolera es, hasta ahora, la única empresa privada interesada en explotar Vaca Muerta, conjuntamente con YPF, quien necesita imperiosamente un socio para poder producir.

La nota alude al malhumor de Galuccio a quien le dieron una pésima noticia, ya que al fastidio que tiene por los balances de la empresa y la falta de un socio visible en el mundo, el único con quien podría haber comenzado a operar fue inhibido por el Juez Adrián Elcuj Miranda de Ecuador, con el bloqueo del 40% de los depósitos bancarios de las ventas que haga Chevrón, como parte del embargo de 19 mil millones de dólares que danzan en el juicio. (Agencia OPI Santa Cruz)

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