Publicado el: 7, Mar, 2013

Confirmado el espionaje del gobierno, la desvergüenza oficial no reconoce límites



07/03 – 16:00 – La vinculación de Gendarmería Nacional con el Proyecto X, quedó plenamente demostrada anoche desde la difusión de pruebas irrefutables obrantes en el expediente judicial, a partir de la exploración de los discos rígidos de las computadoras incautadas a la Fuerza. Probado el hecho, el gobierno kirchnerista pasa a ser el único gobierno democrático alcanzado por el mayor escándalo de espionaje social, desde el regreso de la democracia. ¿Habrá consecuencias?.(Por: Rubén Lasagno)

Cuando tratamos el tema del Proyecto X, allá por el 2012, dijimos que ha sido práctica habitual de todos los gobiernos (lo fue de Alfonsín, Menem, De la Rúa y Duhalde) inmiscuirse dentro de las organizaciones sociales, políticas y gremiales, para conocer fortalezas y debilidades; ahora bien, de ahí a conformar una base de datos con antecedentes de todas las organizaciones y actores políticos y sociales; si dicha base de datos está en manos de una Fuerza como Gendarmería Nacional y si la reunión de gran parte de datos se hace mediante infiltración de agentes en los grupos observados, esto es sumamente grave porque conforma simple y llanamente espionaje ciudadano, algo estrictamente prohibido por ley.

Lo llamativo es que este gobierno, precisamente, es quien más se ha rasgado las vestiduras recordando las épocas en que el menemismo controlaba jueces, gremios y políticos y a fines del año pasado tuvo la desfachatez de armar una operación a través de C5N para acusarnos de hacer “espionaje” a la presidenta, en oportunidad en que nuestros reporteros gráficos pretendían obtener fotografías de su desplazamientos públicos en la ciudad.

La desvergüenza del gobierno queda expuesta ante los hechos oficialmente revelados anoche en el programa A Dos Voces de TN. Allí se mostraron los documentos impresos desde los discos rígidos de las computadoras interdictadas por Gendarmería, luego que el Juez ordenara el allanamiento de oficinas y el secuestro del material para comprobar si eran ciertas las denuncias de partidos de izquierdas y organizaciones sociales que habían descubierto al gobierno en tareas de espionaje, infiltrando a grupos para detectar a los líderes, marcar un perfil de cada uno y adelantarse a los movimientos de protestas o planificación de acciones directas, como cortes de calles, rutas, bloqueos, manifestaciones, etc.

Más vergonzoso aún ha sido la negativa que hizo la Ministra Nilda Garré, acusando a medios y a la oposición de querer socavar al gobierno nacional, cuando la verdad dista de ser esa, más bien todo se funda en la intención del gobierno de espiar a líderes sociales, políticos y gremiales, armarles causas a partir de antecedentes obrantes en sus bases de datos y permitir que el gobierno lleva adelante una verdadera persecución social, sin límites y usando de manera ilegal, el poder y los recursos que le da el Estado.

Garré llego a decir que ese material era el solicitado por los jueces y en aquel momento señalamos que se trataba de una reunión de información programada y ordenada mediante un plan nacional, donde, en este caso Gendarmería, porque se conoce a través de la prensa, pero otras Fuerzas, pueden están relacionadas con este trabajo de espionaje ciudadano. Es un plan sistemático, coordinado y controlado por la presidenta y sus funcionarios más cercanos.

La Presidenta es responsable máxima de lo que ocurre bajo el denominado Proyecto X y en un país normal (éste no lo es), donde la justicia funcionara y la impunidad no fuera el común denominador de los actos de quienes alquilan la Casa Rosada, esto le hubiera costado caro al presidente y (al menos) sus puestos a Ministros y Secretarios, Comandantes de la Fuerza, jefes y se habría sustanciado una mega-causa que podríamos saber dónde empieza, pero no dónde termina. En Argentina, eso no pasa.

Lo increíble de esta acción de espionaje desplegado por el gobierno, es que no se ha privado de espiar a sus propia tropa, es decir, aquellas agrupaciones sociales afines, las Madres de Plaza de Mayo, los grupos de izquierda, luchadores sociales y hasta hijos de desaparecidos, son víctimas de seguimientos y carpetas.

Elía Espen de Madres de Plaza de Mayo, Victoria Donda, diputada e hija de desaparecidos y otros dirigentes sociales, incluyendo un cura que brinda servicios en una villa del conurbano, están entre muchos miles más, dentro del Proyecto X. Pero la complicidad del gobierno es tal, que horas previas a que llegara la Justicia, el propio Berni dio aviso a Gendarmería y allí realizaron un buck up de los discos, de manera que la base de datos persiste intacta en las manos de Garré y seguramente, ha seguido vigente en todo este tiempo que pretenden investigar esta conexión del kirchnerismo con las tareas prohibida de control social.

Las pretensiones de garre de hacerle creer a la prensa que el Proyecto X es una decisión autónoma de Gendarmería, se cayó por su inconsistencia desde el principio, es más que lógico que en un organismo con el verticalismo que posee Gendarmería u otra fuerza similar, haya un plan de reunión de información social autónomo, sabiendo los Jefes responsables, que se exponen, no solo a perder su trabajo, sino la libertad, dentro de los alcances de la ley de Inteligencia y la nueva ley antiterrorismo.

Cualquier trabajo de este tipo, es plenamente avalado y ordenado desde los estamentos más encumbrados del gobierno. Pues esa información posee un valor estrictamente político y su obtención tiene por objeto presionar, extorsionar o forzar a determinados sectores opositores a acatar determinadas reglas impuestas desde el poder y si eso no curre, generarle los antecedentes para encuadrarlos en cualquier delito tipificado en el Código y con razón o sin ella, con la verdad o con la construcción de las denominadas “carpetas”, generarle una causa y anular la acción que despliegan en contra de los intereses del gobierno nacional.

Con la demostración de la existencia de estos mecanismos antidemocráticos, CFK y su entorno pierden mucho más aceleradamente la credibilidad en la gestión y destrozan el discurso que sostienen sobre los derechos humanos. Si este escándalo toma mayores proporciones, indudablemente afectará al gobierno en medio de un año clave, ya que comienza a jugarse el dominio político de los próximos 3 años de mandato. (Agencia OPI Santa Cruz)

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