12/03 – 14:30 – En los últimos días declaró el dueño de la financiera y empleados que ratificaron que policías federales le exigieron 300 mil dólares a cambio de suspender el allanamiento. Ayer confesó que él mismo dispuso frenar el operativo tras recibir llamado del segundo de Zannini.
Por: Sergio Farella
Pasan las semanas y cada vez aparece un elemento fuera de lo común y que tiñe aún más de sospecha el allanamiento a una financiera en diciembre pasado y por el cual ahora el juez federal Norberto Oyarbide quedó involucrado con un presunto intento de sobornos que hicieron a sus dueños los policías que participaron del operativo.
El 19 de diciembre pasado y en el marco de una veintena de allanamientos ordenados por Oyarbide en una causa por presunto lavado de dinero, policías de la División Investigación Federal de Organizaciones Criminales (Difoc) ingresaron a las oficinas de Maipú 311 en Capital Federal donde está la mutual Propyme.
Según testificaron ante el juez Luis Rodríguez, quien investiga el escandaloso hecho, tanto el dueño de la financiera, Guillermo Greppi; su hijo y el abogado de confianza ratificaron que los policías exigieron una suma de 300 mil dólares y que luego bajaron sus pretensiones a 2,5 millones de pesos. A cambio, aseguraban que frenaban el allanamiento y hacían como si nada hubiese pasado.
Los tres coincidieron en que los policías aseguraban que actuaban bajo “órdenes del juzgado” y en una ocasión el policía Ángel Castro (uno de los imputados junto con el subcomisario Fabio Ascona) le dijo al abogado Torres que “Greppi dejara de pedir ayuda” pues el empresario había acudido en ayuda sin tener éxito con Calviño quien trabaja en la Superintendencia de Policía Federal a quien conoce desde hace muchos años.
Castro fue claro en que ellos “no respondían a ningún personal policial” y que “por más que llamara al jefe de policía pues él sólo recibía órdenes del juzgado interviniente”, según accedió Infobae de constancias de la causa.
Los testigos que escuchó en los últimos días el juez Rodríguez aportaron algunos elementos: que la orden de allanamiento no tenía indicada el nombre de la empresa pero sí su dirección, que los policías actuaron al inicio en forma violenta llegando al punto de apuntar con el arma al personal, y que se retiraron sin llevarse nada.
El abogado Torres incluso dijo llamarle la atención que en las seis horas que duró el operativo “daba vueltas sin saber bien que buscar” pues “no se solicitó el listado de socios, revisaban papeles pero no se fijaban su contenido, observaban las pantallas de las computadoras sin reparar en la información que exhibían, que se traba de una revisión de todo muy superficial y no solicitaban tampoco algo puntual”.
En su declaración, Greppi padre aportó que todos conocían a los policías Ascona y Castro. Que el primero de ellos había recibido referencia de Enrique de la empresa “Mercado único” que también fue allanado y a quien le hicieron el mismo ofrecimiento de soborno.
Un dato más. Según Greppi, Ascona también era conocido del financisa Fernando Caparrós Gómez, uno de los investigados en el caso Schoklender, pues en su financiera Monetización se habrían cambiado millones en cheques de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.
Si bien las sospechas eran muchas sobre Caparrós Gómez en esa causa, sorpresivamente fue beneficiado con una falta de mérito por Oyarbide quien tuvo a cargo esa investigación, tal es así que eso fue apelado por el fiscal Jorge Di Lello.
El operativo sospechoso en Propyme terminó luego que Greppi padre rechazara pagar el dinero exigido por los policías, y cuando el subcomisario Ascona recibió un llamado. El efectivo de la entonces Difoc aseguró que había sido por orden del juzgado, y luego una foja agregada al expediente firmada por Oyarbide daba cuenta que lo hizo ante “graves hechos de corrupción” que levantó el allanamiento.
Ayer la incógnita de por qué lo hizo lo develó el propio Oyarbide. Dijo que recibió un llamado de Carlos Liuzzi, segundo de Carlos Zannini en la Secretaría Legal y Técnica. (Infobae)
