21/04 – 16:00 – Inédita decisión en el país de dos jueces de Chubut que, a pesar de todas las presiones políticas, desestimaron un planteo de fueros, presentado por el gobernador Martín Buzzi y su Ministra de Desarrollo Gabriela Dufour para evitar una investigación por el pago de 10 millones a Alpesca. A partir de esta decisión, se abre la investigación que permitirá poner al gobernador en el ojo de la investigación por investigación fraudulenta.
No es muy común que en la actualidad política que vive el país, un gobernador kirchnerista sea cuestionado e investigado por jueces provinciales y menos aún por causas de presunta corrupción administrativa o administración fraudulenta de fondos públicos.
Esto pasa en Chubut, donde las juezas Ivana González y Patricia Asaro dispusieron la apertura de las investigaciones por “presunta administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, por parte del gobernador Martín Buzzi y su Ministra de Desarrollo Gabriela Dufour, en el otorgamiento de un préstamos de 10 millones de pesos a la empresa Alpesca SA, envuelta en serios y graves problemas financieros, vaciamiento, fraude, estafa y simulación de venta, por parte de sus actuales dueños, procesados por narcotráfico.
Ante el planteo de fueros presentado por Buzzi y su funcionaria, las magistradas ratificaron el dictamen del Juez Fabio Monti, quien en una decisión (también inédita) determinó que los fueros no impedían que tanto Buzzi como Dufaur, puedan ser imputados del delito junto con otros funcionarios del gobierno provincial que serían corresponsables. “Los fueros son para
inmunidad de arresto pero no para la inmunidad de proceso”, señalaron los jueces en un claro ejemplo de una decisión independiente de las presiones que pudiera (querer) ejercer el sector político sobre tribunales y jueces no adictos.
Buzzi y un solo argumento
Para defenderse mediáticamente, el gobernador Martín Buzzi salió a desafiar a que “hagan los juicios que quieran” y remarcó que todo lo hizo para no abandonar a los trabajadores, agregando, además, que no fueron 10 sino 30 millones lo que aportó la provincia para que los 1.000 trabajadores de la pesquera vaciada por corrupción administrativa de sus dueños, fraude y estafa, no queden en la calle.
Este argumento de Buzzi parece sustentar la incómoda posición que tomó el gobernador al apurar sin ningún tipo de tramite previo y de manera sumaria, una suma de 10 millones de pesos para pagarle al personal que se encuentra sin trabajar por motivos atinentes a los propietarios de la firma, entre ellos Otero y Domingo Segundo, procesados por narcotráfico a raíz de la operación Langostino Balnco, de la pesquera Poseidón donde 114 kgs de droga fueron hallados entre cajas de exportación a España. (Agencia OPI Santa Cruz)
