Publicado el: 22, Abr, 2014

Rechazan la versión oficial sobre la venta de la ex Ciccone


El empresario Alejandro Vanderbroele - Foto:
22/04 – 10:00 – El síndico de la quiebra de la ex Ciccone Calcográfica dio otro duro golpe a la versión oficial sobre cómo fue el desembarco del fondo The Old Fund en la imprenta que de la mano del abogado monotributista Alejandro Vandenbroele pasó a imprimir millones de billetes de 100 pesos.

Por Hugo Alconada Mon
La versión que sostiene Vandenbroele es que, como presidente simultáneo de The Old Fund y la ex Ciccone, recurrió al ex banquero Raúl Moneta para, a través de una cooperativa, financiar el resurgimiento de la imprenta. Y sostuvo que así obtuvo $ 43,8 millones a cambio de una fianza que garantizó con las acciones de la empresa.

Esa versión, sin embargo, chocó ahora con el análisis del síndico de la quiebra de la ex Ciccone, Martín Stolkiner. Como auxiliar de la Justicia, y tras verificar los documentos que presentó una sociedad de Moneta, Mayer Business Corporation, rechazó el pedido. Observó múltiples incongruencias -sobre la fecha real en que se firmaron los papeles, entre otras- y concluyó que no logró demostrar “la relación económica jurídica que dio lugar a la obligación, es decir, el negocio generador del crédito para determinar su legitimidad”.

El golpe asestado a Moneta -y por extensión a la versión que lo muestra como supuesto financista de Vandenbroele- ahonda los interrogantes sobre cuál podría ser la verdadera ruta del dinero detrás de la resurrección de la ex Ciccone.

El fiscal federal Jorge Di Lello ya solicitó al juez a cargo del caso Ciccone, Ariel Lijo, que cite a declarar como testigo al titular del Banco Macro, Jorge Brito, al que múltiples indicios señalan como el verdadero aportante de los fondos que utilizó Vandenbroele.

Ante ese cuadro, Brito ya presentó un escrito en el expediente penal a mediados de diciembre, en el que dijo que se ponía a disposición de la Justicia para “colaborar” en lo que pueda con la investigación.

Sin embargo, Lijo dejó para más adelante la eventual citación de Brito, como así también postergó la posible convocatoria del vicepresidente Amado Boudou a una indagatoria hasta concluir la ronda de testimoniales en marcha.

Aquejado por graves problemas de salud, en tanto, Moneta no podrá ser convocado a declarar como testigo o imputado en la causa. Desde hace meses, el liderazgo de todo su grupo empresario quedó en manos de uno de sus hijos, Raúl Cruz, quien busca recuperar activos y cerrar algunos frentes de tormenta.

En esa línea, los abogados de Mayer Business Corporation se presentaron a verificar créditos por $ 43,8 millones cuando la Justicia decretó otra vez la quiebra de la ex Ciccone, rebautizada como Compañía de Valores Sudamericana (CVS) y ya bajo la intervención del Gobierno.

LA NACION consultó, además, a un vocero de la familia Moneta sobre la decisión del síndico en la quiebra, pero no obtuvo respuesta.

Sin fecha y varado

En el expediente judicial, Moneta reclamó $ 35,5 millones de capital más otros $ 8,3 millones, sobre los que afirmó que se basaron en un convenio firmado entre Mayer y Maxifarm, otra sociedad que controla, y que llegaron a The Old Fund a través de la Cooperativa de Crédito Marítima del Sur Limitada, conocida en la City porteña por sus vínculos con el Banco Macro.

Pero el síndico no aceptó su reclamo multimillonario. Concluyó que “resulta ineficaz de pleno derecho” porque Vandenbroele firmó documentos que le estaban prohibidos por ley, sólo “dos hábiles antes del dictado del decreto 1388/2012, que dispuso la intervención” oficial de la compañía.

Los datos formales que constan en esos documentos pasaron también por la lupa de Stolkiner, entre otras razones, por la “falta de fecha cierta del reconocimiento de deuda”, que en teoría sería el 1° de agosto de 2011, pero que sólo se certificó un año después, cuando la operatoria ya se encontraba bajo una investigación judicial.

El síndico tampoco fue benévolo con otra cooperativa -la Mamakiya de Vivienda, Crédito y Consumo Limitada- que le reclama una fortuna a la ex Ciccone, pero que ahora investiga la justicia penal por una supuesta operatoria multimillonaria de fraude y lavado en presunta connivencia con la familia Ciccone.

Sin ahondar en el eje penal de esa operación, Stolkiner sí detalló por qué rechazó el pedido de la cooperativa por US$ 4,1 millones. Estimó que tampoco logró demostrar “la prestación del servicio” por el cual reclamaba esa fortuna, sin siquiera haber presentado “las facturas emitidas”.

Mejor suerte tuvo la Casa de Moneda, que se presentó con un crédito de $ 3 millones en concepto de “anticipo financiero” por el contrato de locación de la planta impresora, como también la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la agencia recaudadora bonaerense (ARBA). Stolkiner les reconoció, respectivamente, créditos por 1,3 millones y 11,2 millones de pesos. (La Nación)

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