Publicado el: 24, Abr, 2014

Crece el gasto en medios estatales, pero no aportan más pluralismo


Casa Rosada - Foto:
24/04 – 16:00 – El Estado nacional, las provincias y los municipios crearon en los últimos años muchísimos canales de TV y emisoras de radio. Nunca como ahora hubo tantos medios estatales , y hay decenas de nuevos proyectos en marcha.

Por José Crettaz
Sin embargo, mientras crece el presupuesto destinado a esos medios (entre 4 y 40 millones de pesos por provincia), en todo el país también se repiten las denuncias de censura y falta de pluralismo , de no acceso de las minorías políticas y de los clones de programas como 6,7,8, destinados a hostigar a dirigentes opositores y periodistas.

Además, en esas empresas públicas, frecuentemente a cargo de familiares o amigos del gobernador, no existen órganos de control específicos y predomina la retransmisión de contenidos porteños. Así lo confirma un sondeo hecho por LA NACION entre más de 30 especialistas, funcionarios y periodistas de todo el país.

Al contrario, son excepcionales los medios públicos donde hay espacio para expresiones no vinculadas al poder de turno o que se inclinan por una agenda despartidizada (como el canal porteño Ciudad Abierta) u orientada a la participación de la audiencia (como la flamante señal bonaerense Digo TV). En muchas provincias en las que no existen medios estatales, los gobiernos montaron redes de medios privados “amigos”, sostenidos con publicidad o contratos oficiales.

En Santa Fe, el socialismo está cumpliendo su viejo sueño de Radio y TV Santafecina (RTS), proyecto por el que en 2009 acompañó con sus votos en el Congreso la ley de medios. Hace un mes, el peronismo de Mendoza inauguró el canal Acequia TV, y en Resistencia, el gobierno de Jorge Capitanich puso al aire Chaco TV, que varios meses antes de estar al aire contrató por $ 2,5 millones la serie de ocho capítulos Historias sencillas, producida por Taha SA, empresa de Agustina Cherri y Gastón Pauls.

Además, muchos municipios están haciendo realidad su propia FM (derecho otorgado por la ley audiovisual). Días atrás se inauguró en San Antonio de Areco (donde gobierna La Cámpora, sector político conducido por el hijo de la Presidenta, Máximo Kirchner), la FM Pampa que, según fuentes locales, les costará a los vecinos cerca de un millón de pesos anuales.

En la Argentina no hay un modelo que los rija ni tampoco se busca emular formatos internacionales reconocidos, como la BBC británica o la PBS estadounidense. Para Martín Becerra, docente de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) e investigador del Conicet, “los medios estatales jamás fueron públicos en toda la historia argentina, fueron y son medios gubernamentales. Y como señaló la Corte Suprema cuando validó la constitucionalidad de la ley audiovisual, el Gobierno contraviene el mandato de pluralismo para los medios estatales establecido por la ley”.

A continuación, el panorama de los llamados medios públicos en todo el país, región por región.

Estado Nacional

El gobierno nacional controla hoy RTA, con Canal 7 -que dice llegar por aire a entre el 50 y el 60% de la población- y Radio Nacional -una cadena de 48 emisoras que retransmiten buena parte de su radio madre LRA1 Buenos Aires-; desde 2005, distintos ministerios y entes oficiales sumaron las señales Encuentro, Paka Paka, DeporTV, Tecnópolis TV e Incaa TV, que pueden verse en cable y por aire. En total, esas emisoras demandan un presupuesto de $ 1200 millones. En RTA -empresa creada por la ley de medios- tienen una participación dos representantes de minorías parlamentarias, aunque esa intervención se limita a presenciar las reuniones de directorio. Lo que aún sigue pendiente es el Consejo Consultivo Honorario de los Medios Públicos, que debe velar por que RTA cumpla “los objetivos” de la ley, entre ellos la obligación de pluralismo exigida en el artículo 121.

La pantalla de Canal 7 está en gran medida tercerizada: se presta para emitir, por ejemplo, Fútbol para Todos (que este año costará por lo menos $ 1410 millones) y las ficciones que produce el Ministerio de Planificación Federal (como la telenovela Esa mujer, de Andrea del Boca, que costó $ 30 millones), en cuya gestión la emisora no participa. Tampoco intervino Canal 7 en la negociación del contrato por el cual tendrá la exclusividad para la TV abierta de los partidos del Mundial de Brasil y que costaron no menos de US$ 20 millones, más otros $ 30 millones en gastos de producción.

Para Fernando Ruiz, profesor de Periodismo y Democracia en la Universidad Austral, “los medios públicos deben promover el federalismo y por eso habría que mudar Canal 7 al interior; además, tienen que ser un foro de opiniones donde debatan oficialistas y opositores, algo que ahora no existe ni siquiera entre oficialistas, y, finalmente, deberían romper el dominio que la clase media tiene sobre el periodismo incluyendo a más comunicadores de los sectores populares”.

Para Becerra, “en los contenidos de ficción y entretenimiento en los últimos años la mejora de los medios estatales es destacable y se inscribe en un proceso que se inició con Fernando de la Rúa y que se fue profundizado en el ciclo kirchnerista”. En cambio, para Adriana Amado, investigadora del Centro para la Información Ciudadana, “no se puede hablar de la excelencia de un canal, como se menciona una y otra vez de Encuentro, si no tiene llegada. No hay medios sin audiencia porque no median nada”.

Área metropolitana

En el área metropolitana, la provincia y la Ciudad tienen sus emisoras de radio desde hace décadas y más recientemente agregaron canales de TV. Un caso singular es el del presidente del Instituto de Cultura Bonaerense, Jorge Telerman, que lanzó el canal del estado porteño Ciudad Abierta cuando era vicejefe de gobierno y ahora, en su actual cargo, presentó hace un año en la provincia el canal 32 DigoTV, cuyos programas (de entre tres y seis minutos) son producidos íntegramente por los televidentes, que se filman y lo suben a la web de la emisora, que automáticamente les asigna día y horario de transmisión. Digo TV presentó recientemente un convenio por el cual la Asociación Bonaerense de Televisión por Cable (ABT) lo incluyó voluntariamente en las grillas de sus más de 200 cables asociados. “Abrimos la pantalla a todas las expresiones ideológicas y políticas”, prometió Juan Courel, vocero del gobernador Daniel Scioli en esa oportunidad.

El porteño Ciudad Abierta (que no emite al aire sino sólo por cable) fue relanzado hace casi dos años bajo la dirección del periodista Carlos Ares (ahora retirado del cargo), que puso el foco en la cultura y la vida cotidiana de Buenos Aires. Allí se busca que el pluralismo se note: abundan figuras que el público corriente podría vincular directa o indirectamente con el kirchnerismo. Algo parecido ocurre con La Once Diez, la radio pública porteña, donde acaba de recalar con programa propio la ex frepasista Graciela Fernández Meijide. Los medios que administra el gobierno de Mauricio Macri tienen un presupuesto anual de unos $ 14 millones.

“Me parece que la programación de esta radio es un interesante esfuerzo para seguir y ver qué resultados obtiene, sobre todo, porque hay diversidad en la programación. En el caso de DigoTV, el foco en los destinatarios haciendo sus programas es un experimento que debería orientar mucha de la programación profesional, con más foco en ciudadanos que en especialistas”, opinó Amado.

Región Centro

Santa Fe está abocada a terminar de construir la sede de RTS, cuyo canal de TV empezará a transmitir en agosto desde el ex Liceo Militar Gral. Belgrano, en la localidad de Recreo. La radio AM, en cambio, está más demorada. El socialismo invirtió en este proyecto $ 13 millones. Al principio, el canal emitirá sólo seis horas.

En Entre Ríos, el Estado provincial no tiene medios propios, pero el gobernador Sergio Urribarri controla los nacionales, como LT14 Radio Gral. Urquiza, propiedad de RTA, de donde fue sacado del aire recientemente el prestigioso periodista Mario Alarcón Muñiz (un caso que recordó al de Juan Miceli en Canal 7, donde los noticieros están a cargo de La Cámpora).

En Córdoba, la provincia tampoco tiene medios, pero son fuertes los Servicios de Radio y Televisión (SRT) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) -Canal 10, la señal de noticias CBA24N y las radios AM y FM- que retransmiten 6,7,8 y los contenidos de la señal kirchnerista porteña CN23, del grupo Garfunkel-Szpolski. SRT-UNC (que este año recibirá $ 34,6 millones del presupuesto nacional) está fuertemente enfrentado con el gobernador José Manuel De la Sota al que acusa de arbitrariedad con la pauta oficial.

Cuyo

Mendoza acaba de inaugurar -tras varias postergaciones y con la participación vía teleconferencia de la presidenta Cristina Kirchner- su canal 29, Acequia TV. La señal, en la que trabajan 50 empleados, le costó al Estado nacional $ 10 millones y otros $ 3 millones a la provincia. Aunque tendrá publicidad privada, el gobernador kirchnerista Francisco Pérez dijo que el canal -que en parte retransmitirá contenidos nacionales- “no viene a competir”. Desde su entorno aclararon que habrá programas políticos, “pero no del estilo 6,7,8”.

En San Luis, los principales medios de la provincia -públicos y privados- son controlados por la familia Rodríguez Saá. De hecho, en el estatal Canal 13 se provee de los programas periodísticos producidos por Feliciana Rodríguez Saá, hija de Adolfo. Estado de situación, conducido por Alberto Trombeta, ex vocero de Alberto, es señalado como una versión local de 6,7,8. San Juan no tiene medios públicos propios.

Noroeste

En el Noroeste, hay provincias que no tienen medios públicos provinciales, como Salta, Santiago del Estero y Jujuy (donde Radio Visión Jujuy, principal multimedios audiovisual privado, pertenece al vicegobernador kirchnerista Guillermo Jenefes). En Tucumán, el Canal 10 es 70% de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) y 30% del Estado provincial, pero la dirección de la emisora está en manos de Alejandro Laurnagaray de Urquiza, ex asesor de Beatriz Rojkés de Alperovich.

Allí, las voces no afines con el gobernador José Alperovich no encuentran espacio. En 2011, la entonces diputada kirchnerista Stella Maris Córdoba fue hasta la emisora con un escribano que labró un acta para demostrar que allí no podía responder las críticas. El canal retransmite las ficciones de El Trece TV (Grupo Clarín), pero no sus programas periodísticos. En el horario de Periodismo para todos, envío de Jorge Lanata, emite 6,7,8.

El año pasado se creó por decreto Catamarca Radio y Televisión en esa provincia para absorber al tradicional Canal 6 y FM Provincia. Pero a casi un año, esos medios no están transmitiendo y sus 50 empleados -que pertenecían a la planta estatal- fueron obligados a renunciar para ser recontratados por la nueva empresa, lo que desató un conflicto gremial aún abierto. En La Rioja, la provincia tiene Canal 9 (Radio y Televisión Riojanas) y FM La Torre y prevé lanzar su propio cableoperador. La señal de TV tiene escasa producción propia, que se concentra en la actividad del gobierno.

Nordeste

En el nordeste, Corrientes carece de medios estatales provinciales y en los últimos cuatro meses el gobernador radical Ricardo Colombi restringió al mínimo el dinero destinado a pauta oficial. En Chaco, ya emite la nueva televisora provincial, lanzada por Capitanich cuando, además de ser gobernador integraba también del directorio de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca).

El gobierno de Formosa tiene dos señales de TV abierta, FTC Canal 3 y Lapacho Canal 11, y una radio, FM Tropical, que emiten en cadena todos los actos oficiales. Al estilo 6,7,8, Informe Crivisqui, conducido por Alejandro Crivisqui en Lapacho TV, se concentra en la defensa del gobernador Gildo Insfrán y en atacar a dirigentes opositores y periodistas. En Misiones, el estatal Multimedios Sapem es dueño del Canal 12 y dos radios dedicados principalmente a informar la actividad del gobernador Maurice Closs.

Patagonia

El estado de Santa Cruz tiene dos radios y el Canal 9. Este último tiene un presupuesto que ronda los $ 4 millones anuales (la mitad se destina a pagar los sueldos de los 120 empleados). En los 90 y hasta 2011, la emisora no se destacó por la pluralidad de voces y el kirchnerismo concentró la pantalla (la única que llega a todo el territorio). Desde 2012, tras la ruptura política del gobernador Daniel Peralta con la Presidenta, se abrió a las minorías políticas, pero desde entonces es La Cámpora quien reclama espacios.

En Río Negro, el Canal 10 -emite desde Gral. Roca- está en etapa de transición: el gobernador kirchnerista Alberto Weretilneck echó a toda la conducción (que respondía al hijo de su fallecido antecesor, Carlos Soria). Con un presupuesto de $ 26 millones, la emisora repetía los contenidos de El Trece TV hasta que comenzó el programa de Lanata. Aquellos espacios fueron reemplazados por programas de Encuentro y los noticieros del Canal 7 porteño, acompañados por informativos locales centrados en información del gobierno y de los municipios kirchneristas (fórmula que antes había usado la Unión Cívica Radical que gobernó la provincia durante 28 años).

En Chubut, el Canal 7 (emite desde Rawson y cuenta con 62 repetidoras) tiene un presupuesto de $ 36,2 millones. En Neuquén, no hay medios estatales, pero parte de los privados depende de la pauta oficial. En Tierra del Fuego, están los dos canales estatales históricos, 11 de Ushuaia y 13 de Río Grande, ambos en la Secretaría de Comunicación, a cargo de Bruno Crocianelli, hijo del vicegobernador.

En La Pampa, el estatal Canal 3 es acusado de censurar a opositores. El ex gobernador Carlos Verna eliminó en 2003 los programas políticos, algo que no modificó su sucesor, Oscar Jorge. La situación es tal, que el opositor Frente Pampeano Frepam llevó el caso hasta el Instituto Nacional contra la Discriminación (Inadi).

La OEA le pidió a la Casa Rosada mayor tolerancia

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuestionó al gobierno argentino por su política hacia los medios y le pidió evitar el “acoso” a las voces críticas. El organismo, que funciona en el marco de la Organización de los Estados Americanos (OEA), señaló la responsabilidad gubernamental de generar “mayor tolerancia. (La Nación)

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