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Cuando la limosna es grande…el Gobierno dio aire a las provincias porque necesita manos para recuperar el petróleo

El petróleo es el ingreso económico mas importante en Santa Cruz y Chubut – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz
30/04 – 12:30 – Si hay algo que hace bien el gobierno nacional es no ser coherente ni estable en sus decisiones y compromisos asumidos. El kirchnerismo prepara un salto sobre los activos petroleros de las provincias con el fin de limitar o quitarle el control provincial a las reservas y poner los hidrocarburos bajo la decisión total de YPF. Contraviniendo la Ley Corta y las promesas expresadas a los Estados provinciales durante la estatización, ahora el gobierno va por todo y en ese marco (y no otro) convocó a los gobernadores a suscribir el acuerdo de financiación de deudas.

Luego que el gobierno nacional convocara a 18 provincias para suscribir un acuerdo de refinanciación de deudas, que regirá por 3 meses a través del sistema de compensación con aportes del tesoro nacional, lo que significó un alivio para las comprometidas arcas de los estados provinciales, sumidos en déficit y deudas, se vino la otra realidad: la intencionalidad de limitar el control provincial del petróleo, a partir de una nueva ley de Hidrocarburos que contradice literalmente la denominada “Ley Corta” y que va en contra de la “federalización” que el propio kirchnerismo enarboló en lo más alto de su discurso, allá cuando se hizo creer a los gobernadores que en realidad, las provincias podían tomar decisiones sobre el petróleo que está en el subsuelo de cada región.

Pero el gobierno nacional cambió de parecer y tal como lo denuncia una nota del diario La Nación, ahora impulsa un proyecto para sancionar una nueva ley cuyo objetivo principal es acotar el poder de los gobernadores sobre la actividad petrolera, iniciativa que impulsa el CEO de YPF Miguel Gallucio, quien pretende restringir las decisiones de los gobiernos provinciales, sobre las riquezas hidrocarburífera y su manejo, por fuera de las estructuras de la petrolera estatal.

La idea se disparó a partir de la autonomía que tomó el gobernador de Neuquén Jorge Sapag, quien impulsa un proyecto de ley en su legislatura, para que las concesiones que finalicen de gas y petróleo retornen a la órbita de la empresa provincial de energía GyP.

De acuerdo a lo que le señalaron a OPI fuentes muy cercanas al gobierno nacional, la decisión de “parar este avance de las provincias en el manejo del petróleo”, nació luego de que el propio Gallucio informara a Cristina Fernández, el peligro que acecha detrás de la decisión de Sapag, lo cual podría ser imitada por otras provincias petroleras, en detrimento del control de YPF. Es en ese marco que el gobierno decidió seguir un camino con dos frentes: por un lado el propio Gallucio, fue a ver a Sapag para convencerlo de no seguir adelante con un proyecto de ese tipo, exponiéndole al gobernador que el “efecto contagio” podría jugar en contra de los intereses argentinos, toda vez que espantaría a los capitales extranjeros que tengan idea de invertir en el país.

El segundo frente, ideado a partir de una estrategia diseñada en el Ministerio de Planificación y en la mesa chica, donde se sienta Zanini con la presidenta, se decidió convocar a todos los gobernadores para proponerles un acuerdo de financiación de deuda, lo cual, teniendo en cuenta la situación financiera de las provincias, es un alivio muy importante para las arcas de los estados del interior; sin embargo, nada es gratis…

Las mismas fuentes, coinciden en afirmar que el propósito es condicionar a los gobernadores de brindar apoyo al nuevo marco legal que intenta impulsar CFK y de esa manera presionar a los gobernadores de provincias petroleras, que ya han puesto el grito en el cielo, porque al igual que Neuquén, Santa Cruz y Chubut, poseen intereses provinciales dentro de la explotación petrolera y no desean perder soberanía sobre las riquezas, teniendo en cuenta que fue el propio Néstor Kirchner, quien difundió la tan mentada “federalización del petróleo”, con la Ley corta, logrando, luego, apoyo irrestricto de los gobernadores, cuando Cristina generó el proceso de estatización de YPF, alegando que cada provincia tendría manejo propio y proporcional de sus propios recursos.

Sapag ya adelantó que no cederá en este sentido y, tal como describe La Nación habría dicho “Neuquén detenta, como todas las provincias, el dominio del gas, el petróleo y el agua. Esto no tiene marcha atrás. Se van a empachar con todo lo que tienen para desarrollar”.

Lejos del razonamiento optimista que realizan desde la empresa estatizada, el ministro de Hidrocarburos de Chubut, Ezequiel Cufré, anticipó: “No lo vamos a aceptar. Estaremos en contra porque iría en contra de las estrategias conjuntas que hemos estado diseñando con la Nación” e inistió que tal posición va en contra de la “ley corta”, diseñada por Néstor Kirchner.

Peralta desde Santa Cruz afirmó “Me parece que es para provincias que quizás tengan áreas todavía sin concesionar. Nosotros tenemos nuestras concesiones ya establecidas tanto en el flanco norte como en la Cuenca Austral. Lo que tenemos pendiente es el tema de Petrobras“.

Por su parte, Guillermo Pereyra, senador del Movimiento Popular Neuquino y dirigente petroleros de Neuquén, parece haber quedado entre dos fuegos, porque la actual iniciativa del gobierno nacional, contradice los discursos que se sostuvieron hasta hoy en relación con la autonomía petrolera de las provincias. En este sentido Ferreyra dijo que “si no logramos acordar no llegarán las inversiones” sin definir su posición, perdiéndose en ambiguas posiciones indefinidas, sosteniendo que “hay que parar todo y conversar”.

Los estados que no son petroleros, no tendrían problemas en consensuar con el gobierno nacional, algún tipo de intercambio de manos en beneficio de este proyecto anti federalista del petróleo que intenta largar la presidenta, sin embargo, el kirchnerismo sabe que se encuentra en un momento de debilidad política manifiesta, lo cual no puede darse el lujo de confrontar los estados petroleros de los cuales depende la recaudación y la paz social para generar los recursos y por tal motivo, en medios políticos allegados al gobierno se cree que se ha largado una especie de “globo de ensayo”, a través de Gallucio, para sondear el nivel de resistencia que genera la medida. (Agencia OPI Santa Cruz)

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