Alconada Mon consideró imposible que aún liquidando Austral Construcciones y Valle Mitre, Lázaro pueda detener la investigación

07/05 – 11:00 – El periodista e investigador de La Nación mantuvo una conversación con OPI desde donde lo consultamos sobre esta suerte de reconversión de “el Grupo” de Lázaro Báez, que tiende a liquidar sus empresas, entre ellas Austral Construcciones SA y la ya desaparecida Valle Mitre, con el fin de abortar consecuencias derivadas de investigaciones en curso y otras futuras que podrían darse a partir del 2015.

Alconada Mon, un serio y prestigioso investigador periodístico del diario La Nación, en una de sus últimas publicaciones, puso en dedo en la llaga del poder, demostrando que las empresas de Lázaro Báez estuvieron incursas en irregulares contrataciones anuales de habitaciones en hoteles de la familia Kirchner en El Calafate, lo que desató un gran escándalo hacia afuera, pero también hacia adentro del poder, pues era la primera vez que se podía constatar empíricamente y con papeles, en base a información fiscal, que los hoteles de El Calafate, funcionan para aparentar una ocupación plena, pero en realidad, están encubriendo acciones sospechosas de estar vinculados con la evasión fiscal y el lavado de dinero.

A partir de allí y a pesar que esta teoría la sustentamos desde el año 2007, quedó evidenciada la maniobra que llega a los pies del poder y enloda al mismo Néstor Kirchner, quien fue el ideólogo de esta forma de hacer negocios, aprovechando su posición política dominante y que ayuda a entender uno de los motivos por los cuales El Calafate sufrió un boom empresarial en el ramo hotelero y turístico, inédito, lo cual, ha consolidado a la localidad santacruceña, como aquella en la que más recursos ha volcado la inversión pública y privada en los últimos 10 años.

Para conocer las repercusiones ulteriores de aquellos informes que produjo el diario La Nación, OPI habló con Alconada Moon, quien en relación a las repercusiones ulteriores a sus informes, sostuvo “Se abrió una causa Penal en Buenos Aires, por parte de Javier Biscayart, Juez en lo Penal Tributario, el mismo magistrado que investigó el caso Skanka e inmediatamente en esta investigación hubo allanamientos, me llamaron a declarar y hasta donde yo se estaban con las medidas preliminares de pruebas, es decir, los primeros pasos de recopilación de evidencias”, señaló Alconada quien luego remarcó “en un momento estaban tratando de evaluar que como muchas de las empresas de Báez están en el sur, tal vez correspondía declararse incompetente y mandar las causas para allá” dijo el periodista, recordando que el propio Báez se hizo una autodenuncia, pretendiendo que un Juez de esta provincia lo investigara, lugar donde, casi con seguridad, cualquier causa en su contra caería o se cerraría, como sucedió con la de Kirchner, por enriquecimiento ilícito, cuando llegó a manos del entonces juez Santiago Lozada.

También recordó que Elisa Carrió se hizo eco de su investigación y dijo haberse enterado que tal publicación le cayó muy mal a la presidenta “se que la diputada Carrió acompañó el material que yo publiqué y lo presentó en Tribunales en una causa que se tramita ante el Juez Ercolini y en el plano política, me contaron que Cristina estaba muy inquieta y molesta por lo que supimos” agregó.

Sobre la nota que publicamos ayer, donde se dan detalles del proceso de liquidación de Austral Construcciones, dijo haberla leído y enterarse de los datos que citamos allí, lo cual consideró que responde, indiscutiblemente, a una movida para llevar a estas empresas a la desaparición, recordando “Exacto, yo publiqué esa liquidación de Valle Mitre e inclusive fui hasta las oficinas de Ideas SA, que es la sucesora de la empresa ésta, que administraba los hoteles de los Kirchner”

Al hacerle ver que esta estrategia respondía a un intento por bloquear cualquier investigación futura y al preguntarle si él consideraba que con esto iban a poder impedir que las investigaciones en curso siguieran, Alconada afirmó “imposible que puedan detener la tarea de alguien que quiera investigar, porque hay una ley que obliga a guardar todos los elementos documentales, que vos como contribuyente debés conservar por 5 o 10 años, por lo tanto, aún cuando disuelvan las empresas los rastros quedan y en el caso que los documentos no aparezcan tiene que haber una causa penal por desaparición y destrucción de pruebas”, concluyó el periodista de La Nación en charla con OPI Santa Cruz. (Agencia OPI Santa Cruz)