La Justicia intenta determinar cómo se enriqueció el segundo de Zannini

09/05 – 09:20 – El juez Rodríguez dispuso 16 medidas de prueba para precisar el origen del patrimonio de Liuzzi; pidió sus declaraciones juradas y los movimientos de fondos de él y de su familia.

Por Paz Rodríguez Niell
La Justicia ordenó ayer las primeras medidas de prueba para investigar por presunto enriquecimiento ilícito al subsecretario de Legal y Técnica, Carlos Liuzzi, número dos de Carlos Zannini.

El juez federal Luis Rodríguez pidió a la Oficina Anticorrupción y a la AFIP todas las declaraciones juradas presentadas por Liuzzi desde 2003, cuando asumió como funcionario. También solicitó una copia certificada del legajo personal de Liuzzi.

Estas medidas son parte de las pruebas que había pedido el fiscal del caso, Ramiro González, el 25 de abril pasado, cuando presentó el requerimiento de instrucción contra Liuzzi y lo imputó formalmente por presunto enriquecimiento ilícito.

En total, las medidas solicitadas entonces fueron 16; todas tendientes a obtener una radiografía de los bienes, de los movimientos de fondos y de los gastos hechos por Liuzzi. El fiscal pidió, por ejemplo, el detalle de todas sus compras con tarjeta de crédito. De acuerdo con lo informado por fuentes del caso, eso no fue ordenado hasta el momento. Pero el juez sí dispuso que el Poder Ejecutivo le informara si familiares de Liuzzi trabajan en la función pública, con qué cargos y desde cuándo.

No sólo Liuzzi está bajo investigación; también su actual mujer, Thaiss del Corazón de Jesús Hidalgo, que trabaja para él -es la jefa del gabinete de asesores-; su ex mujer, Gloria María Eugenia Martínez; su hermana, María Luján Liuzzi, coordinadora contable del Boletín Oficial, y su hijo Carlos Marco Liuzzi, que también trabaja para el Estado. Carlos Marco tiene 25 años y es el jefe de la Unidad de Enlace Internacional del Registro de Dominios de Internet, que depende de la Secretaría Legal y Técnica, que conduce Zannini. El juez quiere contar también con su legajo.

Liuzzi fue denunciado por enriquecimiento ilícito en septiembre de 2012, pero antes de que terminara ese año, el juez Norberto Oyarbide ya lo había sobreseído. La denuncia que dio origen a la causa había sido presentada por el abogado Ricardo Monner Sans, quien afirmó que Liuzzi había incrementado “en 38 veces” su patrimonio desde 2003.

Basó su presentación en una nota periodística. En la denuncia se hizo mención además a que Liuzzi era dueño de “un campo por valor de diez millones de dólares en la provincia de Mendoza, y propiedades en el barrio de Puerto Madero y en la zona de Pilar”. También, a que vive con su nueva mujer en un departamento del Edificio Mulieris de Puerto Madero, valuado en unos 800.000 dólares.

Oyarbide cerró el caso el 20 de diciembre de 2012. El expediente se archivó sin que el patrimonio de Liuzzi hubiera sido investigado. Pasó un año y nadie había cuestionado este fallo, hasta que el propio Oyarbide llamó la atención sobre Liuzzi cuando dijo que en diciembre pasado había ordenado levantar una veintena de allanamientos como consecuencia de una llamada que él mismo hizo.

Según declaró Oyarbide, Liuzzi le informó que los policías a cargo de uno de los procedimientos estaban pidiendo sobornos. “Tan confiable” le resultaba Liuzzi -dijo el juez- que después de su llamada él levantó todos los operativos que el propio juez había ordenado. Citado a declarar por el Consejo de la Magistratura, Oyarbide dijo no tener “la menor idea” de “cómo hizo para contactarse” Liuzzi con él. Dijo que jamás tuvieron una “relación personal”. Como consecuencia de estas revelaciones, el fiscal original de la causa por enriquecimiento, Patricio Evers, pidió su reapertura. Oyarbide se negó, dijo que era “cosa juzgada” y el caso pasó a la Cámara Federal, que le dio la razón al fiscal.

Los camaristas sostuvieron que la decisión de Oyarbide había sido “arbitraria” y ordenaron que otro juez se hiciera cargo de la investigación por enriquecimiento. Por sorteo, le tocó a Rodríguez, el mismo que ya investigaba la trama que llevó a la suspensión de los allanamientos y la llamada de Liuzzi al juez.

En esa causa, también hubo novedades. Anteayer declaró como testigo Lorena D’Agosto, secretaria de Propyme, la mutual donde se habrían pedido sobornos. Le mostraron videos de las cámaras de seguridad para que identificara a los clientes y policías presentes. Además, declaró un funcionario del Inaes, el instituto que controla las mutuales y cooperativas, que fue consultado sobre los controles que se hacían sobre Propyme. En este expediente el juez pidió información sobre los teléfonos que usan Oyarbide y Liuzzi y las líneas de la Secretaría Legal y Técnica. Es el paso previo a revisar los cruces de llamadas. (La Nación)