Publicado el: 15, May, 2014

Día clave en la situación judicial de Boudou


Amado Boudou jugando al sudoka en plena sesión - Foto: Clarin
15/05 – 09:10 – El tribunal de Casación responderá si acepta el pedido del vicepresidente para ser sobreseído.

Por Lucio Fernández Moores
Al filo del borde del vencimiento del plazo que le da el Código de Procedimiento, la Cámara Federal de Casación Penal resolvería hoy finalmente un viejo planteo del vicepresidente Amado Boudou para ser sobreseído en la causa penal en la que se lo investiga por presunto delito en su actuación en el caso Ciccone.

Se trata de una “excepción por falta de acción” que ya le fue rechazada tanto en primera instancia, por el juez Ariel Lijo, como en la sala I de la Cámara Federal, integrada por los jueces Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y Eduardo Farah. Los abogados defensores de Boudou alegan que no está claro de qué se lo acusa.

El planteo llegó apelado el año pasado por la defensa del vicepresidente a la sala IV de la Cámara de Casación, compuesta por Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani. Los tres camaristas suelen tomarse todo el plazo que otorga el Código para resolver un caso apelado ante ellos. Ellos bien pueden confirmar la resolución que rechazó el planteo de Boudou o bien pueden revocarla. El fiscal ante Casación, Javier De Luca, dictaminó ante el tribunal que el juez instructor, Lijo, debería pronunciarse nuevamente para que “se despeje la situación de incertidumbre en que se encuentra el proceso respecto del peticionante”, en referencia a Boudou.

La solicitud del vicepresidente fue hecha a mediados del año pasado. Y el dictamen de De Luca fue emitido en noviembre pasado. Pero en febrero de este año, el fiscal instructor, Jorge Di Lello, formuló una imputación concreta al pedir citar al vicepresidente a que se defienda en declaración indagatoria.

Di Lello sostuvo que el vicepresidente se habría “interesado” de manera indebida en el caso Ciccone, al responder una nota del titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) sobre el proceso de quiebra en el que se encontraba Ciccone en 2010 en los tribunales comerciales.

Por ello pidió que sea indagado por la presunta comisión del delito de negociaciones incompatibles con la función pública, que prevé una pena de hasta seis años de prisión. La defensa de Boudou alega que el vicepresidente no era, como ministro de Economía, el superior del titular de la AFIP, Ricardo Echegaray.

En caso de obtener una resolución favorable, Boudou igualmente seguirá bajo investigación en el juzgado de Lijo, quien también lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.

Boudou está sospechado en el caso Ciccone a partir de los supuestos allegados a él que participaron del salvataje de la ex Ciccone, luego expropiada por el Estado a raíz del escándalo público. (Clarín)

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