29/05 – 10:20 – Anunció que promoverá la iniciativa, que promete polarizar a uno de los países más conservadores en el tema.
Por Carlos Vergara
Pese a que siempre estuvo incluido en su programa de gobierno, la presidenta chilena, Michelle Bachelet, sacudió ayer la discusión política y de valores en el país al anunciar que patrocinará un proyecto de ley para la despenalización del aborto terapéutico en tres casos particulares.
“Cada aborto en el país es una señal de que como sociedad hemos llegado tarde porque la prevención no tuvo los resultados deseados. [?] Yo planteo el aborto terapéutico por violación, por riesgo de vida de la madre y por inviabilidad del niño. Chile es hoy una sociedad madura y democrática que no debe temer al debate. Aspiro a que tengamos una discusión profunda y madura sobre el tema”, dijo la presidenta, en referencia a estimaciones que hablan de hasta unos 160.000 abortos por año en el país, 10% de los cuales son en hospitales públicos.
El anuncio, hecho en el contexto de su primera exposición ante el Parlamento, sumó simpatizantes y detractores inmediatamente, como fue el caso del ex presidente Sebastián Piñera y el arzobispo de Santiago, cardenal Ricardo Ezzati, que manifestaron ese mismo día su disconformidad con el anuncio.
“Parece que hay más preocupación por el bienestar de las mascotas que por la vida de los niños”, dijo Piñera, ironizando sobre un plan de esterilización de perros y gatos anunciado por Bachelet.
El tema, particularmente sensible por estas horas, coincidió con la denuncia hecha en un hospital de Santiago que reportó la llegada a urgencias de una chica de 17 años con una profusa hemorragia vaginal y lesiones producto de un aborto. Según constataron los médicos, la joven utilizó Misoprostol, una prostaglandina que combate úlceras gástricas y que es utilizada para interrumpir embarazos por su capacidad de provocar contracciones uterinas.
Pese a que su venta se hace en farmacias y sólo con receta, los comprimidos pueden ser adquiridos en Internet por unos 60 o 70 dólares y son tremendamente populares entre las adolescentes chilenas.
Contactados por LA NACION, el Colegio de Matronas llamó al Estado a hacerse cargo del mercado negro de estos medicamentos y de garantizar a las mujeres la posibilidad de un aborto seguro, en tanto que el flamante presidente del Colegio Médico, Enrique Paris, también anticipó su apoyo a la moción oficialista.
Como contraparte, algunos grupos, como la Fundación Pro Vida Chile Siempre, realizaron una ruidosa manifestación frente al palacio presidencial de La Moneda para dar a conocer su rechazo a cualquier atisbo de legalización del aborto.
Otros, como el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, que también administra un hospital y varias instituciones de salud, amenazó con desobedecer la eventual nueva legislación al respecto.
“Aunque la ley lo mande, no vamos a aplicar abortos en nuestros hospitales. La objeción de conciencia es algo que tiene que prevalecer y antes de las leyes está el respeto a la vida humana”, dijo Sánchez.
La poderosa Iglesia Católica chilena, país en el cual el 67% de su población se reconoce de esta religión, emitió una furibunda respuesta a través del arzobispo de Concepción y profesor de Bioética, Fernando Chomalí.
“Está claro que quieren promover el aborto en Chile. Y no sólo en los tres casos planteados, sino como método para controlar la natalidad. Es la misma estrategia que se usó en Europa en los años 70”, criticó el sacerdote.
Ayer, la ministra de Salud de Bachelet, Helia Molina, consideró innecesario el debate de valores generado por la iniciativa del gobierno, el cual no sólo deberá lidiar con la oposición, sino también con sus conservadores aliados de la Democracia Cristiana.
“Esto no significa que el que espera un chico producto de una violación tenga que abortar, sino que una persona que ha sido violentada criminalmente y se embarace pueda elegir libremente”, explicó Molina.
La discusión, que ya se ha instalado en los almuerzos familiares, las reuniones sociales, los programas de radio y diarios el país, también ha sido vista por algunos sectores de la oposición como una estrategia oficialista para desviar la atención de las efervescentes quejas que han suscitado las reformas tributaria y educativa del gobierno de Bachelet.
“Se equivocan si creen que van a lograr distraer la atención de la ciudadanía con estas cortinas de humo o voladores de luces”, se quejó el diputado opositor Cristián Monckeberg.
El presidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín, incluso citó una curiosa historia que incluía a Adolf Hitler para sustentar su rechazo al proyecto.
“En una clínica nacieron dos niños: uno muy fortacho y al mismo tiempo nació una niñita que tenía síndrome de Down. [?] ¿Cuál vida valía la pena vivirse? Don Adolf fue siempre una guagua [bebe] muy sana, tenía vitalidad de sobra y se dedicó a matar gente. [?] La pobre niñita Down se dedicó a cuidar a su mamá y no habría sobrevivido a estos días”, relató Larraín.
Pese a aprobar la ley de divorcio en 2004, Chile sigue siendo uno de los países más conservadores del mundo en valores. En el caso del aborto terapéutico, éste estuvo permitido entre 1931 y 1989, año en que fue derogado por la dictadura del general Augusto Pinochet, pocos meses antes de dejar el poder. Tras ello, han sido rechazados nueve proyectos para legalizar el aborto, dos archivados y siete aún en trámite, incluido uno impulsado por la ex candidata de la centroderecha Evelyn Matthei.
Hoy, Chile es uno de los seis países del mundo que contemplan sanciones penales para quien participe de un aborto, junto a la República Dominicana, Nicaragua, El Salvador, Malta y el Estado Vaticano, con penas que van desde los tres años y un día a los cinco años de cárcel.
Los empresarios piden cambios
La cúpula empresarial de Chile se reunió con los ministros de Hacienda y Economía para intentar cambiar la reforma tributaria, y desde el gobierno señalaron que estudiarán sus propuestas. Cuando falta una semana para la discusión de la reforma en el Senado, el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Andrés Santa Cruz, manifestó sus discrepancias sobre los efectos del alza de impuestos a las grandes empresas y la eliminación de beneficios tributarios. (La Nación)
