07/08 – 09:20 – Sospechas de corrupción La jueza comenzó a analizar la documentación secuestrada en la AFA y un informe del Gobierno. Analiza si son legales desembolsos por $ 630 millones y si la plata se usó para sanear los clubes.
Por: Daniel Santoro
La jueza federal María Servini de Cubría empezó ayer a investigar si las millonarias contrataciones directas que hizo el Gobierno para el programa Fútbol Para Todos (FPT) cumplieron los requisitos legales y si se hicieron los controles correspondientes a los 900 millones entregados el año pasado a la AFA por derechos de transmisión del fútbol.
El año pasado, FPT desembolsó esos 900 millones para la Asociación del Fútbol Argentino y otros 630 para el automovilismo, la pelea de Maravilla Martínez y gastos de producción.
La causa provocó ayer un fuerte cruce entre el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y al diputada Graciela Ocaña que hizo la denuncia ante la Justicia. “Nosotros hemos denunciado esto, denunciamos y pedimos que se investigue si la plata que le llegó la AFA fue enviada a los clubes, para terminar con esta historia de dirigentes de clubes y de la AFA millonarios, pero clubes pobres ”, contestó Ocaña a Capitanich.
Servini, pese a haber estado ayer absorbida por el caso Carlotto, empezó a clasificar las cuatro cajas con documentación secuestradas el martes de la sede de la AFA por efectivos de la Policía Federal. Fuentes judiciales informaron a Clarín que entre las contrataciones directas, por ejemplo, hay una por más de 6 millones de peso s para el programa de Canal 7 “Fútbol Permitido”, mientras que las empresas La Corte, El Farolito International Entertainment y Prensa Satelital “se llevaron entre 10 y 15 millones” en el mismo año.
“El Farolito” fue contratado en forma directa por el ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina para la producción general y contratación de comentaristas como Marcelo Araujo, Julio Ricardo y Alejandro Apo. El sitio periodístico “Eliminando Variables”, informó que el director de El Farolito, Andrés Leyes, tenía el año pasado un embargo judicial por más de cien mil pesos.
En un informe entregado por el Gobierno a la jueza se afirma que las contrataciones directas fueron “justificadas” por el titular de la SIGEN, Daniel Reposo, el mismo que retiró en el 2012 su candidatura a Procurador porque su currículum tenía muchos “errores de tipeo”. Además, IVECO –el único anunciante privado– no puso plata sino que hizo “un canje por vehículos contratados directamente por la jefatura de Gabinete”.
Las fuentes explicaron que se entiende que haya habido contrataciones directas en el primer año del contrato, pero no los cinco años siguientes cuando se debería haber llamado a licitación pública.
El allanamiento se realizó el martes porque la AFA porque la entidad no le envió la información que la magistrada le había solicitado para avanzar en la causa en la que se investigan el destino de los fondos de Fútbol para Todos.
La demora de la AFA en responder el pedido se podía entender como un riesgo para la causa porque se podían perder o adulterar pruebas.
La denuncia de Ocaña también apunta a que las actualizaciones de las cifras originales otorgadas a la AFA por decreto no podrían ser actualizadas, porque lo prohíbe la ley. Tampoco se sabe con qué criterio se otorgó la trasmisión de los partidos a determinados canales y si hubo contraprestación.
En cuanto a los contratos directivos, el debate judicial se centra en que no estaría debidamente justificado por qué había que gastar 600 millones de pesos en las contrataciones directas. Otro aspecto es que el decreto de Cristina Kirchner que creó FPT buscaba el saneamiento de los déficits de los clubes pero hasta ahora no se encuentran resoluciones del Gobierno que verificaran ese aspecto.
A todo esto la Auditoría General de la Nación (AGN), que preside Leandro Despouy, está auditando los gastos de este programa y sus conclusiones seguramente incomodarán al Gobierno cuando lleguen a manos de la Justicia. (Clarín)
