Publicado el: 22, Ago, 2014

Griesa dijo que el proyecto oficial es ilegal, pero no dictó el desacato


El Gobierno sube el tono de las críticas al juez Thomas Griesa y advierte que, por ahora, no mandará a nadie a negociar
22/08 – 09:20 – Sostuvo que la iniciativa para cambiar la jurisdicción de pago a los bonistas viola la orden del tribunal; sin embargo, evitó tomar decisiones drásticas porque, dijo, no favorecerían un acuerdo.

Por Silvia Pisani
Fue una de cal y una de arena. El juez Thomas Griesa declaró “ilegal” que la Argentina intente cambiar la jurisdicción de pago de los bonos de deuda reestructurados, tal como anunció la presidenta Cristina Kirchner al presentar un proyecto de ley que tiene ese propósito. “Esa propuesta es inválida e ilegal, y constituye una violación de las órdenes de este tribunal”, sostuvo el magistrado, que atribuyó el mismo calificativo a toda entidad financiera que intente “colaborar” para llevarla a cabo.

Muchos vieron en la afirmación del juez poco menos que un punto final para el anunciado intento del Gobierno. “Si ya antes era difícil, con la amenaza a los bancos parece poco menos que impracticable”, escuchó LA NACION.

Desde esa perspectiva -y con la expectativa de que se sigan buscando soluciones- encaja la segunda decisión que adoptó el magistrado que fue la de expresamente desestimar una declaración de “desacato” por parte de la Argentina.

“He pasado años” defendiendo una posición respecto de la Argentina, “pero no creo que [la declaración de desacato] hoy ayude a solucionar las cosas”, dijo el juez.

Ésa fue su respuesta al pedido expreso de los abogados de los fondos buitre para que se declare esa dura figura legal contra la Argentina. “Dejemos eso para más adelante. Ahora no ayudaría”, argumentó el juez.

Casi al mismo tiempo en que se producían esas dos noticias -el rechazo al cambio de jurisdicción y la opción expresa por no declarar el desacato-, trascendió que tenedores de bonos de deuda reestructurados -y que ahora están imposibilitados de cobrar- trabajan en la remoción de la llamada “cláusula RUFO”, que el Gobierno viene señalando como “el gran obstáculo” para realizar el pago al que está condenado por el juez.

Se trata de la norma que impide al emisor ofrecer mejores términos a los acreedores que no entraron en los canjes de deuda de 2005 y 2010.

Ésa es exactamente la situación con los llamados fondos buitre. En un primer momento, la Presidenta argumentó que no se podían pagar los 1500 millones de dólares que dispuso el fallo de Griesa porque eso, merced a la cláusula RUFO, exponía a demandas del 93% de los bonistas que sí aceptaron los canjes.

“Eso es algo que yo ni ningún otro presidente podría hacer”, dijo la mandataria.

Ahora hay abogados que trabajan en remover ese impedimento. “Estamos avanzando”, dijo Christopher Clark, socio del estudio Latham & Watkins, que asesora a tenedores por más de 5200 millones de dólares. “Estamos trabajando en eso junto con el Deutsche Bank”, añadió.

Lo otro que dejó la audiencia fue una nueva toma de distancia del estudio que asesora a la Argentina respecto de sus decisiones estratégicas en materia de deuda.

“No sabíamos nada de eso”, dijo el abogado Carmine Bocuzzi, del estudio Cleary, Gottlieb, Steem & Hamilton cuando el juez Griesa avanzó en la descalificación del plan de la Presidenta para cambiar la jurisdicción de los bonos.

“Me deja consternado que sus clientes no le pregunten al respecto”, respondió el juez, al dar por cierta la afirmación del asesor legal.

De todas maneras, Bocuzzi sostuvo que una declaración de desacato no ayudará en los esfuerzos para negociar una solución con la ayuda de un perito judicial nombrado por la Corte y llevaría a una retórica todavía más dura. Dijo también que era prematuro ya que la Argentina aún no ha modificado las reglas sobre cómo se pagará a los bonistas.

Diferencias con abogados

Es la segunda vez en 15 días que el despacho que desde hace más de dos décadas asesora a la Argentina en materia de deuda toma distancia de políticas oficiales del Gobierno.

En la audiencia del pasado viernes 8 fue el abogado Jonathan Blackman el que aseguró que el estudio “no había sido consultado para nada” sobre las expresiones del Gobierno en el sentido en que “ya había pagado” a los bonistas.

En el caso del plan para cambiar la jurisdicción de pago la negativa es más llamativa porque la idea figura en un memo reservado del estudio, que sus propios abogados reconocieron como válido ante Griesa.

“Deberían dejar de trabajar con ese estudio, que es el gran culpable de muchos de los problemas”, reiteró Hans Hume, un administrador de fondos que estuvo involucrado en el caso de la Argentina.

La presidenta Cristina Kirchner anunció el martes de esta semana su decisión de mandar al Congreso un proyecto de ley para reabrir el canje. La iniciativa contempla el depósito de los fondos para el 7,6% de los bonistas que no aceptaron los canjes anteriores (con la expectativa de sumar nuevas adhesiones), incluidos allí los fondos buitre que litigan contra la Argentina.

Se hará bajo las mismas condiciones de los canjes anteriores, pero el pago se realizará en el país con vistas a evitar posibles acciones de Griesa sobre esos fondos.

Hasta ahora, hay 539 millones de dólares en lo que el Gobierno define como “un limbo jurídico” que fueron girados por la Argentina para pagarles a los tenedores de los denominados bonos discount, pero esperan la decisión de Griesa.

El Gobierno teme que lo mismo ocurra con los futuros vencimientos de deuda. El próximo es el 30 de septiembre. (La Nación)

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