Publicado el: 27, Ago, 2014

Caso Abigail: comenzaron las culpas y disculpas. Municipalidad bajo la lupa judicial y Desarrollo Social se excusó


La noche que falleció Abigaíl familiares y amigos se concentraron frente a la morgue - Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz
27/08 – 11:15 – Como siempre sucede, los funcionarios de todos los órdenes corren detrás de los hechos consumados. Cuando sucede lo irremediable, aparecen las excusas pero está ausente la autocrítica. La Municipalidad de Río Gallegos es responsable directa en el caso y Desarrollo Social de la provincia, indirecta, con obligación de controlar. Hoy sepultan a la pequeña Abigail, entre muestras de dolor y solidaridad. (Por: Rubén Lasagno)

Pasó hace poco, cuando desde el Estado se realizó un procedimiento defectuoso y se le quitó a la madre a su pequeña hija, de manera irregular. Después de saltar a la prensa la noticia, comenzaron los remiendos políticos y las explicaciones que poco aclaraban, hasta que pasando los días, el tema se resumió y se consumió asimismo, tapado por otras realidades, hasta desaparecer del interés público.

Ahora aparece el aberrante crimen de Abigail, criatura que por estas horas están llevando a su último responso y la prensa vuelve a excitarse con broncas públicas, refleja todo tipo de reacciones, justificaciones, los funcionarios provinciales y municipales dicen lo suyo para alejar los efectos colaterales del caso y los diputados, se limitan a cumplir con la formalidad de hacer público un mensaje de “dolor y consternación”, señalando “Nos sumamos a nuestra comunidad en el pedido de justicia y velaremos por ello, en el contexto del respeto por la aplicación de las leyes, e instamos a nuestros vecinos a manifestarnos en el marco de la solidaridad, acompañamiento y rogatoria por el descanso de su inocente alma” y hasta ahí llega la cosa.

Esos mismo diputados que tan enojados están cuando la prensa ataca a la presidenta o que no dudaron en incriminar con duros términos a quienes enharinaron a Alicia Kirchner en el 2007, son incapaces de pronunciarse como corresponde en el ámbito de la legislatura, no ya, limitándose a cumplir con formalismos que no modifican en nada la realidad, sino interesándose en saber qué paso, quién falló en la cadena de responsabilidad que tiene el Estado, pedir cuentas al Intendente de la ciudad, al responsable del área social de la provincia y llamando a que cada uno, para que explique ante el Cuerpo legislativo, lo que tenga para decir y luego, expedirse sobre los defectos de un sistema y generar proyectos para sanearlo. Ese es un verdadero compromiso de los diputados. Pero no, de eso los diputados no hablan; están muy (pero muy) interesados en ir adelante con la Agencia de Desarrollo, que, evidentemente, “le va a dar” mucho más beneficios, especialmente económicos (quien lo duda), a quienes estén vinculados al proyecto.

Por su lado, el municipio de Río Gallegos es el principal responsable de las consecuencias fatales que tuvo para Abigail, la desidia, la falta de profesionalismo y la mala praxis de quienes tienen a su cargo el control de estos casos sociales.

La Municipalidad de esta capital tuvo participación directa en el caso a través de la Dirección de Protección de la Niñez y Adolescencia a cargo de al funcionaria municipal María Elena Lozano, que intervino en el caso Abigail, ante un oficio emitido por la Defensoría del Menor a cargo de la Dra Claudia Tejedor, pidiendo la intervención de las facilitadoras durante las 24 horas en el hogar de Carla Orellano y Carlos Tortelo.

De acuerdo a las investigaciones preliminares, estas “facilitadoras” no habrían cumplido cabalmente su trabajo y si bien la excusa fue que Orellano y Tortelo “no las dejaban ingresar al domicilio y temían por una acción de violencia en contra de ellas”, este hecho no fue informado a las autoridades ni se dejó constancia de ello en los informes, de manera que la Justicia del Menor, tomara otras acciones que podrían llevarla a decidir el retiro de la beba del seno familiar, con lo cual se habría salvado su vida.

A raíz de ello, la jueza Marcela Quintana, dispuso el allanamiento de la oficina de la Dirección de Protección de la Niñez y la Adolescencia de la comuna, se llevaron de allí documentación esencial para desentrañar la responsabilidad de cada uno e investigar en qué eslabón falló el sistema de acción y control del Estado.

El Intendente Raúl Cantín, entonces, salió rápidamente a decir en un escueto comunicado “como intendente de Río Gallegos pongo a disposición de la Justicia los recursos que a mi facultad alcanzan, facilitando los medios que sean necesarios desde el Estado Comunal para el esclarecimiento de este hecho que nos conmueve a los riogalleguenses”

Debemos decir que no hace falta que el Intendente “ponga a disposición” nada; es obligación de allanarse a la justicia y el Juez tiene la obligación de investigar lo ocurrido y la potestad de entrar en la Municipalidad a revolver papeles, exigir informes, llevarse documentación para analizar, incautar archivos de computadoras y llamar a declarar a quien crea necesario, incluyendo al propio Intendente que debiera dar las explicaciones respectivas. Repito: es una manifestación innecesaria y demagógica de Cantín, decir que “pone a disposición” o que “facilita los medios” a la Justicia para “ayudar a la investigación”. Como primera medida, si quisiera hacer algo bien, tendría que echar a la funcionaria y poner en disponibilidad a las “facilitadoras”. En segundo lugar, la justicia no necesita de su buena voluntad para actuar, por lo tanto sus dichos son simples manifestaciones de oportunidad.

Por su parte, Desarrollo Social de la provincia, salió a explicar que estos casos son derivados a la Dirección municipal y que son éstos quienes tienen la función de hacer el seguimiento y responder inicialmente a través del cuerpo de “facilitadoras”. No obstante, esa oficina pública de la provincia, tiene la obligación de controlar y es aquí donde la justicia, ahora, deberá establecer si hubo negligencia de las “facilitadoras”, si se informó o no de las anormalidades y novedades con que se encontraron, si éstas elevaron esos informes a sus superiores inmediatos, si éstos lo trasladaron a la justicia para que desde allí decidieran o si nada de esto se hizo.

El intendente Cantín, mientras tanto, tuvo palabras muy sentidas para con Abigaíl, cuando en el mismo comunicado expresó “como vecino y padre de familia, siento un profundo dolor ante tan lamentable hecho que derivó en el fallecimiento de la pequeña Abigail”; lástima que el Intendente no se acordó de sostener este mismo pensamiento el día domingo último, cuando se realizó el izamiento matinal de la bandera en el centro de la ciudad, en la intersección de Roca y San Martín. Allí, un grupo de vecinos y familiares se acercaron respetuosamente al intendente para solicitarle que se hiciera un minuto de silencio por Abigaíl que había fallecido solo algunas horas antes.

Catín no lo autorizó porque dijo que “no estaba en el protocolo”. (Agencia OPI Santa Cruz)

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Mostrando 18 Comentarios
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  1. aguante florenxio dice:

    Viejo inútil asesino. Tu inoporancia mató a la nena.. Explicárselo a tus nietos y seguí durmiendo tranquilo…

  2. Alejandro dice:

    El estado es culpable en este caso que se podria haber evitado…
    Si tienen dignidad la ministro de sociales y el secretario de desarrollo deberian de renunciar por incompetente.

    El secretario de desarrollo por no controlar de forma directa que sucede en sus areas y con casos de este estilo, esto no es hacer un torneo de fulbito en el rocha y salir para la foto, la incompetencia de sus funcionarios designados a dedos y no por curriculum que lo avalen terminan costando vidas.

    Mienstras que la ministro de salud por obra indirecta y organismo de control y maxima responsabilidad determinada por ley, ha colocado gente sin la minima idea a dirigir areas sencible.

    En todos los casos, es un tema que se podria haber evitado.. el cual lo unico que queda es pedir justicia y que paguen como corresponden los culpables, y que tanto profesionales y como operadoras delinguen responsabilidades para determinar en que momento se dejo de asistir adecuadamente en cada uno de los casos.

    A los padres no hay mucho que decir, simplemente que paguen con todo el peso de la ley como corresponde por asesinos de una pequeña indefensa.

  3. elbarto dice:

    cantin,jueza y de ahi para abajo…todos presos hijos de puta…tienen a una nena en el lomo..que no lo olviden nunca

  4. DOCENTE dice:

    LA DROGA PROVOCA ESTAS CONSECUENCIAS
    AVERIGUEN EN TURBIO, HAY UN MEDICO AGRESIVO Y DROGADO Y DEAMBULA POR LOS HOSPITALES, Y LAS AUTORIDADES NO DAN AVISO OFICIAL A NADIE…
    PORQUE TAPAN ESTAS SITUACIONES??
    LAS PAREDES HABLAN

  5. Adrian dice:

    La cara duras en estado puro. No tienen ningún excrupulo para quedar bien parados.

  6. melisa dice:

    excelente nota; no solamente los progenitores de abigail tienen que pagar por lo sucedido si no tambien todas aquellas personas, que pudieron haber evitado este macabro crimen.
    algo mas para decir sobre la gestion del Sr intendente. ahora muchas cosas por pensar y a la hora de votar.

  7. Marta dice:

    CHANTIN NO TE ALCANZA CON CHOREARNOS A TODOS LOS VECINO SINO QUE AHORA TAMBIEN NOS MATAS. SOS UN DELINCUENTE. LA MADRE DE LA NENA ENTRO A LA MUNI DURANTE TU GESTION!

  8. Lucrecia dice:

    Muy buen informe Opi. Este intendente tendra q responder por no haber nombrado a una persona capaz en la oficina de la niñez. Estos cargos tan importantes son ocuados por concursos públicos en otras provincias, entre prifesionales especializados en la materia de niñez, fue el espiritu de la ley 26061 del 2005 y 3062 de 2009. Hace diez años casi q esta vigente la ley nacional y aca los intendentes siguen poniendo gente inexperta y sin concurso. En Caleta hay una ex maestra de grado a cargo!!! Que puede saber de este tema? Pero claro, antes fue concejal del FPV y la premian. Hasta ahora habían tenido suerte los intendentes, mas vale q a partir d este caso aprendan q no es un cargo politico mas. Q concursen los cargos porque una de las facultades de la oficina es denunciar penalmente al intendente o gobernador que no impulse politicas de proteccion de la niñez. Si es un cargo politico me parece q difícilmente los encargados denuncien a sus jefes políticos que los becan en esas oficinas. La legislatura es impresentable. Nombran jueces y fiscales ignorantes, inoperantes y obedientes y esta es la justicia que tenemos. O se olvidaron de li que le hicieron al respetable Dr Muriete? O se olvidaron de que Paulita Ludueña fue nombrada en el Tribunal Superior pese a tener soli 38 añitos y pese a no tener ningun antecedente academico. Lo que les cabe al resto del tribunal. Es una joda esta Provincia y estas cosas como lo que le paso a Abigail no son casuales. LA CORRUPCION MATA. Este es un caso.

  9. Victor dice:

    Haciendo un analis al reves, hay que tener en cuenta que las Facilitadoras son personas que trabajan por un sueldo en negro, sin ningun tipo de capacitacion y mucho menos apoyo. Incluso cuando ellos informan de situaciones de riesgo, la Asistente Social no esta comprometida con todos los casos y si esta determina algun tipo de medida, los padres reclaman ante los jueces y los mismos terminan dandole la razon a estos padres. Lo de Abigail tiene que ser un ante y despues, por lo tanto basta con mirar los informes de todos los casos que tiene esta Direccion hoy en dia y podran ver la cantidad de Abigails que estan en la misma situacion…..

  10. Dino saurio dice:

    Una pueblada al asesino de cantin. Sin control sin obras sin limpieza sin honestidad sin capacidad sin ideas sin proyectos. Viejo choto. Puto

  11. FERNANDA dice:

    LAMENTABLE Y DOLOROSO LO QUE OCURRIO CON ABIGAIL. SOCIAL SALIO A HACERSE EL DESENTENDIDO Y A DESLIGAR CULPABILIDAD. SALIERON A DECIR QUE LAS OPERADORAS SON CAPACITADAS Y MAS ALLA DE SER PERSONAS QUE TRABAJAN EN NEGRO ES VERDAD QUE NO EXISTE LA CAPACITACION ES VERDAD QUE SIEMRPE LLENARON UNA SIMPLE PLANILLA Y NADA MAS. MUCHAS FUERON ASIGNADAS A HOGARES CON CASOS DE VIOLENCIA SIN EVALUAR QUE LA MISMA OPERADORA ERA VICTIMA DE VIOLENCIA Y OTRAS PENURIAS. COMO PUEDE SER OPERADORA UNA PERSONA QUE DEBE DEJAR A SUS NIÑOS SOLOS PARA IR A CUIDAR A OTROS,MUCHAS VECES M,UCHAS “OPERADORAS” FUERON ELEGIDAS A DEDO Y AUN CONTINUA ESA SITUACION Y SE LE PAGA EN ALGUNOS CASOS 20 MIL PESOS POR MES Y SE LO GANAN YENDO 3/4 HS. A UN HOGAR ASIGNADO. ESA SUERTE LA CORREN QUIENES SON AMIGAS DE DIRECTORAS MINISTRA SECRETARIA DE ESTADO, EN CAPACIDADES CUANDO ESTABA ASANSA PASABA ESO, COMO PASA QUE MUCHAS EMPLEADAS DEL MISMO MINISTERIO TRABAJAN, ENTRE COMILLAS, DE OPERADORAS Y NO CUMPLEN EN NUNGUNO DE LOS DOS TRABAJOS. SEGURAMENTE SIGEN ABIENDO CASOS ASI. COMO OCURRE EN EL CIC CARMEN, UNA EX OPERADORA ES SUB ENCARGADA, COMO OCURRE EN FAMILIA UNA OPERADORA ES CAPACITADORA Y OTRAS CUMPLEN COMO ADMINISTRATIBAS,LAS ASISTENCIAS QUE SACAN PARA PAGARLE A LA MILITANSIA SU TRABAJO DE IR A LOS ACTOS.COMO SE EXPLICA QUE HAYA DIRECCIONES MANEJADAS DURANTE TANTOS AÑOS POR LAS MISMAS PERSONAS,COMO SE ESPLICA QUE HALLA FUNCIONARIOS ATORNILLADOS A SUS CARGOS TANTOS AÑOS COMO ESTRELLA BORQUES MARCOS TAVACO ANA CARDENAS (ESPOZA DE TAVACO)LOS JARDINES MATERNALES, EL DIRECCION DE ABUELOS, HASTA HASE POCO DISCAPACIDAD, EN FAMILIA QUICIERON HACER EL CAMBIO CON SALDIBIA PERO NO PUDO CON TANTA CORRUCCION Y MENTIRAS, A BORQUES SE LE COMPROBO UN GRAN HAFANO SE FUE UN TIEMPO Y VOLVIO, NOS QUEJAMOS DE LOS K EN EL PODER PERO NO NOS QUEJAMOS DE LOS DIRECTORES Y PERSONAJES QUE TRABAJAN MAS ABAJO DEL GOBERNADOR Y MINISTROS. NUNCA CAMBIAN Y LOS PROBLEMAS EXISTEN DESDE SIEMPRE SOLO QUE AHORA CONTAMOS CON INTERNET QUE CONTAMO LA VERDA Y NO ES TAN FACIL PARA LOS CORRUPTOS TAPAR SUS CA…DAS. LA FALTA DE CONTROL NO ES DE AHORA ES DE SIEMPRE. LOS ASADOS DE JORGE BILCA CON LOS VALES DEL MINISTERIO, LA CAMIONETA DE SOCIALES QUE SE QUEDO GACHI RAMIRES HACE COMO 10 AÑOS,LOS VALES DE NASTA PARA VEHICULOS PARTICULARES, LOS HOGARES SUSTITUTOS DE MENORES Y ABUELOS Y SU ABANDONO Y FALTA DE CONTROL NO ES DE AHORA, LOS CASOS DE VIOLENCIA QUE QUEDARON EN PAPELES NO ES DE AHORA, HOY LAMENTAMOS A ABIGAIL, A LOS ABUELOS MALTRATADOS, EL ABANDONO DEL ESTADO Y LA CARA DE CHAPA DE LOS FUNSIONARIOS. TODOS TIENEN QUE RENUNCIAR TODOS UNA MAESTRA JARDINERA AL FRENTE DE DESARROLLO QUE HASE LA VISTA GORDA EN AREAS CLAVES, UNA SECRETARIA DE ESTADO QUE HIZO DE TODO PARA TAPAR QUE SU SOBRINA MATO A SU BEBE EN CORDOBA, UNA ABOGADA CECILIA LOPEZ SIN CARRERA EN SOCIAL, ESTAMOS RODEADOS DE PERSONAS HINUTILES SOVERVIAS EN LOS CARGOS PUBLICOS PORQUE CUIDAN SU RANCHO PARA QUE NADA SALGA A LA LUZ, DEBERIAN HAYANAR TAMBIEN SOCIALES EN LAS AREAS DE NIÑEZ DISCCAPACIDAD ABUELOS Y FAMILIA ES EL MOMENTO DE ATACAR TODOS LOS FRENTES SIN IMPORTAR QUIEN CAIGA. TAMBIEN EL PALO ES PARA DANIEL ALVARES OTRO HINUTIL QUE NO DA LA CARA NI MUCHO MENOS SE PREOCUPA POR LAS DENUNCIAS DE VIOLENCIA EN LOS CHICOS. ESTO ES UN VIBA LA PEPA.

  12. nancy dice:

    Inutiles todos los que no hicieron desde el estado nada para salvar a la beba son todos unos asesinos hdrmp deben renunciar

    • Lamentable dice:

      Aca es lamentable el desenlace de la bebita, pobre angelito, pero tambien las asistentes sociales deben encargarse de chequear estas denuncias de maltrato y hacer un seguimiento para que actue la jueza o juez a cargo.mi pregunta es..ahora que hacemos?escrache a todos los que estan comprometidos, hasta los familiares que no se la jugaron y las responsables de seguir este caso.

  13. daniela dice:

    En caleta pasa exactamente lo mismo con la oficina de niñez y mujer. La q maneja la ofc de niñez es la misma q maneja mujer (con ella la casa abrigo) y el hogar de ancianos….abarco mucho (para cobrar mas obvio) y no hace nada en ningun lado….ahora si te presentas con camara y microfono automaticamente aparece no se de donde….pero cdo la llamas porq hay un menor en riesgo…si es de noche, fin de semana o feriado mo te contesta nadie…ni la guardia…osea estan solos los menores y drspues si pasa algo se pasan el problema uno a otro y asi hasta q no resuelven nada y ni hablar de casa abrigo…nunk pueden recibir a nadie…todo para q las q deben estar ahi se arrasqen..pero aun asi cobran su sueldo a fin de mes…sin trabajar claro….

  14. ALE dice:

    ESTOY MUY DE ACUERDO CON LO QUE DICE ESTA LECTORA, POR ESO LO COPIO!!!! FIJENSE EN LAS LOCALIDADES HAY JEFES DESINTERESADOS POR EL TEMA DE LA NIÑEZ, APATICOS, QUE NO TIENEN EXPERIENCIA NI CAPACITACION EN ESTAS TEMATICAS!!!!!!!!!!!!NO HACEN LO QUE TIENEN QUE HACER Y ASI PASAN COSAS TERRIBLES!!!!!!!!!!Lucrecia dice:
    27 agosto, 2014 a las 8:23 pm
    Muy buen informe Opi. Este intendente tendra q responder por no haber nombrado a una persona capaz en la oficina de la niñez. Estos cargos tan importantes son ocuados por concursos públicos en otras provincias, entre prifesionales especializados en la materia de niñez, fue el espiritu de la ley 26061 del 2005 y 3062 de 2009. Hace diez años casi q esta vigente la ley nacional y aca los intendentes siguen poniendo gente inexperta y sin concurso. En Caleta hay una ex maestra de grado a cargo!!! Que puede saber de este tema? Pero claro, antes fue concejal del FPV y la premian. Hasta ahora habían tenido suerte los intendentes, mas vale q a partir d este caso aprendan q no es un cargo politico mas. Q concursen los cargos porque una de las facultades de la oficina es denunciar penalmente al intendente o gobernador que no impulse politicas de proteccion de la niñez. Si es un cargo politico me parece q difícilmente los encargados denuncien a sus jefes políticos que los becan en esas oficinas. La legislatura es impresentable. Nombran jueces y fiscales ignorantes, inoperantes y obedientes y esta es la justicia que tenemos. O se olvidaron de li que le hicieron al respetable Dr Muriete? O se olvidaron de que Paulita Ludueña fue nombrada en el Tribunal Superior pese a tener soli 38 añitos y pese a no tener ningun antecedente academico. Lo que les cabe al resto del tribunal. Es una joda esta Provincia y estas cosas como lo que le paso a Abigail no son casuales. LA CORRUPCION MATA. Este es un caso.

  15. mar dice:

    la municipalidad que investigue la justicia que clase de gente trabajan ai ,la mayoria son borrachos ,chorros,AI ABUSADORES QUE ESTAN CON DENUNCIAS Y TDO YENSIMA ESTOS HDP QUE MATARON ESA CRIATURA INVESTIGUEN A CADA TRABAJADO EL QUE TENGA ALGUN DELITO QUE LO ECHEN PORQUE AI MUCHOSS DE TODO UN POCO AI COMO ES POR POLITICA ENTRO A LA MUNI Y LISTO ….

  16. BEATRIZ dice:

    DIOS MIO. LA POLITICA HACE CAMPAÑA ENTRA CUALQUIERA A LA MUNICIPALIDAD ESO ES VERDAD AI DE TODO NO LE ECHAMOS LA CULPA AL 100 % DE LOS EMPLEADOS PERO LA ADMINISTRACION PUBLICA LA MUNICIPALIDAD SON CUALQUIERA ENTRAN SIN ESTUDIOS ,SOLO POR SEGUIRLE EL CULO A UN POLITICO POR UN LABURO Y HACEN ESO PORQUE SI LA MAYORIA TIENEN ANTECEDENTES EN OTRO LADO ASI NOMAS NO ENTRAN …. VAS A LA MUNI Y LAS MINITAS QUE ENTRAN POR POLITICA CAPAZ QUE NI SECUNDARIO TIENEN ,TOMAN MATE SE PINTAN LAS UÑAS ,OTRAS SE ARRODILLAN Y LISTO ,Y LOS DE LA MUNI NI HABLAR AI ALGUNOS QUE TIENEN QUE ESTAR PRESOS Y NO LO ESTAN CON MOTIVOS HABLO EH … LIMPIEN LA MUNICIPALIDAD DEL 100 % QUE ESTEN LIMPIOS QUEDARA UN 30 % UNA VERGUENZA NACIDA Y CRIADA EN RIO GALLEGOS !!! VI Y NOTE MUCHAS COSAS A LO LARGO DE MI VIDA EN RIO GALLEGOS QUISE ENTRAR CON ESTUDIOS A LA MUNI Y NO PUDE , JAMAS !! Y HOY AI CADA UNOOOOOO AI ADENTRO QUE POR POLITICA ENTRARON Y NI ANTECEDENTES LES PIDEN ESATA GENTE QUE MATO A ABIGAIL … MERECIA ENTRAR A LA MUNI ????? COMO ENTRARON ? por politicaaaaaaaaaaa señores dan asco que se aga justicia por abigail ANGELITO DE DIOS !

  17. Romina dice:

    Me gustaría compartir una nota del diario el ciudadanodelasheras del año 2011 que es clara sobre este tema.

    18 noviembre 2011
    19:48
    A cinco años de la sanción de la Ley 26061, de Protección Integral de la Infancia.

    La vida de una ley cinco años no parece mucho, pero ¿si pensamos en la vida de un chico? Ahí las cosas parecen cambiar.
    En ese tiempo, ya marcado por un presente doloroso, puede definirse también un futuro sin horizontes.
    En los últimos meses del 2005, el Congreso Nacional sancionó la ley 26.061 de Protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes, acorde a los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño. Significó un cambio de paradigma por el que los chicos dejaron de ser objeto de tutela del Estado para pasar a ser sujetos de Derechos. Es decir, comenzaron a tener status de ciudadanos plenos.
    Se superaba así la tristemente célebre Ley de Patronato, primera ley de minoridad de América Latina, que durante todo el siglo pasado había consolidado la intervención del Estado en la vida de los niños en situación de pobreza y daba facultades de tutela a los jueces para, por ejemplo, disponer arbitrariamente de cualquier niño que hubiera cometido o sido víctima de una contravención o delito, o se encontrara “material o moralmente abandonado”, para entregarlo a “una persona honesta, o a un establecimiento de beneficencia privado o público, o a un reformatorio público de menores”.

    Hoy, cinco años después, la implementación de esa ley no es pareja en todo el país. Mientras hay jurisdicciones en las que se avanzó en el reconocimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes, hay otras en los que el Patronato, y todo lo que ello implica, no parece estar tan lejos como se cree.
    ¿Razones?
    La falta de políticas públicas acorde a lo que dispone la ley, los pocos avances en la asignación de recursos para las áreas de niñez y las decisiones de muchos jueces acordes con los principios del Patronato, son los motivos que dificultan el avance de la ley, según afirman los especialistas consultados.

    Los cambios que provocó la ley 26.061 en la vida de los chicos

    La sanción de la ley 26.061 se demoró por casi diez años, en los cuales encontró trabas de todo tipo. La 26.061 generó cambios sustanciales en la vida de los niños y niñas. Por ejemplo, dispone que el juez sólo debe intervenir cuando se trata de problemas jurídicos o conflictos con la ley penal, no puede tomar cualquier medida y, si lo hace, ésta debe tener una duración determinada. Que el Estado no es “patrón” sino promotor del cumplimiento de los derechos de los niños y niñas y de su bienestar, que interviene con políticas públicas básicas (educación, salud, etc.) o de protección especial (subsidios directos, por ejemplo). Que la situación económica nunca puede dar lugar a la separación del niño de su familia, pero sí constituye una alerta que obliga al Estado a apoyar a la familia con programas de salud, vivienda y educación. Que el juez tiene la obligación de oír al niño que cometió un delito, quien a su vez tiene derecho a tener un abogado defensor y a un debido proceso con todas las garantías. El niño o adolescente, si es inocente, no puede ser privado de su libertad.
    En definitiva, la 26.061 establece que son los gobiernos, sus políticas, sus presupuestos, sus legislaciones, los responsables del destino de los chicos y chicas. Pero ese es uno de los puntos de aplicación más débiles que señalan los especialistas.

    Eso es lo que plantea la ley. ¿Pero qué ocurre en la realidad?

    En la Justicia, donde los avances son más lentos

    En su investigación “Realidad de los derechos humanos de la infancia en Argentina”, la Fundación Sur asegura que “no obstante haberse derogado formalmente a nivel nacional, el modelo tutelar persiste en el quehacer de las instituciones administrativas. En tal sentido, en la práctica no se ha superado aún completamente el esquema de intervención institucional sobre las niñas, niños y adolescentes de las familias más pobres, frente a quienes el Estado a partir de la categoría de “peligro moral o material” continúa actuando coactivamente al seguir estableciendo, en muchos casos, la separación de su medio familiar y comunitario. Situación que vulnera, llanamente, los principios contenidos en la CDN y en la Ley Nacional 26.061”.

    Según Laura Rodríguez, abogada, coordinadora de la Clínica jurídica de la Fundación Sur Argentina, “todavía hay jueces en todo el país que te dicen que al chico lo sacan del entorno porque están en medio de la violencia o para protegerlo, pero lo llamativo es que siempre pasa con los chicos que son pobres…algo falla ahí. Otra cosa: la medida es por tres meses y prorrogable sólo una vez, pero a veces pasan tres años y los chicos siguen en la misma situación, eso es Patronato puro”.
    Para muestra, un dato: sólo en la ciudad de Buenos Aires hay unos 1.300 chicos que aún viven en hogares. Algunos son bebés pero también hay chicos de hasta 17 años. La enorme mayoría no cometió delitos ni sus familias cometieron delitos contra ellos: están ahí porque viven en situación de pobreza, porque sus padres murieron o los dejaron, porque estaban en la calle o porque los llevan a cartonear o mendigar para no dejarlos solos.

    “Esta situación se repite en todo el país, es cierto que algunos institutos cerraron, pero también es cierto que también hay provincias que siguen abriendo institutos, les ponen otro nombre pero la lógica es la misma del Patronato: el encierro”, asegura Nora Schulman, de Casacidn.

    Por su parte, Graham, de Sennaf, acepta que “el sistema judicial es cierto que avanzó menos, en relación a lo que hizo el Estado”, y agrega: “En la ciudad de Buenos Aires en el año 2007 había 500 chicos en esta situación, qué se hizo mal para pasar a este número un par de años después. El sistema judicial es cierto que avanzó menos, en relación a lo que hizo el Estado. Nos sigue pasando en algunas provincias que la mitad del tiempo de trabajo lo dedicamos a disputar con un juez la protección del niño. Hay magistrados que todavía siguen llamando al 102 (recibe denuncias de supuestos casos de abusos o abandono contra la niñez y la presencia de niños en situación de calle) para que entreguemos a un chico a una familia de crianza, así, sin más, desconociendo otros mecanismos para protegerlo. Cambiar esa concepción llevará mucho tiempo”.

    Y en este punto, hay otras voces que rescatan el papel que muchas veces juegan los jueces en garantizar el cumplimiento de los derechos. Aunque con límites, claro.

    Una de ellas es Gimol Pinto, especialista de UNICEF en Protección de Derechos, quien asegura que “la intervención judicial no está mal en todos los casos, hay situaciones en las que es mejor que intervenga un juez, hay hechos en los que es mejor que un juez ponga orden. Hay derechos que prevé la ley pero que hasta que la propia justicia no interviene y los garantiza, como en situaciones vinculadas a lo educativo o la discriminación, no se efectivizan. La intervención judicial está muy demonizada y muchas veces es la forma más concreta de garantizar un derecho”.

    El mapa de la 26.061: la situación en las provincias

    Según la Fundación Sur, “algunas provincias dictaron a través de sus Cortes Supremas de Justicia acordadas mediante las cuales intentaron suspender la aplicación de la normativa nacional a nivel local, mientras que otras no cuentan siquiera con una normativa local acorde a la misma”.
    Corrientes, Misiones y Mendoza son tres buenos ejemplos para entender qué desafíos enfrenta la implementación de la ley en las provincias.

    Aldo Fernández, es secretario de APACO (Asociación para asistencia a la comunidad) en Corrientes. Allí, los avances son pocos, de hecho aún hay unos 200 chicos menores de edad viviendo en institutos. Según Fernández, “en la actualidad se ha conformado un Consejo Provincial de Niñez, adolescencia y familia, como lo pide la Ley, pero en la praxis todavía permanece el Patronato. El área de Niñez que en el Ejecutivo Provincial se ocupa de lo referido a la Protección Integral de derechos de niñas, niños y adolescentes se llama Dirección de Minoridad y Familia, y los Jueces son de Menores, es decir falta una adaptación de todo el sistema que atiende las cuestiones de niñez.
    Desde el sector social, por iniciativas de diversas ONGs se inician acciones de articulación en lo que apunta a la capacitación de los recursos humamos de estos espacios, sobre todo el del Ejecutivo. Ellos necesitan actualizar todo, no hay manejo de la Ley 26061 y la Convención de los Derechos del Niño, por ello esperamos aún que se apruebe la Ley Provincial en materia de Niñez”.
    En Mendoza, según Laura Acotto, Presidenta para America Latina y Caribe de la Federación internacional de Trabajo Social, “el presupuesto todavía se basa en la programación histórica. Al no existir un plan de trabajo para el sector, el presupuesto no se aleja de lo que ya venía diseñado. Otra dificultad es que no se han adaptado las reglamentaciones técnico-administrativas y contables, las cuáles se transforman en muchas ocasiones en “máquinas de impedir’, aquellas cuestiones que se definen desde el ámbito político”, y brinda un ejemplo de cómo todo esto complica la asistencia estatal a las familias más necesitadas: “Se colocan disposiciones para el otorgamiento de subsidios que son imposibles de cumplir, entonces se institucionalizan formas no adecuadas que permiten salvar el problema, sin adecuar las disposiciones. Por ejemplo no están los recursos para apoyar económicamente a una familia que lo requiere para poder recibir el reintegro de un niño, entonces se les exigía la presentación de un proyecto productivo (porque para ello sí hay recursos), aunque se sepa que de ninguna manera podrá montar un emprendimiento productivo con 300 o 500 pesos mensuales, sobre todo cuando ese recurso lo necesita para sostener al niño que es restituido a su familia”.

    Paula Fernández, de la Fundación Juntos x Gurises, de Entre Ríos, afirma que en esa provincia “se dieron pasos para el cumplimiento de la ley, el organismo provincial descentralizó a los municipios y creó Servicios de Protección de derechos. Desde el año pasado se cuenta con ley provincial y se están mejorando las articulaciones con el resto de los actores sociales. Para mi entender lo más difícil es la conciencia de la corresponsabilidad y que las comunidades crezcan en su compromiso diario. En cuanto a la Justicia, también hay prácticas instituidas difíciles de ir modificando, pero vamos caminando abriendo los espacios de diálogo. La sociedad aún pide que saques los niños/as de su ámbito por razones culturales y sociales. Se necesitan mayores articulaciones entre Salud y Educación, en especial en primera infancia”.
    Según la investigación llevada a cabo por la Fundación Sur, la ley 26.061 presenta distintas realidades de aplicación en todo el país. Lo que sigue es un breve panorama de algunas provincias.
    Salta tienen una Ley de Protección Integral con aditamentos tutelares; en cuanto a la aplicación, actualmente se presentó un amparo colectivo en favor de niños, niñas y adolescentes institucionalizados por cuestiones asistenciales por parte de una Defensora de Menores con el objeto que el Estado provincial cese en la omisión de implementar las políticas publicas pertinentes y las aplique para lograr la desinstitucionalización y regreso con su familia de origen o extensa. Respecto a esta presentación, la Fundación Sur presentó un amicus con la finalidad de apoyar la loable acción de la Defensora en favor de los derechos y garantías de los chicos involucrados.
    En Salta, existen dos proyectos de ley: uno sobre la creación del Sistema de Protección Integral de Derechos y otro sobre Responsabilidad Penal Juvenil. Cabe señalar que, en esta provincia, la autoridad de aplicación de derechos dejó de funcionar por decisión del gobernador.
    En Tucumán, en cambio, se sancionó finalmente este año una Ley de Protección Integral de derechos, luego de dos vetos que la negaron por falta de presupuesto.
    En Mendoza, está vigente la ley provincial 6354, con aditamentos
    Tutelares. La Suprema Corte de Justicia local, levantó en 2008 la suspensión por ella dispuesta a la ley 26061 en relación a los aspectos procedimentales, estableciendo que una comisión mixta redacte un proyecto de ley que reforme la actual.
    Sin embargo, a la fecha la misma no se ha modificado. También se previó un convenio que rigiera la transición.
    En relación a Córdoba, es una de las provincias más conservadoras y continúan extendiendo la vigencia de la ley 9053, más allá de encontrarse vigente la ley de adhesión a la ley nacional sancionada con posterioridad, que se limita a crear la figura del Defensor del
    Niño. Existe un proyecto de ley presentado en 2010 que “disfraza” los aditamentos tutelares de protección integral.
    Por su lado, Santiago del Estero, también ha sancionado una ley de protección integral de derechos provincial y un decreto del Ejecutivo ordena al Poder Judicial la organización de las causas para dar cumplimiento a la ley, hecho que se ha cumplido por medio de acordadas.
    Santa Fe, tiene una ley de Protección Integral de derechos y actualmente se ha reglamentado exhaustivamente la misma por medio de un decreto del Poder Ejecutivo.
    Neuquén, posee una de las leyes más antiguas y avanzadas de
    Argentina en la materia por crear fueros especializados en niñez y adolescencia. Sin embargo, algunos de sus artículos conservan componentes del viejo sistema.
    Santa Cruz, finalmente ha sancionado su propia ley, y es una de las pocas que contiene la figura del abogado del niño en sintonía con la ley nacional. No obstante, la norma dista de la práctica concreta aún.
    La Rioja tiene su propia ley de Protección Integral, la que en su momento resultó vetada, pero más tarde dicho veto fue dejado sin efecto.
    En Catamarca, la ley adhiere al espíritu de la 26061, pero eufemísticamente, requiriendo de la intervención de los otros poderes para una reglamentación posterior, dejándose para más adelante la implementación definitiva al condicionarla a tal situación.

    Fuente:www.periodismosocial.net

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