21/10 – 09:20 – El futuro de los juicios contra funcionarios.Para Graciela Camaño “busca la impunidad”. Gil Lavedra y Bullrich, por una Procuración independiente.
Referentes de la oposición alertaron ayer sobre la posibilidad de que, en caso de avanzar el proyecto oficial para reformar el Código Procesal Penal, se encubran delitos que puedan haber cometido funcionarios públicos. Fuentes parlamentarias del kirchnerismo aseguraron que esperan que el Ejecutivo envíe esta semana el texto al Congreso, para que en los próximos días se inicie el tratamiento en las comisiones.
“Lo primero que hay que saber es para quién es el Código Procesal Penal. Es fundamentalmente para la Capital Federal. Para los delitos de narcotráfico, falsificación de moneda y vinculados con la AFIP, o sea los que tratan los juzgados federales. Es para los delitos de funcionarios públicos, y los de este Gobierno tienen alrededor de 750 causas girando por Comodoro Py”, dijo la diputada massista Graciela Camaño a radio Mitre. “Este Código que quieren reformar no es para la gente, es para los funcionarios públicos. Es la manera en la que vienen a la búsqueda de la impunidad”, concluyó. “Estamos de acuerdo con un sistema acusatorio para la agilización del proceso. Pero en el caso del Procesal Penal de la Nación, que tiene la mirada puesta sobre los delitos de funcionarios públicos, tiene que haber cierto control del juez. El poder de investigar y cómo investigar no puede quedar en manos de los fiscales. La influencia política del Poder Ejecutivo sobre la Procuración es muy alta”, agregó Camaño, y cerró con una referencia a Amado Boudou: “Creemos que tiene que haber detención inmediata y una participación más activa de la víctima o los familiares en el proceso. Si cumplimentamos estas cuestiones estaríamos en serio legislando para la gente y no haciéndole el traje a medida a Boudou”.
La macrista Patricia Bullrich aclaró que “todavía no conozco el proyecto oficial” y consideró positiva la “transparencia” a partir de la oralidad, aunque advirtió: “Tenemos un problema que es la colonización de fiscales y jueces. Proponemos que sea un Código que comience a regir en 2016 en ocho provincias, en 2017 en ocho más, en 2018 en otras ocho y recién en 2019, con el otro gobierno, podamos tener la implementación. Necesitamos que el Ministerio Público sea como dice la Constitución, un extra poder, y no un poder ligado al Ejecutivo”.
El ex diputado radical Ricardo Gil Lavedra calificó la reforma de “tardía”, e indicó: “Trasladar el peso de un proceso de enjuiciamiento a un sistema acusatorio reclama una modificación de la Ley de Ministerio Público, sobre todo con la gestión de Gils Carbó”. (Clarín)
