Publicado el: 23, Oct, 2014

Intiman a Boudou para que su perito se presente en la causa por enriquecimiento ilícito


Se encamina hacia el juicio oral el caso del auto con papeles falsos por el que Boudou fue procesado
23/10 – 12:00 – El juez Ariel Lijo quiere comenzar el estudio contable sobre los bienes del vicepresidente de la Nación y de sus allegados. El magistrado intimó a la defensa para que el contador Eduardo Deahut acepte el cargo.

Por: Omar Lavieri
Amado Boudou tiene varias causas judiciales abiertas. Una de ellas es por enriquecimiento ilícito. El juez a cargo del caso es Ariel Lijo, quien determinó que se debe realizar un peritaje contable sobre los bienes del vicepresidente de la Nación y de las personas que están investigadas como sus testaferros.

Las partes involucradas en el proceso tienen que designar un perito contador para controlar el modo en que se realiza el peritaje por parte del Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Para que un perito comience formalmente a ser considerado en el expediente tiene que cumplir con un trámite burocrático: debe aceptar el cargo ante el juzgado. No alcanza con que un imputado lo nombre, el elegido debe aceptar ante el juez esa nominación.

Lijo intimó a la defensa del vicepresidente para que el contador Eduardo Deahut acepte el cargo como perito. Sin que se cumpla ese requisito, no puede comenzar el peritaje ordenado por Lijo.

Boudou tiene cinco días para que el contador acepte el cargo y además, según explicaron fuentes judiciales, presentar los puntos del peritaje que desea proponer para que se haga el estudio de los bienes.

Uno de los investigados como testaferro de Boudou, su socio José María Núñez Carmona tampoco realizó el trámite requerido para que su perito quede dentro de la causa. La intimación corre también para él.

El vicepresidente de la Nación junto a Nuñez Carmona, en la ciudad de Nueva York
En cambio, otro de los investigados, Alejandro Vandenbroele, el abogado que estuvo al frente de la imprenta Ciccone y que dice no conocer a Boudou, cumplió con los pedidos del juzgado y su perito ya aceptó el cargo.

Dehaut fue designado como perito por la defensa de Boudou en junio de 2013, y en septiembre pasado fue intimado para que acepte el cargo. El contador estaba de viaje entonces y no podía acercarse al juzgado. Pasado algo más de un mes lo volvieron a intimar. Recién cuando todos los peritos hayan aceptado el cargo en la causa, podrá comenzar el peritaje, fundamental para conocer cómo fue la evolución de los bienes de Boudou y de su círculo familiar y de negocios.

Mientras en la causa por enriquecimiento ilícito del vicepresidente se sigue sumando información sobre su patrimonio, la Sala I de la Cámara Federal estará en condiciones, a partir de hoy, de resolver la situación procesal de Boudou en el Caso Ciccone. El vicepresidente fue procesado por el juez Lijo por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho.

Hoy deben presentar sus argumentos ante la Cámara Guido Forcieri y Guillermo Reinwick, dos de los procesados por Lijo. Desde el momento en que ambos argumenten ante los jueces Jorge Luis Ballestero, Eduardo Freiler y Eduardo Farah, se puede tomar la decisión de confirmar o revocar los procesamientos dictados por el juez. (Infobae)

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  1. marcelo dice:

    El Gobierno de Estados Unidos advirtió que la Argentina tiene “instituciones débiles” y un “sistema judicial politizado e ineficaz”.

    Lo hizo a través del informe sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, que publica anualmente el Departamento de Estado de Estados Unidos, a cargo de Hillary Clinton.

    Corrupción. En el capítulo “Corrupción Oficial y Transparencia gubernamental”, el informe sostiene que “la ley proporciona penas criminales para la corrupción oficial” pero reportes de la prensa sostienen que hay “funcionarios del Ejecutivo, legislativos y judiciales prometidos en prácticas corruptas con impunidad”.

    En ese contexto habla de “instituciones débiles y un sistema judicial a menudo ineficaz y politizado judicial” que obstaculizan la lucha contra la corrupción.

    Asimismo, menciona diversos casos de presunta corrupción como el caso por el que se investiga al ex apoderado de Madres de Plaza de Mayo Sergio Schoklender, la investigación sobre un supuesto esquema de financiamiento de las campañas ilegales del oficialismo de 2007 y la causa que involucra al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime por el presunto delito de haber recibido dádivas de empresarios a los que debía controlar.

    Derechos Humanos. Menciona entre los principales problemas vinculados a los derechos humanos el “uso excesivo de la fuerza” por parte de la Policía que “a veces culmina con muertes”, así como “acciones que ponen en riesgo la libertad de prensa” y las “continuas violaciones en los derechos de los pueblos indígenas”.

    Advierte sobre las “malas condiciones carcelarias” que incluyen el “maltrato a algunos prisioneros, el arresto y detención arbitrarios de manera ocasional” y cita la preocupación por la “eficiencia judicial e independencia” y la “corrupción de funcionarios”.

    Enciende el alerta sobre “la violencia doméstica contra las mujeres, el abuso infantil, la trata sexual y trabajos forzados -sobre todo en el interior del país- y el trabajo infantil”.

    Con respecto a lo sucedido durante la última dictadura militar, el informe destaca que “las autoridades continúan investigando y enjuiciando a los individuos implicados en desapariciones, asesinatos y torturas” y lo subraya como “un foco de la política del gobierno argentino en materia de derechos humanos”.

    Libertad de prensa. Acerca de la libertad de prensa, el informe del Departamento de Estado, que comanda Hillary Clinton, recuerda que “la constitución asegura la libertad de palabra y de la prensa” y el gobierno nacional “con excepciones”, “generalmente respeta en la práctica esos derechos”. No obstante indica que la Asociación Interamericana de Prensa (IAPA) y “otras organizaciones” expresaron su preocupación acerca del gobierno por la relación conflictiva y la censura indirecta” a ciertos medios de comunicación.

    Reseñó que en el Mercado Central, “el gobierno federal, ordenó que sus empleados ponerse ropa con la leyenda ‘Clarín miente’, que luego fue utilizada en carteles en otro acto. Detalló que el 15 de setiembre del año pasado “un tribunal federal para asuntos económicos ordenó a los periódicos Clarin, La Nación, Ámbito Financiero, El Cronista Comercial, Buenos Aires Económico, y Página 12 proporcionar la información de contacto, incluyendo direcciones personales, de cada periodista que había hecho un informe sobre la estadística de inflación del país desde 2006”.

    “La estadística de inflación oficial había sido criticada en algunos periódicos como inexacta”, subrayó.

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