Publicado el: 23, Oct, 2014

Las empresas atribuidas a Báez se niegan a dar datos en EE.UU.


El empresario Lázaro Báez en el mausoleo de su amigo y socio, indicando últimos detalles de terminación, días previos a la inauguración – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz
23/10 – 11:40 – Apelaron la orden de un juez de Nevada para no dar información sobre cuentas del empresario K o de su entorno.

Por: Ana Barón
Pese a la orden de un juez del estado de Nevada, las 123 empresas adjudicadas al empresario Lázaro Báez se resisten a brindar la información que los fondos buitres les han pedido y exigen que NML sea sancionado.

En un escrito presentado el lunes por las 123 empresas, el abogado que las representa Jason Wiley, afirmó que sus clientes no tiene la documentación que está buscando NML sobre compra de propiedades o cuentas bancarias.

Cabe recordar que NML presentó el 1 de abril pasado una moción para que un tribunal de Nevada obligue a esta empresas a proveer dos tipos de documentos:

–Documentos relacionados con la transferencia de fondos y de propiedades desde el 1 de enero del 2010 desde o hacia Argentina de las 123 empresas

–Documentos producidos en conexión con la investigación sobre Báez. Entre otros documentos pedían todos aquellos que pudiera mostrar quienes son los dueños de las empresas y de las personas autorizadas a dar instrucciones. También documentos sobre cuentas bancarias y fondos.

El 11 de agosto la moción presentada por NML fue aceptada por el Juez Cam Farenbach. Pero el abogado de las 123 empresa Jason Willey no se quedó de brazos cruzados. El 19 de setiembre presentó una moción explicando porque la información que pedía NML “no es razonable” y piden al juez que sancione a NML.

De acuerdo a Wiley todo el pedido de información sobre las 123 empresas de NML se basó en el dictamen del fiscal José María Campagnoli. Pero según él, Campagnoli no logró demostrar que Baez y o la compañía suiza Helvetic Services giraron fondos de Argentina a las 123 empresas como tampoco si hay algún tipo de relación entre Baez o Helvetic Services y las 123 compañías. Helvetic fue la compradora de SGI (“La Rosadita”) que se usó en las operaciones financieras sospechosas por la que salieron 55 millones de euros del país en el 2011.

En el escrito presentado el lunes, Wiley afirmó que algunas de las 123 empresas “no tiene nada que ver con Argentina”. Menciona dos que “están relacionadas con dos ciudadanos turcos”. El capital de una de ellas Easter International fue provisto por “Necmi Alper Sumer”, una persona o una entidad turca. “Esta persona o entidad nunca ha sido mencionado de ninguna manera en conexión con Báez, los Kirchner, o la República Argentina, ni por Campagnoli ni por ningún medio de prensa”, afirmó Wiley.

Más aún, Willey acusó a NML de “haber obtenido los acuerdos de operaciones de 17 de las 123 empresas y de no haberlo revelado ante la Corte hasta último momento”.

De los 17 acuerdos de operaciones sólo uno, “el de Estrivela LLC está relacionado con el pedido de información de NML”. Lo que Wiley no menciona es que esa puede ser la pista que puede develar todo el entretejido de empresas.

Según las 123 empresas NML se merece sanciones porque el pedido de información supone “un peso y gastos que no están justificados”. NML, sin embargo, obtuvo autorización para pedir información, lo que inglés se llama un proceso de discovery de la Corte Suprema de Justicia local. (Clarín)

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  1. marcelo dice:

    El Gobierno de Estados Unidos advirtió que la Argentina tiene “instituciones débiles” y un “sistema judicial politizado e ineficaz”.

    Lo hizo a través del informe sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, que publica anualmente el Departamento de Estado de Estados Unidos, a cargo de Hillary Clinton.

    Corrupción. En el capítulo “Corrupción Oficial y Transparencia gubernamental”, el informe sostiene que “la ley proporciona penas criminales para la corrupción oficial” pero reportes de la prensa sostienen que hay “funcionarios del Ejecutivo, legislativos y judiciales prometidos en prácticas corruptas con impunidad”.

    En ese contexto habla de “instituciones débiles y un sistema judicial a menudo ineficaz y politizado judicial” que obstaculizan la lucha contra la corrupción.

    Asimismo, menciona diversos casos de presunta corrupción como el caso por el que se investiga al ex apoderado de Madres de Plaza de Mayo Sergio Schoklender, la investigación sobre un supuesto esquema de financiamiento de las campañas ilegales del oficialismo de 2007 y la causa que involucra al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime por el presunto delito de haber recibido dádivas de empresarios a los que debía controlar.

    Derechos Humanos. Menciona entre los principales problemas vinculados a los derechos humanos el “uso excesivo de la fuerza” por parte de la Policía que “a veces culmina con muertes”, así como “acciones que ponen en riesgo la libertad de prensa” y las “continuas violaciones en los derechos de los pueblos indígenas”.

    Advierte sobre las “malas condiciones carcelarias” que incluyen el “maltrato a algunos prisioneros, el arresto y detención arbitrarios de manera ocasional” y cita la preocupación por la “eficiencia judicial e independencia” y la “corrupción de funcionarios”.

    Enciende el alerta sobre “la violencia doméstica contra las mujeres, el abuso infantil, la trata sexual y trabajos forzados -sobre todo en el interior del país- y el trabajo infantil”.

    Con respecto a lo sucedido durante la última dictadura militar, el informe destaca que “las autoridades continúan investigando y enjuiciando a los individuos implicados en desapariciones, asesinatos y torturas” y lo subraya como “un foco de la política del gobierno argentino en materia de derechos humanos”.

    Libertad de prensa. Acerca de la libertad de prensa, el informe del Departamento de Estado, que comanda Hillary Clinton, recuerda que “la constitución asegura la libertad de palabra y de la prensa” y el gobierno nacional “con excepciones”, “generalmente respeta en la práctica esos derechos”. No obstante indica que la Asociación Interamericana de Prensa (IAPA) y “otras organizaciones” expresaron su preocupación acerca del gobierno por la relación conflictiva y la censura indirecta” a ciertos medios de comunicación.

    Reseñó que en el Mercado Central, “el gobierno federal, ordenó que sus empleados ponerse ropa con la leyenda ‘Clarín miente’, que luego fue utilizada en carteles en otro acto. Detalló que el 15 de setiembre del año pasado “un tribunal federal para asuntos económicos ordenó a los periódicos Clarin, La Nación, Ámbito Financiero, El Cronista Comercial, Buenos Aires Económico, y Página 12 proporcionar la información de contacto, incluyendo direcciones personales, de cada periodista que había hecho un informe sobre la estadística de inflación del país desde 2006”.

    “La estadística de inflación oficial había sido criticada en algunos periódicos como inexacta”, subrayó.

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