Publicado el: 24, Oct, 2014

Los buitres buscan lazos comerciales de Cristóbal López con Néstor Krichner, Cristina y Máximo (el nuevo candidato)


Cristina Fernández de Kirchner, Néstor Kirchner y Cristóbal López - Foto: OPI Santa Cruz
24/10 – 10:50 – La presión que vienen ejerciendo los fondos buitres, se va ampliando a todo el entorno de negocios que tenía el fallecido Néstor Kirchner y que entienden, fueron heredados por la familia. Ahora buscan la relación con Cristóbal López y prosiguen con la investigación sobre las sociedades donde interviene Lázaro Báez y sus hijos. Hay algunas señales de que habría “arreglo” con los houldouts; pero este sería el mayor reconocimiento de que la sociedad ilícita entre empresarios y la familia con negocios cruzados, es un hecho y no una sospecha. (Por: Rubén Lasagno)

De acuerdo a lo que publica hoy la periodista Silvia Pisani en el diario La Nación el juez Cam Farenbach de Nevada tiene un pedido expreso para investigar supuestos vínculos “irregulares” entre la familia presidencial y el empresario Cristóbal López deberá decidir en los próximos días sobre dos opciones para acallar el expediente.

Por un lado, la posibilidad de declarar “confidencial” buena parte de la información que en él maneja y disponer una suerte de “manto de protección” sobre los documentos y declaraciones que incluya, expresa el diario, es precisamente el nudo de este problema: si el gobierno arregla, los buitres cajonean todo, si el gobierno no paga, ellos avanzan.

Esta extorsión, el gobierno argentino no la puede detener, porque está más allá de sus posibilidades. La única manera de detenerla es: pagando a los fondos buitres. Pero el gran inconveniente que tiene el gobierno es que como hizo de este “no pago” una bandera patriótica y distribuyó malos tratos a todo el mundo que no pensara como él y al juez Griesa lo trató de gerente, por ordenar que cumpla con la ley; ahora, si por alguna razón Cristina Fernández gira 180º y bajo cualquier excusa justifica el pago a los fondos buitres, queda expuesta lisa y llanamente a un reconocimiento explícito de que desde el exterior se hacen las cosas que los jueces nacionales no hacen; es decir, encontrar la verdadera ruta del dinero, donde quede complicada Néstor, Cristina y Máximo Kirchner. Resumiendo: si no paga, se destapa la olla cuyo olor no se sabe a qué rincón del país puede llegar, si paga, queda en evidencia y eso impactará, no solo judicialmente, sino en la opinión pública de cara a las elecciones del 2015.

Por este mismo motivo y adelantado lo que expresamos aquí, el 9 de octubre de este año escribí una columna titulada “Báez es el lazarillo que los Buitres usan para cobrar su deuda” y ahora podríamos agregarle a Cristóbal López También.

La nota de La Nación de hoy, hablando de Cristóbal López prosigue señalando “Este pedido, el más inmediato que tiene en sus manos, podría dilucidarse la semana entrante. Se trata del expediente en el que el fondo NML, de Paul Singer, intenta seguir las actividades de la firma Val de Loire, radicada en Nevada, y a la que vincula con el empresario allegado al Gobierno, en su intento por localizar fondos irregulares. Uno de los pedidos que hicieron los abogados de la firma fue solicitar que se aplicara un “manto de confidencialidad” que proteja a los documentos y testimonios del caso de la difusión pública, según datos a los que tuvo acceso La Nación”.

Lo cierto del caso es que, como con Báez, comenzaron a seguir los pasos de Cristóbal, un empresario que si bien venía con capital propio, junto al kirchnerismo se hizo multimillonario y es indisimulable que detrás de su “kirchnerización”, existe un vínculo cruzado por intereses económicos y financieros. Remarca la Nación que es la primera vez se pide expresamente el aporte de documentación sobre supuestos vínculos entre el empresario kirchnerista y la familia presidencial. Esto es, la presidenta Cristina Kirchner, su fallecido marido, Néstor Kirchner, y el hijo mayor de ambos, Máximo.

El periodista Marcelo Bonelli, publica hoy en Clarín que Kicillof intimó y obligó a Vanoli a desdecirse de las categóricas afirmaciones que pronunció frente a veinte grandes fondos de inversión convocados por el J.P. Morgan, y cuyos textuales circularon en Wall Street a través de un “memo” secreto, que publicó Clarín en forma exclusiva, donde el gobierno está dispuesto a pagarle a los Fondos Buitres.

El gran problema del gobierno es hacer realidad el dicho popular “el pez por la boca muere”, pues, ahora, si quiere evitar este gran problema tiene que volver atrás sobre sus desaforados discursos “anti buitres” y declara su complicidad con Báez y López, como testaferros del poder, lo que traerá consecuencias inimaginables para el futuro.

Suris-Fariña-Lázaro

Ahora en Bahía Blanca, otro fiscal federal díscolo, Antonio Castaño, busca relacionar a Juan Suris, amigo de Fariña, con Lázaro Báez, a través de la cesión de facturas truchas entre empresas, dato revelado por la AFIP y de la cual Echegaray ahora parece arrepentirse, pero, lamentablemente para él, encendió una mecha que nadie sabe dónde puede terminar si la justicia en Bahía Blanca, profundiza.

Castaño envió oficio a la AFIP de Bahía Blanca, expresa hoy el diario Clarín, quien confirma que Echegaray hace lo posible por cerrar la caja de pandora que abrió, pero ahora la justicia federal bahiense, quiere seguir la pesquisa.

Desde el martes – dice Clarín – figuran en el sitio web de la AFIP dos listados de firmas detectadas con facturas apócrifas. Las usuarias son 1208 y allí figuran, entre otras, Compañía Iberoamericana de Servicios S.A., Constructora Patagónica S.A. y Penta, sospechadas de haber aportado facturas al empresario patagónico Lázaro Báez, para evadir impuestos por decenas de millones de pesos. Para la fiscalía, no está claro aun el origen de esos comprobantes falsos que habrían utilizado. El lunes, Echegaray dijo a la prensa que la firma Calvento S.A., al igual que Penta, ambas del grupo bahiense Ficcadenti, no tenía una actividad comercial conocida y la ubicó entre las usinas. Sin embargo, su nombre no aparece en el listado de la AFIP. Tampoco figura allí Terrafaris S.A., del mismo grupo empresarial y señalada también como usina de facturas apócrifas.

En el listado de las usinas que publicó la AFIP en su sitio web, aparecen las 6 empresas creadas por Juan Suris y cinco allegados, por las cuales el grupo irá a juicio oral por delito de asociación ilícita tributaria. Las firmas son: Attimo Bahía Blanca, M-Magna, Scarsur Bahía, E&J Argentina S.R.L. CVP Industria S.A. y Bahía Acoplar S.A.

Tras la conferencia de prensa de su administrador, la AFIP distribuyó un archivo con el listado de causas penales promovidas por el organismo a raíz de la detección de facturas apócrifas. De las relacionadas con Bahía Blanca, solo figura allí el expediente que tiene como principal imputado a Suris y en el que la AFIP es querellante. Ese dato y el hecho de que ni al fiscal Castaño ni al fiscal general Alejandro Cantaro, les suenen los otros nombres de firmas bahienses, hace dudar sobre si el organismo llevó ante la justicia, como sí hizo con Suris, el resultado de sus operativos de fiscalización sobre el resto de las firmas y en el que estarían involucrados varios millones de pesos”. (Agencia OPI Santa Cruz)

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  1. hugoantikk dice:

    PODRIAN COMENZAR EN SANTA FE CON ” PARANA METAL Y EL CASINO DE ROSARIO “,

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