Publicado el: 6, Nov, 2014

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Acusan a la Procuración General de haber espiado a un fiscal
06/11 – 09:50 – En una presentación judicial le atribuyen al organismo que preside Gils Carbó el
acceso en forma irregular a archivos informáticos de un caso; fuentes de la dependencia justificaron el hecho.

Por: Hernán Cappiello
El fiscal federal Guillermo Marijuan inició una investigación para determinar si desde la Procuración General de la Nación se espiaron dictámenes de causas en trámite en los que trabajaba un colega suyo.

Por ese motivo pidió datos de los servidores informáticos de la Procuración General de la Nación, que preside Alejandra Gils Carbó, para determinar si funcionarios del organismo realizaron espionaje a través de la red informática.

La investigación penal realizada por Marijuan surgió a partir de una denuncia del fiscal de instrucción César Augusto Troncoso, con la intervención del juez federal Rodolfo Canicoba Corral.

Troncoso denunció directamente a Romina Pzellinsky, a cargo del Programa de Políticas de Género, una oficina de la Procuración creada en 2012 por Gils Carbó, que lo investigaba por no indagar a fondo causas de violencia de género. El fiscal dijo que Pzellinsky accedió a sus dictámenes de manera irregular.

La Procuración admitió ayer en un comunicado que accedió a los dictámenes de Troncoso a pesar de no ser parte en las causas; dijo que accede a causas por violencia de género merced a un convenio con la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte y que “no se trata de una injerencia indebida”.

Pero Marijuan pidió ahora medidas de prueba para determinar si hay evidencias del espionaje informático, pues el fiscal Troncoso denunció que accedieron a su computadora de manera remota con una clave diferente de la suya mediante la red Fiscalnet, usada por las fiscalías para registrar el avance de las causas en trámite.

En la Procuración General, ante la consulta de LA NACION, admitieron que efectivamente accedieron a los dictámenes de Troncoso y dijeron que lo hicieron avalados porque una reglamentación aprobada por Gils Carbó le da al programa de violencia de género facultades para acceder a las causas mediante Fiscalnet, con una clave propia que le fue asignada. Y dijeron además que mediante un convenio con la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte, pudieron acceder a los dictámenes de Troncoso.

El caso se inició cuando la jueza Wilma López y la fiscal Graciela Caamaño, cuando era funcionaria del Ministerio de Seguridad en la gestión de Nilda Garré, denunciaron que Troncoso propició la desestimación de causas de violencia de género y no realizó medidas de prueba. Se trataba de un caso de dos chicas de 12 y 15 años, que vivían en una villa, que quedaron embarazadas, víctimas de abusos sexuales por parte de policías federales.

En ese sumario, Caamaño acusó a Troncoso de actuar “con profunda misoginia y desconocimiento de las cuestiones básicas desde una perspectiva de género, lo cual refleja los típicos estereotipos relacionados con la prostitución/explotación sexual y las personas con escasos recursos”.

Por esa causa hay seis policías y un guardiacárcel procesados por abuso sexual y promoción de la prostitución de las chicas e irán a juicio. La jueza López le cuestionó al fiscal que no impulsó la acción y que no les tomó declaración a las víctimas mediante cámara Gesell.

El fiscal entendió que no había delito, sino que la denuncia se relacionaba con la situación social de las víctimas.

Gils Carbó impulsó el juicio contra el fiscal, cuya instrucción quedó en manos del fiscal Marcelo Colombo. Se le pidió al programa de violencia de género un dictamen sobre los casos que tramitó Troncoso, y Pzellinsky concluyó que “se verificó la existencia de un patrón discriminatorio” que llevaba al archivo sin investigación o al pedido de sobreseimiento de los acusados en la mayoría de los casos.

Pzellinsky amplió las denuncias y aportó dos dictámenes de dos causas nuevas donde intervino el fiscal Troncoso: una de su propia fiscalía y otra cuando subrogaba a su colega Marcelo Retes.

Troncoso denunció que Pzellinsky accedió ilegalmente a esos dictámenes. Un colaborador de Gils Carbó defendió la actuación de la Procuración: “El programa de violencia de género tiene atribuciones para ver lo que hacen los fiscales en los casos de su competencia y seguir sus causas a partir del convenio con la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema”, dijo.

“No sacaron la información de una computadora, sino de Fiscalnet, están autorizados para hacerlo y acceder a los dictámenes”, afirmó este funcionario allegado a la procuradora.

En el comunicado oficial, la Procuración recordó que están haciendo el informe final en el sumario contra Troncoso y luego Gils Carbó decidirá si archiva el caso, sanciona al fiscal o lo eleva al tribunal de enjuiciamiento. Nadie duda de cuál será su decisión.

El caso se enmarca en un clima de tensión entre los fiscales y Gils Carbó, que tuvo como capítulo más resonante el fallido juicio político contra José María Campagnolli, que concluyó sin sentencia. (La Nación)

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