Publicado el: 21, Nov, 2014

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Allanaron la empresa de Cristina que controla el hotel Alto Calafate
21/11 – 09:20 – Con fuerzas de la Policía Metropolitana, el juez Bonadio también se llevó documentos de la AFIP y la IGJ. Investiga si la firma no presentaba balances y funcionaba de modo ilegal.

Por: Nicolás Wiñazki
Como su nombre lo indica, el hotel Alto Calafate domina a esa ciudad patagónica desde la ladera de un cerro que le da una vista excepcional del Lago Argentino. Desde ayer, esta empresa de la presidenta Cristina Kirchner es investigada por la Justicia. El juez federal Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli impulsan un expediente que busca determinar si la compañía funciona de modo ilegal gracias a la complicidad del área gubernamental que en realidad debería controlarla. Fue por eso que Bonadio ordenó el allanamiento de la última sede registrada de la firma que controla el Alto Calafate, llamada Hotesur. La Justicia también allanó la Inspección General de Justicia (IGJ); y realizó un operativo en busca de la información sobre el hotel que está en poder de la AFIP.

El hotel Alto Calafate-Hotesur fue regenteado hasta fines del año pasado por una empresa del socio de la Presidenta, Lázaro Báez, investigado por lavado de dinero en Suiza, Uruguay y la Argentina.

Ayer, después del allanamiento a una de sus empresas, la Presidenta viajó a Santa Cruz. Ni ella ni sus voceros habituales hablaron sobre el “caso Hotesur”.

El programa “Periodismo Para Todos” –conducido por Jorge Lanata– y también Clarín, habían informado sobre las irregularidades en el funcionamiento de Hotesur: su sede de la calle Lavalle 975 está inactiva; la empresa no presentó ante el Estado sus últimos estados contables; tampoco informó sobre la renovación de sus autoridades; y ni siquiera paga los impuestos de la IGJ.

El allanamiento de Hotesur ratificó una parte sensible de lo publicado: la sede de la firma registrada ante la IGJ, en Lavalle 975 piso cuatro departamento 5, está vacía y en alquiler, supo Clarín en base a fuentes que conocieron la trastienda de los distintos operativos judiciales.

El lunes 10, la diputada nacional Margarita Stolbizer (GEN) había presentado una denuncia penal contra la Presidenta y el ministro de Justicia, Julio Alak, entre otros funcionarios, argumentando que el mal funcionamiento de Hotesur podría esconder la comisión de delitos de corrupción.

Stolbizer señaló en su escrito que las finanzas de los Kirchner y de Báez se entrecruzaban en el Alto Calafate.

La legisladora resume en un párrafo las sospechas que generan las irregularidades comerciales del hotel: “Ahora bien, la Presidenta declara que su participación en Hotesur SA vale 9.367.528,85 pesos al 2013. Esto es imposible de chequear, ya que no presenta balances en la IGJ desde el año 2010”.

Ayer, la IGJ emitió un comunicado después del allanamiento de la Justicia. El texto dice que ese ente “hizo entrega de la totalidad de la documentación existente en poder del organismo relativa a la firma Hotesur S.A. (originales de Constitución de la Sociedad, Reformas de Estatuto, Cambio de Domicilio y declaración Jurada Res. IGJ N°1/10), así como copia certificada de la documentación presentada en soporte digital (Balances)”.

La IGJ, comandada por Martín Cormick, de La Cámpora, no aclaró si entregó la información respecto a la designación de autoridades; y tampoco especificó a qué años pertenecen los balances que se llevó la Justicia.

Los Kirchner compraron Hotesur en el 2008. Según la información recolectada por Clarín en base a fuentes de la IGJ, la familia presidencial no habría presentado nunca los estados contables de Hotesur, que sí había cumplido con esa obligación obvia cuando la sociedad tenía otros dueños.

El único trámite que realizaron los Kirchner en la IGJ con Hotesur fue una designación de autoridades del directorio en el 2009. Fue una medida que muestra cómo se entrelazan los vínculos comerciales de la familia con Báez, y viceversa.

De acuerdo a lo estipulado por la propia compañía, las autoridades de Hotesur deberían haberse renovado cada año. No hay registro de ello en el Estado.

El diario La Nación había difundido a fines del año pasado algunas de las irregularidades en el funcionamiento de Hotesur. La IGJ emitió en ese momento un comunicado diciendo que había intimado a la empresa para que se ponga en regla. Si las autoridades mandaron esa intimación a la sede registrada en Lavalle 975 piso cuatro departamento cinco, entonces fue una carta enviada a ningún lado.

En su última declaración jurada de bienes, Cristina Kirchner afirmó que sus acciones en Hotesur valen 9.367.528,85 pesos. Sin balances entregados al Estado para estudiar el dato, esa cifra es una cuestión de fe. (Clarín)

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