Publicado el: 28, Nov, 2014

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La Presidenta de la Nación, Lázaro Báez y Máximo Kirchner en el mausoleo de la familia Kirchner - Foto: OPI Santa Cruz
28/11 – 09:00 – Pidió la declaración jurada de la Presidenta y su familia, así como la del empresario y su hijo; busca establecer el vínculo entre las firmas Hotesur y Valle Mitre.

Por: Paz Rodríguez Niell
El juez federal Claudio Bonadio ordenó ayer un operativo en la sede de la AFIP para obtener las declaraciones juradas de la presidenta Cristina Kirchner, del ex presidente Néstor Kirchner y de sus hijos, Máximo y Florencia, en el marco de la causa que investiga a la empresa familiar Hotesur.

Para garantizarse que obtendría los documentos, el juez había habilitado incluso a los policías de la Metropolitana a que allanaran el organismo, medida que no fue necesaria. Fuentes de la causa relataron que los empleados de la AFIP se comprometieron a entregar antes de las 10 de hoy todos los papeles (explicaron al juzgado que por la cantidad de impresiones no les resultaba posible hacerlas en el momento).

El titular de la AFIP, Ricardo Echegaray se refirió ayer al tema en la conferencia de prensa en la que se refirió a casos de evasión fiscal en Suiza (ver página 20). Aseguró que la entidad que preside ha puesto a disposición toda la documentación, y cuando un periodista le preguntó si Hotesur tiene una deuda con la AFIP, expresó: “Si tiene una deuda, fue informada al juzgado”.

La AFIP debe remitir todas las declaraciones de ganancias y bienes personales presentadas desde 2008 por los Kirchner, así como las del empresario patagónico Lázaro Báez y su hijo Martín; de la sobrina de la Presidenta, la fiscal Romina Mercado (hija de Alicia Kirchner); del socio de Máximo Kirchner en el negocio inmobiliario Osvaldo Sanfelice, y de Adrián Berni, ejecutivo de Báez, entre otros investigados.

Todos están vinculados a las sociedades Hotesur o a Valle Mitre. Según informó a LA NACION un funcionario que trabaja en la causa, sus declaraciones fueron solicitadas después de revisar la documentación secuestrada la semana pasada, que confirmó la integración de estas compañías.

Hotesur SA es la firma con que la familia Kirchner controla Alto Calafate y el resto de sus hoteles en la Patagonia. Valle Mitre SA, de los Báez, es la empresa que durante años gerenció los hoteles de la Presidenta y la que le pagó millones de pesos por cientos de habitaciones que jamás usó. Además de incumplimientos a las exigencias de la Inspección General de Justicia (IGJ), organismo que controla a las sociedades, estas compañías son investigadas por un posible lavado de dinero.

La firma de una orden que habilitó un allanamiento ligado al nombre de la Presidenta cayó muy mal en el Gobierno. ¿Era necesario? ¿No bastaba con enviar un oficio? “Así es más expeditivo”, respondió a LA NACION una fuente que trabaja en el caso.

Para el secretario de Justicia, Julián Álvarez, esta decisión de Bonadio se trata de una “nueva prueba” de la estrategia del juez para evitar que el Consejo de la Magistratura avance contra él en las causas que tiene abiertas por mal desempeño. Álvarez lo llama “operativo escudo”. Ayer, él estaba en el Consejo cuando se enteró del procedimiento. Fue una escena casi calcada a la de la semana pasada, cuando Bonadio allanó Hotesur, la empresa de la Presidenta. Entonces, la relación de este magistrado con el kirchnerismo, que ya venía muy mal, llegó a un grado de tensión pocas veces visto entre un juez federal y la Casa Rosada.

Sobre todo, después de que la propia Presidenta dijo que no se iba a dejar extorsionar por “ningún carancho judicial” y acusó a Bonadio de ser parte, él también, de una empresa que adeuda balances.

En menos de 24 horas, aquella acusación se convirtió en una denuncia penal por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero contra el juez. La firmó el senador Marcelo Fuentes, antiguo jefe de Néstor Kirchner en sus tiempos de militancia platense, que pidió además 16 medidas de prueba que incluyen obtener un detalle de todas las cuentas bancarias de Bonadio y sus movimientos de fondos.

En paralelo, en el Consejo de la Magistratura, Álvarez presentó ayer una nueva denuncia contra Bonadio por mal desempeño (ver página 15).Se suma a los nueve expedientes que ya acumulaba “el 68 veces denunciado juez” (así lo definió Álvarez), expedientes que, en algunos casos, llevaban años sin haber despertado inquietud alguna en el oficialismo.

La nueva presentación será tratada por la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo, donde el kirchnerismo conserva la mayoría. Su nuevo presidente fue elegido ayer y es el representante de la academia, Jorge Candis, un hombre muy cercano a Álvarez. Ex juez laboral, Candis fue jefe del hoy secretario de Justicia en un juzgado de Lanús.

No obstante, el problema que tiene el oficialismo es que por fuerte que sea en la Comisión, no cuenta con los dos tercios del plenario que necesita para llevar al magistrado a juicio político. Por eso, apuesta a un operativo en varios frentes. En materia penal, la denuncia de Fuentes ya empezó su camino. Se sorteó y le tocó a Julián Ercolini, que tiene su despacho justo enfrente del de Bonadio, en el cuarto piso de Comodoro Py 2002 (ver aparte). Hoy, esa causa llegará a la fiscalía de Eduardo Taiano, que deberá decidir si impulsa o no la investigación. (La Nación)

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