Publicado el: 4, Dic, 2014

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Un fiscal pidió investigar contrataciones sospechosas en el Consejo de la Magistratura
04/12 – 10:00 – Impulsó la decisión en el Consejo de la Magistratura por propuesta del viceministro Álvarez; lo acusan de demorar causas; es el juez que investiga la empresa de Cristina.

Por: Hernán Cappiello
El kirchnerismo, con el apoyo de una jueza cercana, dispuso ayer en el Consejo de la Magistratura recortarle el 30 por ciento de su sueldo, por única vez, al juez federal Claudio Bonadio, quien allanó Hotesur, una empresa de la presidenta Cristina Kirchner en una causa donde se investiga la falta de balances en la Inspección General de Justicia (IGJ) y por lavado de dinero.

La sanción a Bonadio (que implica un recorte superior a los $ 20.000) fue impuesta por demorar la tramitación de dos viejas causas. Fue impulsada por el viceministro de Justicia, Julián Álvarez, en la reunión plenaria del Consejo, donde su moción obtuvo siete votos a favor y seis en contra, de los jueces, abogados y legisladores del arco opositor.

La camarista Gabriela Vázquez, que llegó al Consejo con promesas de independencia de criterio, votó junto con los consejeros del Gobierno en todos los puntos del orden del día tratado ayer, donde además se decidió colocar en puestos clave del Consejo a funcionarios cercanos al oficialismo.

La estrategia del Gobierno con el juez Bonadio es de desgaste. Paso a paso, golpe por golpe, los representantes del oficialismo buscan multarlo en cada plenario futuro por una causa diferente y que de ese modo llegue a las tres sanciones. Según el reglamento, si un juez es sancionado tres veces es causal de remoción por juicio político.

En el próximo plenario del Consejo, que se realizará el jueves, se tratará el modo en que Bonadio tramitó un caso por falsificación de remedios contra la hemofilia. Y le seguirá, probablemente, el caso por la muerte de Lucas Menghini, donde el juez fue denunciado por bomberos por haber frenado la búsqueda del cuerpo del muchacho fallecido en la tragedia de Once en 2012.

Álvarez impulsó la destitución de Bonadio al acusarlo de demorar los casos de la privatización de los astilleros Tandanor y el otorgamiento de un crédito irregular a la curtiembre Yoma. Para obtener la suspensión y el juicio político del juez por “mal desempeño”, Álvarez necesitaba los dos tercios de los votos de los consejeros (9 sobre 13 miembros), cifra que no alcanza.

El consejero académico de Justicia Legítima, Jorge Candis, propuso imponerle al juez una multa. Álvarez adhirió al recorte de 30 por ciento del salario de un mes. Para aprobarlo, bastaba una mayoría simple que el kirchnerismo por sí solo no tiene asegurada. Sólo lo logra con el voto de la jueza Vázquez, que además preside el cuerpo.

Álvarez fue vehemente al pedir castigo para Bonadio. “Se llenan la boca hablando de república e impunidad y díganme si esto no es declarar la impunidad”, se exaltó. Y chicaneó a los radicales: “Si hay tanto repudio al juez de la servilleta, a la década infame menemista, ¿cuál es la razón por la cual no vamos a sancionar al magistrado que permite estos fraudes contra el Estado?”, se preguntó. El juez Luis Cabral, líder de los jueces en el Consejo, le contestó que ambas causas están vivas. No prescribieron, dijo, y que en el caso Tandanor la Casación y la Corte habían tomado los argumentos de Bonadio contra la prescripción. El juez Leónidas Moldes recordó que la Sala IV de la Casación entendió que Bonadio no actuó con morosidad.

Los radicales, tocados por Álvarez, dijeron que ellos ya habían denunciado a Bonadio, pero que ahora correspondía desechar los cargos porque el Consejo tuvo el caso tres años sin pronunciarse, lo que obliga a archivarlo. La abogada Adriana Donato coincidió.

Votaron por desestimar la denuncia Cabral, Donato, Moldes, el senador radical Ángel Rozas, el abogado Miguel Piedecasas y el diputado radical Gustavo Valdez. Por multarlo, votaron Álvarez, Candis, Eduardo “Wado” De Pedro, Ruperto Godoy, Pablo González y Héctor Recalde. El séptimo voto fue de Vázquez.

Luego se designaron funcionarios de interés del kirchnerismo en puestos clave. Marcos Romera, que trabajaba con el senador kirchnerista Marcelo Fuentes, fue puesto “provisionalmente” como subadministrador del Poder Judicial. Vázquez dio séptimo voto. Adriana Gigena, de La Cámpora, quedó como secretaria de la Comisión de Selección, en reemplazo del radical José Elorza. (La Nación)

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