Publicado el: 5, Dic, 2014

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La Cámara de Diputados de la Nación - Foto: web
05/12 – 09:20 – Con 130 votos a favor, 99 en contra y dos abstenciones, el bloque kirchnerista convirtió en ley la reforma impulsada por la Casa Rosada.

Por: Gabriel Sued
La Cámara de Diputados convirtió anoche en ley el nuevo Código Procesal Penal, que procura una reforma de fondo del procedimiento de la justicia penal federal: establece un sistema acusatorio, reduce la duración de las causas y revaloriza el papel de las víctimas.

Pese a que casi toda la oposición manifestó su acuerdo con los ejes centrales de la reforma, los bloques antikirchneristas presentaron propuestas alternativas y votaron en contra del dictamen de mayoría. Cerca de las 23, el oficialismo impuso su mayoría y aprobó la norma impulsada por el Poder Ejecutivo por 130 votos a favor, 99 en contra y dos abstenciones. El oficialismo sólo fue acompañado por sus aliados habituales.

Además de cuestionar artículos puntuales, las bancadas opositoras basaron su rechazo en el intento del Gobierno de “colonizar” la Justicia; en el tratamiento exprés que tuvo el proyecto en la Cámara baja, y en la ausencia de leyes complementarias clave para la implementación del nuevo Código. Todavía no se sabe cómo ni cuándo entrará en vigencia la nueva ley.

El actual sistema “no cumple eficazmente sus funciones”, “se encuentra colapsado, no sirve al Estado ni al ciudadano, no favorece la persecución de los delitos ni el respeto por los derechos fundamentales”, dijo, en el inicio del debate, la diputada Graciela Giannettasio (Frente para la Victoria), al explicar el dictamen de mayoría.

Al cambiar el sistema inquisitivo por uno acusatorio, como el que ya existe en 17 de los 24 distritos del país, el nuevo Código, de 349 artículos, determina que la investigación ya no estará como hoy a cargo de los jueces, sino que pasará a manos de los fiscales. Se busca de esa forma que el que impulsa el proceso no sea el mismo que el que valora los elementos de prueba. Es, según el oficialismo, un intento de garantizar la imparcialidad.

Un segundo cambio importante es que se establece que las causas deberán tener una duración máxima de tres años, plazo que se duplica para los casos de criminalidad compleja, como narcotráfico y corrupción. Además, se implementa la oralidad de todas las etapas decisorias del proceso y se les da mayor poder a las víctimas. Podrán participar, por ejemplo, en las audiencias en las que se deciden las excarcelaciones.

Esas reformas son apoyadas por casi toda la oposición. En cambio, genera más resistencia entre los sectores progresistas de la oposición el endurecimiento de los criterios para dictar la prisión preventiva y un artículo que habilita la expulsión de extranjeros que cometan delitos excarcelables, en casos de flagrancia.

“Es un paso hacia un Estado de excepción en línea con la ley antiterrorista, el Proyecto X, el Ejército de Milani y la xenofobia de Berni, que impuso la expulsión sumaria de personas extranjeras en flagrancia, lo cual puede ser, por ejemplo, vivir en un terreno federal”, dijo Néstor Pitrola (PO). En realidad, los extranjeros sólo pueden ser expulsados si prestan su consentimiento.

El punto que unifica a todos los opositores es la resistencia al poder que tendrá en el nuevo sistema la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, a la que acusan de responder al Gobierno. “Mientras en el vértice del poder del Ministerio Público se encuentre Gils Carbó, se echa por tierra toda expectativa [sobre independencia de la Justicia] que podamos tener”, sostuvo Omar Duclós (GEN).

Otros opositores, como Manuel Garrido (UCR), apuntaron a la creación de cargos en el Ministerio Público. “Compartimos que el sistema acusatorio es el más efectivo, pero lo único que se va a aplicar del nuevo Código es el incremento de más de 1700 cargos en el Ministerio Público. Estamos dando poderes importantes a un ministerio que no tiene control público, porque nunca se integró la comisión bicameral que debe cumplir esa función”, dijo.

En la misma línea, Pablo Tonelli (Pro) se quejó de la incertidumbre por la falta de las leyes necesarias para el nuevo sistema. Oscar Martínez (Frente Renovador) reivindicó la propuesta alternativa presentada por su bloque. Sergio Massa, que había lanzado ese proyecto en un teatro, no estuvo en la sesión.

La kirchnerista Diana Conti respondió algunos de esos cuestionamientos. Afirmó que el Ministerio Público tenía un plantel “insuficiente”. “No nos rasguemos las vestiduras por dotar al Ministerio Público de mayor nivel de personal”, manifestó. El vicepresidente del bloque oficialista, Pablo Kosiner, sostuvo que el proyecto avanza en la “democratización” del sistema procesal penal y acusó a los opositores de ser “funcionales” a “sectores retrógrados” y a los “poderes concentrados de la Argentina”.

Críticas de penalistas

La Sociedad de Abogados Penalistas de Buenos Aires, preocupada por “el tratamiento vertiginoso” que efectuó la Cámara de Diputados del proyecto de ley de un nuevo Código Procesal Penal, le pidió a la presidenta Cristina Kirchner que no lo promulgue.
“La debida transparencia institucional se ha visto seriamente enturbiada ante las recientes denuncias efectuadas contra las más altas autoridades de la Nación, todo lo cual agrava el cuadro señalado, pues el nuevo Código Procesal, eventualmente sería aplicable a las causas penales iniciadas contra la señora Presidente y el señor Vicepresidente.” (La Nación)

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