Publicado el: 12, Dic, 2014

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El empresario Lázaro Báez - Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñozz
12/12 – 11:00 – Un juez debe definir si hace público el expediente que tendría registros sobre transferencias de dinero; los fondos buitre quieren llegar a empresas de Báez y López.

Por: Silvia Pisani
Por primera vez, las tres partes podrían verse las caras en un tribunal. Los abogados de la Argentina, los fondos buitre y las empresas a las que se asocia con la llamada “ruta del dinero K” comparecerán hoy ante un juez de Nevada para dilucidar, entre otras cosas, si se hace pública o no la información existente en ese expediente.

Son cerca de 60 páginas de documentación cuyo contenido exacto se desconoce. De acuerdo con la declaración de la testigo Patricia Amunategui, hay allí datos sobre “transferencias de dinero” entre Panamá, Nevada y las islas Seychelles, entre otros datos.

Pero, hasta ahora, nadie sabe qué montos ni si se identifican los nombres de los responsables de las transferencias. El juez Cam Ferenbach empezará a dilucidar hoy si esa información se hace pública.

Según indicios recogidos anoche por LA NACION, la expectativa mayoritaria es que el magistrado decida la liberación de los datos. “No hay mucho motivo para que los mantenga ocultos”, se indicó.

A nadie sorprendería, sin embargo, que la discusión se realice a puertas cerradas. Según pudo advertir LA NACION, hay quienes anoche tenían interés en solicitarlo al juez. Si eso se concreta, esa jugosa discusión -y los argumentos de las partes- quedará fuera de registro. El dato no es menor: eso incluiría toda posición que, eventualmente, haga llegar el Gobierno.

Hasta ahora, los abogados de la Argentina no han participado en este asunto. Sólo se conoce el desafío lanzado por la Presidenta, cuando días atrás aseguró que no se dejaría “extorsionar por caranchos” y desafió al juez a mostrar la información existente.

De presentarse en la sala, la audiencia de hoy podría determinar si alguno de los letrados del país ratifica en el juzgado el argumento de Cristina Kirchner y se inclina por la liberación del secreto que ahora pesa. Pero nada de ello podrá saberse si, como se esperaba anoche, la discusión transcurre a puertas cerradas.

Puntos centrales

Prevista para las 13 de Nevada (las 18 en la Argentina), la audiencia también está citada para decidir otros dos puntos. Están referidos a demandas de los fondos buitres para acceder a información de empresas supuestamente vinculadas con los empresarios Cristóbal López y Lázaro Báez, ambos cercanos a Cristina Kirchner.

Uno de los más controvertidos es el que pretende demandar información del estudio Mossack Fonseca, basado en Panamá. Lo hace bajo la suposición de que asesoró en ingeniería financiera para lavado de dinero, incluidos fondos de corrupción girados desde nuestro país.

NML, el fondo de Paul Singer que intenta embargar bienes de la Argentina para cobrarse su deuda, está sumamente interesado en lograr esas autorizaciones. Pero, dado lo densa de la audiencia, no se descarta que la decisión sobre estos dos puntos se postergue.

El juez Ferenbach dispuso que la confidencialidad sea la primera cuestión en dilucidarse. A la espera de ese momento, las partes han cruzado advertencias. Los abogados de NML aseguran poseer información según la cual el empresario Lázaro Báez manejó negocios multimillonarios en Nevada.

Eso es lo que ellos llaman “la punta de un iceberg” en la denominada “ruta del dinero K”. Una línea con la que intentan apuntar a Cristina Kirchner y al Gobierno, con el que quieren negociar el pago del fallo firme en su favor para el pago de sus bonos en default.

El pasado 26 de noviembre, cuando regresó de su prolongada ausencia por un cuadro de sigmoiditis, la Presidenta aludió por primera vez a esa pesquisa y desafió al juez a mostrar la información del caso.

“Tengo la intuición de que fueron a buscar un nombre que finalmente no encontraron” y, en cambio, encontraron otros. “Díganle a ese juez que ningún carancho financiero va a extorsionarme”, añadió la jefa del Estado en ese mensaje de hace dos semanas.

Ése es el otro punto curioso de la audiencia fijada para hoy. Tanto los fondos buitre como el entramado de 123 empresas que pretenden investigar como parte de la supuesta ruta del dinero, al igual que la testigo clave Amunategui, han pedido ya al magistrado, en alguna ocasión, que mantenga la confidencialidad.

Todos ellos por razones diferentes. La testigo Amunategui, por cuestiones de “seguridad personal e intimidad”; las empresas, porque no quieren hacer pública información, y los fondos buitre, porque -según han declarado- quieren dar “garantías de confidencialidad” a quienes colaboren con su investigación.

La presentación que se diferencia de esa línea es la que hizo el periodista Jorge Lanata, junto con el Centro para el Periodismo de Investigación en América (CIJA, por su sigla en inglés). Marc John Randazza, el abogado patrocinante, será posiblemente el primero en exponer.

Si, como podría ocurrir, el juez decide liberar la documentación, el otro punto fundamental que queda por ver es cómo se adopta esa decisión. Lo usual es que se disponga su publicación en el sistema de Internet de la justicia norteamericana. Un trámite que, en ese caso, demandará un par de días por cuestiones de procedimiento.

Anoche, otra cuestión parecía complicar las cosas. Una fuerte tormenta en la costa oeste amenazaba con complicar los planes de viaje de más de uno de los abogados participantes. (La Nación)

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