Publicado el: 16, Dic, 2014

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Procesan al fiscal antilavado por haber protegido a Lázaro Báez
16/12 – 09:30 – La Justicia procesó al fiscal federal antilavado Carlos Gonella y a su colaborador Omar Orsi por desviar adrede la causa contra el empresario Lázaro Báez por lavado de dinero, lo que evitó que fuera allanado al comienzo de la investigación.

Por: Hernán Cappiello
Así lo resaltó ayer el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi en una resolución de 50 carillas en la que procesó a Gonella y a Orsi por el delito de prevaricato (que se castiga con multa e inhabilitación de hasta seis años) y embargó sus bienes por la suma de 75.000 pesos.

El fallo es un golpe más en la guerra abierta que mantiene la justicia federal con el gobierno nacional, y en especial en el enfrentamiento de un sector de la Justicia con la procuradora general, Alejandra Gils Carbó.

Gonella, funcionario cercano a Gils Carbó, fue elogiado por la Presidenta por cadena nacional por liderar allanamientos contra bancos y financieras en su lucha contra la venta de dólares en el mercado paralelo. Confeso militante del modelo, admirador de las políticas del Gobierno, encabeza un grupo de fiscales que investiga la criminalidad económica y el lavado de dinero.

Gonella tiene acuerdo del Senado y fue designado por la Presidenta fiscal federal ante los tribunales en Formosa, cargo que nunca ocupó porque Gils Carbó lo dejó al frente de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), donde Orsi estaba a cargo del área de lavado.

Gonella entendió que su procesamiento es arbitrario. Dijo que fue anunciado por LA NACION y Perfil, lo que “denota que hay un sector que deja ver cómo juega políticamente con estas causas”. Se dijo orgulloso, además, de los elogios presidenciales y sostuvo que es una víctima de la justicia corporativa, enfrentada a otra que vela por el servicio público, encarnada en Gils Carbó.

El caso se inició l4 de abril de 2013, cuando el programa de TV Periodismo para todos puso al aire al financista Federico Elaskar y al estudiante de contabilidad Leonardo Fariña (ambos procesados hoy por lavado, y Fariña, preso), quienes confesaron haber blanqueado y sacado del país unos 55 millones de euros de Báez.

Al día siguiente, el asunto se transformó en una causa judicial, en la que el primer paso consiste en que el fiscal impulsa la investigación y describe los hechos y las personas -si se las conoce- a investigar. El fiscal Guillermo Marijuan estaba de licencia y lo reemplazaba Ramiro González, que ordenó el 17 de abril hacer un requerimiento amplio que contuviera las denuncias que mencionaban las maniobras de Báez y sus hijos. Pero un día más tarde, el fiscal González dijo que lo habían llamado Gonella y Orsi, que le enviarían reportes de operaciones sospechosas (ROS) de Elaskar y Fariña. Y como se contradecían, el requerimiento debía limitarse a los ROS, sin mencionar a Báez.

Para el juez Martínez de Giorgi, que procesó a Gonella y a Orsi, esta conducta implicaba recortar los hechos de la investigación y un desvío que perjudicó el caso, porque no se pudieron tomar medidas sobre los Báez. Las tomó el juez Sebastián Casanello cuando el fiscal Marijuan regresó de vacaciones y amplió su requerimiento de instrucción.

El juez Martínez de Giorgi entendió que el requerimiento inspirado por Gonella y Orsi dejaba de lado el entramado delictivo del que habían dado cuenta el programa de TV y las denuncias posteriores. Y, por el contrario, las denuncias no mencionaban los ROS. De hecho, el proyecto de dictamen hecho a instancias del fiscal Ramiro González destacó las denuncias acerca de que se habían sacado del país 55 millones de euros y que la maniobra se habría realizado mediante la constitución de 50 sociedades off shore radicadas en Belice y Panamá. Nada de esto se menciona en el requerimiento final.

Para el juez, Gonella y Orsi recortaron los hechos y tuvieron una mirada sesgada de la investigación. “El direccionamiento de la investigación ocasionó una demora de casi veinte días desde la primera denuncia que conspiró contra la eficaz persecución de un delito complejo como el lavado de activos, perjudicándose la causa que le fuera confiada”, dijo el juez. Y abundó: “Tan clara está la intencionalidad de los imputados en perjudicar esa investigación que para poder introducir los reportes que facilitarían su direccionamiento se comunicaron telefónicamente con el fiscal (González) ofreciéndole su colaboración” y pidiéndole que los esperara antes de realizar el requerimiento de instrucción. (La Nación)

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