Publicado el: 2, Ene, 2015

TIT-RPLCD


Denuncian que se nombraron fiscales para trabar las causas de corrupción
02/01 – 12:00 – Lo advirtieron la agrupación de abogados Será Justicia, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas y la Asociación de Magistrados.

La designación, en tiempo récord, de 16 de los 17 fiscales generales que creó el nuevo Código Procesal Penal a manos de la procuradora general Alejandra Gils Carbó fue cuestionada en las últimas horas por asociaciones de jueces, fiscales y abogados, que alertaron que la catarata de fiscales subrogantes en puestos clave afecta a las instituciones y busca limitar la investigación de los delitos de corrupción. El martes pasado, la procuradora también desplazó a dos fiscales federales clave en el funcionamiento de Comodoro Py: Guillermo Marijuán y Eduardo Taiano. El primero tuvo que dejar la Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social (Ufises) en medio de un enfrentamiento público con la Procuradora. Taiano, en cambio, fue corrido de la subrogancia de la fiscalía federal 5, donde tramita, por ejemplo, la causa de Papel Prensa.

De las 17 designaciones previstas en el segundo anexo de la ley que aprobó el Código Procesal Penal (todavía no se designó quién será el fiscal general ante la Cámara en lo Penal Económico), las más importantes son en la Cámara Federal: Gils Carbó designó ahí a Miguel Ángel Osorio y a Miguel Palazzani. En ese tribunal hasta ahora había un solo fiscal, Germán Moldes, no alineado al kirchnerismo, que se encargaba de actuar como instancia superior de los doce fiscales federales.

En Comodoro Py, Osorio está acusado de ser un hombre del Gobierno. De hecho, se lo puede ver con frecuencia en la plata de Boca Juniors junto al secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini. Sin embargo, no se excusó de intervenir en las causas contra el subsecretario Carlos Liuzzi.

“Ahora van a ser tres fiscales generales y todavía no hay un criterio de asignación de causas. El riesgo concreto es que dos tercios de la causas de corrupción pasen por Justicia Legítima”, alertó ayer un fiscal con despacho en los tribunales de Retiro.

La Asociación de Magistrados, que preside Ricardo Recondo, emitió un comunicado y denunció que las designaciones de los fiscales subrogantes para las nuevas fiscalías generales (ya se abrió el concurso para cubrir los cargos por concurso) “podría encubrir la intención de controlar las investigaciones penales existentes, especialmente las que tienen como sujetos imputados a funcionarios públicos por hechos de corrupción, sin ninguna conexión con la reforma procesal prevista en la ley 27.063”.

Con las designaciones que implementó Gils Carbó se confirmó que el Gobierno apuró la aprobación del nuevo Código Procesal para crear los cargos de fiscales generales y cubrirlos con subrogantes. Mientras tanto, no hay una fecha concreta para que el Código entre en vigencia y ni siquiera se creó la Comisión Bicameral para realizar el proyecto de implementación. Mucho menos se habló de modificar la Ley del Ministerio Público, como reclamaron varios diputados y senadores.

“Lo veníamos diciendo desde que apareció el proyecto de reforma del Código. Sin implementación ni fecha de entrada en vigencia, no se entendía la insistencia en sancionar el Anexo II que crea los cargos salvo que fuese para hacer exactamente lo que hicieron. Ponerlos a funcionar desde el 2 de febrero para poder intervenir en las causas de corrupción existentes hoy. No me imagino otra razón para disponerlo con tanta premura y en el último día hábil del año”, le dijo ayer a Clarín el fiscal Ricardo Sáenz, vicepresidente de la Asociación de Magistrados en representación del Ministerio Público Fiscal.

La agrupación Será Justicia, un colectivo de abogados, también cuestionó el actual funcionamiento del Ministerio Público Fiscal, y denunció que Gils Carbó pretende “convertir a los fiscales nombrados en un obstáculo -cuando no en un ejercicio de encubrimiento- para la investigación de delitos, especialmente, los referidos a hechos de corrupción donde se involucre a altos funcionarios”.

Los cuestionamientos a las designaciones de fiscales también llegaron desde el ámbito privado. La Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE) señaló que “es pertinente alertar a la sociedad del riesgo que significa la manipulación del poder del Estado en favor de los gobernantes y sus grupos de afinidad, ya que si la seguridad jurídica y el respeto a las instituciones se ve afectada, de nada sirven los restantes derechos sustentados en la Constitución Nacional”.

En las resoluciones de Gils Carbó no hay fundamentos para la “emergencia”, por lo que ahora podrían ser impugnadas ante la Justicia. (Clarín)

Dejar un comentario



Publicidad

OPI Video