Publicado el: 5, Mar, 2015

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Una mujer vinculada al caso Báez reconoció haber renunciado por miedo a cometer un delito
05/03 – 08:30 – Patricia Amunategui, secretaria adjunta de la firma que manejaba las 123 empresas que se sospecha pertenecen al empresario, admitió que dejó ese puesto por temor a ser denunciada. Su testimonio se desprende de los documentos que la Justicia de EEUU empezó a liberar a pedido de Jorge Lanata.

Su nombre es poco conocido, pero Patricia Amunategui es una persona clave en la compleja trama de la investigación que va desde la fortuna de Lázaro Báez hasta las 123 misteriosas empresas registradas en Nevada, Estados Unidos, que son investigadas por los holdouts como posible eslabón entre el empresario y la supuesta malversación de fondos de la obra pública que irían a parar a manos de funcionarios argentinos.

Cuando la investigación de la llamada “Ruta del Dinero K” empezó a enfocarse en esas 123 empresas, Amunategui decidió dejar su cargo de secretaria adjunta en la firma Aldyne, la sociedad encargada de manejar todas esas compañías. Había sido ella quien, con un poder legal, había creado la mayoría de las 123 firmas. De todas formas, mantuvo su trabajo en MF Corporate Services Nevada, la sociedad que la había ubicado en ese cargo.

El argumento formal que dio ante la Justicia de Nevada para la renuncia que presentó en junio de 2013 (dos meses después de que comenzara la denuncia de la “Ruta del Dinero K”) fue su temor a caer en una “zona gris” de las leyes norteamericanas y cometer un delito. Pero las fechas sugieren que en realidad intentó tomar distancia del escándalo: dos meses después fue intimada a entregar papeles de las 123 empresas investigadas.

“En los últimos tres o cuatro años la ley de los Estados Unidos ha cambiado un poco. Viene con nuevas regulaciones y yo sentí la necesidad de comprobar con mis abogados si debía tener alguna preocupación (NdR: se refiere al trabajo que realizaba en Aldyne). Me recomendaron que no lo hiciera más”, explicó la propia Amunategui, según consta en la causa que lleva adelante el juez de Nevada, Cam Ferenbach.

Sus palabras corresponden al testimonio que prestó el 11 de septiembre de 2014 en el juicio que el fondo NML Capital inició en Nevada contra la República Argentina. Su testimonio se conoció recién este miércoles, luego de que el juez liberara la primera tanda de archivos de la causa tras haber hecho lugar a un pedido presentado por el periodista Jorge Lanata.

Se trata de 213 páginas dedicadas exclusivamente a la declaración de Amunategui y los documentos que el abogado de NML Capital, Dennis Hranitzky del estudio Dechert, aportó para la declaración de la ahora ex secretaria adjunta de Aldyne. En ningún momento la mujer nombró a Lázaro Báez o algún funcionario argentino. Su testimonio representa menos del 15% de lo que figura en la causa: el próximo lunes 9 de marzo, cuando haya una nueva audiencia, podrían conocerse más partes de la investigación.

Pero, ¿quién es Patricia Amunategui? Se trata de una ciudadana chilena que empezó a hacer sus primeros viajes a los EEUU en la década de los 90 para comprar camas solares para su salón de belleza. En algún momento, decidió quedarse a probar suerte. Pero los resultados no fueron los esperados y regresó a su país. Luego, en 1998, volvió por segunda vez a los EEUU para instalarse en el estado de Nevada.

En esa época empezó a trabajar como moza en un casino de Las Vegas. Al poco tiempo empezó a hacer malabares entre su trabajo y las tareas de una madre soltera para completar en el año 2000 un curso de asistente legal en la Universidad de Las Vegas, Nevada (UNLV). Al año siguiente, fue tomada para trabajar en MF Corporate Services Nevada, una compañía dedicada a la inscripción de sociedades de responsabilidad limitada para empresas extranjeras. Según declaró Amunategui ante la Justicia, su llegada fue pura casualidad: cuando su hijo estaba por casarse, uno de sus amigos fue abordado por dos personas en el hotel en el que estaba parando. Aunque no recuerda sus nombres, sí se acuerda que eran argentinos. Buscaban a alguien que supiera español y tuviera conocimientos legales para trabajar en su empresa. Así fue como desembarcó en MF Corporate Services Nevada, firma que en cuanto la contrató la designó “manager”, “secretaria” y “vicepresidente”. Generosos cargos para una mujer que hasta ese momento no tenía ninguna experiencia en el área.

Poco después también la ubicaron como secretaria adjunta de Aldyne, una firma creada para agilizar los trámites de aquellas empresas que querían abrir una sociedad de responsabilidad limitada en Nevada.

Aunque vive hace 17 años de forma ininterrumpida en los EEUU y trabaja para una firma que requiere un fino manejo de la terminología legal, Amunategui pidió declarar ante la Justicia con la ayuda de un traductor porque asegura que aún no maneja bien el inglés. Con su colaboración, intentó explicar durante unas seis horas cómo era el extraño funcionamiento de la empresa. Pero su testimonio estuvo plagado de frases como “no sé”, “no me acuerdo” o “debería fijarme en mis papeles para estar segura”.

Si bien el grupo para el que trabaja declara tener 44 oficinas alrededor del mundo, ella era la única empleada en la sucursal de Nevada e incluso se encargaba de firmar su propio cheque de sueldo. Cada oficina respondía a una sociedad distinta: el bufete Mossack Fonseca, MoFon o MF Corporate Services Wyoming son apenas algunos de los nombres de las compañías repartidas a lo largo y ancho del mundo. Aunque siempre con variaciones de las mismas iniciales: M (¿Mossack?) y F (¿Fonseca?).

A través de esas 44 oficinas, crearon sociedades que se sospecha eran meras fachadas para quienes buscan lavar dinero. Los lugares eran estratégicamente seleccionados por la protección y el anonimato que ofrecían sus leyes: Uruguay, Panamá, el estado de Nevada o las islas Seychelles son algunas de las locaciones en las que aún hoy operan.

Amunategui se dedica tan sólo a la oficina de Nevada. Ella misma reconoce haber creado “cientos” de empresas en los 14 años que lleva en la compañía. Pero el intermediar para la inscripción de sociedades no es nada ilegal. Tan sólo es parte de su trabajo. Llama la atención, sin embargo, que durante los primeros 5 años con ser “vicepresidente”, “manager” y “secretaria” de MF Corporate Services Nevada no le alcanzaba para vivir: según declaró, hasta 2006 debió seguir trabajando como moza porque no llegaba a fin de mes.

Aunque llevaba 14 años en el puesto, dos meses después de que estallara el escándalo de la llamada “Ruta del Dinero K” a Amunategui se le ocurrió en junio de 2014 preguntarle a sus abogados si corría peligro al poner su firma en las sociedades que abría a través la empresa Aldyne. Los letrados le recomendaron no hacerlo más: “casualmente”, un mes después entraría en vigencia el Foreign Account Tax Compliance Act (Facta), una ley norteamericana que obliga a cualquier ciudadano que viva en los EEUU a declarar las cuentas que tenga a su nombre en el exterior.

“Por eso ya no me sentí cómoda firmando los documentos”, explicó Amunategui. Se desvinculó entonces de Aldyne. Pero aún hoy trabaja para MF Corporate Services Nevada. (Infobae)

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