Publicado el: 10, Mar, 2015

Para Obama, Venezuela amenaza la seguridad de EE.UU.


Para Obama, Venezuela amenaza la seguridad de EE.UU. - Foto: Pete Souza
10/03 – 09:00 – Firmó un decreto que la califica de riesgo “extraordinario”; impuso sanciones a siete funcionarios.

Por: Rafael Mathus Ruiz
Decidido a adoptar una línea más dura con el régimen de Nicolás Maduro por la creciente represión política, especialmente contra opositores, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, declaró ayer por decreto que Venezuela es una “amenaza” para la seguridad nacional norteamericana y sancionó a siete funcionarios.

La medida agudizó las tensiones entre Washington y Caracas, que, en pleno deshielo con Cuba, pareció convertirse ayer en el principal enemigo de la Casa Blanca en la región.

Obama promulgó las sanciones por decreto, basado en una ley aprobada por el Congreso el año pasado. Para hacerlo, debió calificar la situación en Venezuela como “una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior”, sentencia inusualmente firme que fue vista como una tenaza política a Nicolás Maduro. “La orden no está dirigida al pueblo de Venezuela”, aclaró Obama en una carta a John Boehner, líder republicano y presidente de la Cámara de Representantes.

Venezuela prometió una pronta respuesta y llamó a consultas a Caracas a su máximo representante en Estados Unidos.

La carta elude los matices diplomáticos: cita, al justificar las sanciones, “la erosión de las garantías de los derechos humanos; la persecución de los opositores políticos; la reducción de la libertad de prensa; el uso de la violencia y violaciones de derechos humanos y abuso en respuesta a protestas antigubernamentales, y el arresto y la detención arbitraria de manifestantes antigubernamentales, así como la presencia exacerbante de corrupción en ese país”.

Las sanciones abrieron una nueva etapa en el tumultuoso vínculo entre Washington y Caracas, cargado de discordias en los últimos años. Los dos países no han intercambiado embajadores desde 2010. En el último tiempo, a la par del declive económico y social en Venezuela, Maduro acusó a Estados Unidos de impulsar un golpe de Estado, impuso de manera abrupta visas a los estadounidenses y le puso plazo a la Casa Blanca para sacar del país a la mayoría del personal de su embajada. Ayer, el gobierno de Maduro llamó a consultas a su encargado de negocios en Estados Unidos.

Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional y uno de los hombres fuertes del chavismo, fue más allá y dijo que este tipo de medidas las toma la Casa Blanca “cada vez que va a atacar a un pueblo”.

“Se han esfumado las esperanzas con Caracas, entonces la Casa Blanca se convenció de que Estados Unidos tiene que presionar”, evaluó a la nacion Juan Carlos Hidalgo, analista del Instituto Cato, un centro de estudios de Washington. “Mucha gente está convencida de que no se van a hacer las elecciones legislativas este año [en Venezuela]”, agregó.

Esos comicios, los más prometedores para la oposición desde que el chavismo tomó el poder, aún no tienen fecha. La Unasur dijo en un comunicado que debían realizarse en septiembre, pero luego se echó atrás. Para Hidalgo, la Casa Blanca entendió que la presión de América latina “nunca va a llegar, y entonces le queda a Estados Unidos el papel de garante”.

Una fuente diplomática de la ONU no dudó ante la nacion en recurrir a motivos “eminentemente políticos, para ejercer presión” a la hora de explicar la decisión de Obama. “Si alguien tiene una duda, que vea que hay muchos países donde el tema de los derechos humanos puede ser criticable, y no les imponen sanciones”, subrayó.

Hubo, ayer, otra lectura de las sanciones: Obama quiere aplacar también el frente opositor interno en el Congreso, donde se criticó su acuerdo con Cuba. Ayer, dos senadores de origen cubano, el demócrata Bob Menéndez y el republicano Marco Rubio, férreos enemigos del régimen de los Castro, elogiaron las sanciones a los funcionarios de Maduro. Ambos impulsaron una ley, el año anterior, para imponer sanciones a Venezuela. Esa ley aportó parte del andamiaje institucional sobre el que se recostó Obama. De hecho, Rubio pidió que se expandieran las sanciones a más funcionarios, y aprovechó para cuestionar a Obama que “simultáneamente se mueva para levantar sanciones a Cuba”.

La explicación oficial fue la ofensiva de Maduro contra sus opositores, que no es nueva. “Estamos profundamente preocupados por los esfuerzos del gobierno venezolano para escalar la intimidación a sus oponentes políticos”, amplió luego el secretario de Prensa, Josh Earnest, en un comunicado. “Los problemas de Venezuela no se resuelven criminalizando el disenso”, disparó.

Earnest insistió en reclamar la liberación de todos los “prisioneros políticos” en Venezuela.

Desde Venezuela, la canciller de Maduro, Delcy Rodríguez, prometió una pronta respuesta a las sanciones impuestas por Washington, sin dar mayores precisiones. “Nosotros insistiremos en relaciones de respeto y de igualdad soberana entre los países”, dijo Rodríguez a la agencia de noticias AP.

El decreto de Obama autorizó al Departamento del Tesoro y al Departamento de Estado a congelar propiedades e intereses en Estados Unidos a personas que “socaven las instituciones o la democracia” en Venezuela; estén involucrados en “actos de violencia o violaciones de derechos humanos”, que limiten la libertad de expresión o en actos de corrupción. Ningún empresario o compañía de Estados Unidos podrá hacer negocios con ellos.

La Casa Blanca identificó a siete funcionarios, todos miembros del aparato gubernamental que responde a Maduro, aunque todos funcionarios de segundo nivel, o, en las palabras de Hidalgo, nadie de “la crema y la nata del chavismo”.

En la lista sobresalen el comandante de la Región para Defensa Integral de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela, Antonio; el director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Gustavo González López; el director de la Policía Nacional, Manuel Pérez, y el presidente de la Corporación Venezolana de Guayana, Justo Noguera Pietri. Ayer, se descontaba que habría más funcionarios sancionados.

El gobierno de Obama también incluyó en la lista negra a la fiscal federal Katherine Haringhton Padron, que ha acusado a varios miembros de la oposición, incluido el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma Díaz, la última figura opositora de peso enviada a arrestar por Maduro. (La Nación)

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