Publicado el: 7, Abr, 2015

Redoblan la presión para que Bonadio sea apartado del caso Hotesur, contra la Presidenta


El hotel Alto Calafate en El Calafate - Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz
07/04 – 09:40 – La Cámara de Casación Penal resolverá la semana próxima si aparta al juez federal Claudio Bonadio del expediente donde investiga a la presidenta Cristina Kirchner por la inscripción de su empresa hotelera Hotesur en los registros oficiales y por supuesto lavado de dinero. Ayer, tanto los abogados de la empresa como la fiscalía entendieron que el juez Bonadio, que ya allanó la firma, debe dejar el caso.

Por: Hernán Cappiello
Romina Mercado, la sobrina de la Presidenta que es formalmente la presidenta de Hotesur, recusó a Bonadio ante el temor de pérdida de imparcialidad del juez.

Los jueces de la Sala I de la casación Gustavo Hornos, Ana María Figueroa y Luis María Cabral hicieron una audiencia pública con los abogados de la parte y la fiscalía.

El abogado Carlos Beraldi, en representación de Mercado, hizo una descriptiva enumeración de las críticas que le mereció la actuación del juez Bonadio. Señaló que son irregulares los allanamientos que dispuso y la negativa del juzgado a permitirle acceder al sumario para sacarle copias o participar de las declaraciones de testigos, como una manera de controlar la prueba. “Sería ceguera no advertir el grado de desequilibrio” del juez, afirmó Beraldi, que se quejó de que el magistrado ya había adoptado una postura frente al caso, de antemano. “Lo que más me preocupa es que el juez dice encontrarse apenado, afectado por este conflicto, y esa posición hace que quede automáticamente descartada la posibilidad de intervenir en el proceso. Si es una víctima no puede intervenir”, argumentó.

Lo que más sorprendió fue la postura de la fiscal ante la Cámara de Casación Gabriela Baigún, subrogante en el cargo por decisión de la procuradora Alejandra Gils Carbó. Baigún, que firmó una solicitada de apoyo a la funcionaria, niega pertenecer a Justicia Legítima.

La funcionaria, que en el proceso actúa como garante de la legalidad, se sumó a los cuestionamientos del abogado de Hotesur y resaltó la gravedad institucional del caso por tratarse de una causa “donde se investiga si la señora Presidenta con la intervención de otras personas cometió un delito”. Por eso dijo que hay un interés que trasciende el de la fiscalía por encontrar la verdad. “Se trata de una causa de gravedad institucional y es la sociedad toda a la que le interesa saber si la señora Presidenta cometió o no los hechos denunciados”, dijo.

Por eso reclamó actuar con estricto respeto de las garantías constitucionales, para que “todos los actos sean válidos y no viciados de nulidad, lo que podría en un futuro hacer regresar todo a foja cero”.

La fiscal argumentó que para apartar al juez no es obligatorio probar su parcialidad, sino que basta con que se instaure una sospecha razonable en Romina Mercado de que el juez perdió su imparcialidad. Y entendió que esto está justificado en tres elementos: en las quejas de Mercado contra el juez, en las “irregularidades” de las órdenes de allanamiento de la empresa presidencial y en la reticencia del juez de darle acceso al defensor a la causa.

La empresa Hotesur pertenece a la presidenta Kirchner y el juez Bonadio investiga la falta de entrega de balances de parte del hotel Alto Calafate, uno de los emprendimientos que administraba la compañía. Austral Construcciones, de Lázaro Báez, contrató habitaciones por 10 millones de pesos durante dos años que, se cree, no fueron utilizadas, por lo que también se sospecha que pudo haber lavado de dinero.

Bonadio allanó la sede de Hotesur y estaba vacía, y les pidió a la Inspección General de Justicia (IGJ) y a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) documentación sobre los balances de la empresa y declaraciones juradas.

Mercado recusó al juez en primera instancia, y esta presentación ya fue rechazada por la Sala I de la Cámara Federal por dos votos contra uno. Los camaristas Eduardo Farah y Jorge Ballestero votaron por confirmar a Bonadio en la causa, mientras que Eduardo Freiler se inclinó por apartar al magistrado en un voto que rescató la fiscal Baigún.

Los jueces Hornos, Cabral y Figueroa pidieron a Bonadio la causa por 48 horas y resolverán si lo dejan en el caso o lo apartan en los sucesivos cinco días hábiles.

Es un misterio cuál va a ser la resolución. El juez Cabral siempre estuvo en la vereda opuesta al Gobierno desde la Asociación de Magistrados, a la jueza Figueroa sus colegas le adjudican un acercamiento a la Casa Rosada y siempre es difícil predecir el voto de Hornos. (La Nación)

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