Publicado el: 15, Abr, 2015

Detectan anomalías y desvíos de fondos en Fútbol para Todos


Fútbol Para Todos: investigan contratos directos millonarios
15/04 – 09:20 – La Auditoría General de la Nación remitirá a la Justicia un informe que revela graves errores y gastos sin respaldo por $ 179 millones entre 2009 y 2012.

Por: Alejandro Casar
Por lo menos once anomalías fueron detectadas por la Auditoría General de la Nación (AGN) en el programa Fútbol para Todos (FPT) desde sus comienzos, en agosto de 2009, hasta el 31 de diciembre de 2012. Eso es lo que revela un contundente informe del organismo, que permaneció cajoneado durante 177 días y sería aprobado hoy, antes de ser enviado a la Justicia.

El documento cuestiona varias decisiones tomadas por la Jefatura de Gabinete de Ministros (JGM) en nombre del contrato de asistencia financiera a los clubes afiliados a la AFA . Entre las primeras anormalidades constatadas figura una diferencia contable entre los $ 2967 millones devengados por el programa y las órdenes de pago libradas por 2788 millones. Los casi 179 millones restantes corresponden a gastos sin respaldo.

Año por año, éstas fueron las irregularidades. En 2009 hubo dos órdenes de pago a la AFA por 90 millones , “cuya remisión fue regularizada por la JGM a requerimiento de la AGN”. Y pagos por “fondo rotatorio”, una especie de “caja chica”, imputados al presupuesto de FPT por $ 290.998. En 2010, pagos del fondo rotatorio por $ 88.985. En 2011, “diferencias de cambio generadas por transferencias realizadas a Torneos y Competencias Internacional que ascendieron a $ 159.200”. En 2012, “diferencias de cambio generadas por transferencias realizadas a Torneos y Competencias Internacional que ascendieron a $ 243.040”. Y nueve órdenes de pago, por casi $ 88 millones a la Fundación del Automovilismo Deportivo de la República Argentina (Fadra), realizadas “en el marco del acuerdo de transmisión, que se habían omitido entregar en respuesta al pedido original”.

Aunque el Gobierno postergó todo lo que pudo el debate sobre el relevamiento, en búsqueda de evitar la difusión de las conclusiones y las observaciones, los seis auditores y el presidente de la AGN, el radical Leandro Despouy , revisarán hoy el documento y lo aprobarían, sin descartar que sea por unanimidad.

El mes pasado, la jueza María Servini de Cubría recibió una versión preliminar del trabajo. Fue tras insistir a Despouy que le enviara el informe “en el estado en que estuviera”, en el marco de la investigación sobre la ruta del dinero del Fútbol para Todos iniciada en 2014 a raíz de una denuncia de Graciela Ocaña , legisladora porteña por Confianza Pública.

En la causa están imputados tres de los cinco jefes de Gabinete de Cristina Fernández de Kirchner , Aníbal Fernández , Juan Manuel Abal Medina y Jorge Capitanich . El documento adelantado a Servini de Cubría no incluyó el descargo de la Jefatura de Gabinete de Ministros. De todas maneras, según pudo reconstruir LA NACION, ninguna de las respuestas del Ejecutivo implicó un cambio rotundo en las observaciones de la AGN. Mucho menos su omisión en las conclusiones finales.

En su apartado de “comentarios y observaciones”, el informe es crítico de la génesis del Fútbol para Todos, registrada en agosto de 2009, en un contexto de enormes deudas de los clubes ($ 40 millones con los jugadores; alrededor de $ 700 millones de pasivo en términos globales) y un marco dominado por el debate de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

La AGN asegura que “el contrato de agosto de 2009 mediante el cual la Jefatura de Gabinete adquirió los derechos de explotación de las imágenes y/o sonidos de los encuentros de los torneos de fútbol realizados por la AFA no fue tramitado conforme las prescripciones del Reglamento para la adquisición, enajenación y contratación de bienes y servicios del Estado nacional”.

La Dirección de Asuntos Jurídicos de la JGM hizo su descargo sobre este punto ante la AGN: “(…) el contrato adquiere una naturaleza jurídica particular, en consideración a las partes involucradas, el carácter del vínculo y las obligaciones a las cuales se comprometen”, se argumentó crípticamente desde la cartera que conduce Aníbal Fernández .

El estudio objeta la indexación anual del acuerdo, sobre la base del aumento del Valor Básico de Referencia (VBR) del abono de cable. Dice la AGN, en el punto 4.1.8 de su informe, que ese método de ajuste “constituye un procedimiento de actualización monetaria o indexatorio no permitido por la ley 23.928”.

La JGM defendió la metodología y recordó que en diciembre de 2011, cuando se firmó la primera agenda al convenio original, no aplicó el aumento que correspondía por el incremento del VBR, sino un ajuste menor. Según la evolución del VBR, a la AFA le correspondían $ 949.800.000; percibió $ 825.000.000. De todas maneras, el índice sí es usado como referencia para negociar las actualizaciones del convenio. Que no se respete es otra cuestión.

El estudio refiere que “no obran en las actuaciones donde se tramitó la formalización del contrato, ni antes de la firma ni después, los documentos técnicos demostrativos de la invocada crisis de los clubes ni de la verosimilitud de las millonarias sumas adeudadas por éstos denunciadas por la AFA”. Es decir, la Jefatura de Gabinete no aportó ni una sola prueba que revelara que el contexto económico del fútbol argentino en agosto de 2009 fuera tan grave como para ameritar su intervención.

Tampoco hay un solo papel ni estudio de mercado que justifique los $ 600 millones que comenzaron a pagarse como mínimo anual garantizado a la AFA.

La AGN cuestiona a la JGM por haber firmado un contrato con la AFA sin mecanismos de control que acrediten “en forma periódica” el cumplimiento de los compromisos asumidos por los clubes. Y abunda: “Esto no permite al Estado monitorear el resultado de las acciones de saneamiento financiero y reordenamiento administrativo de los clubes y determinar, en su caso, en qué momento esta finalidad se encuentra cumplida”. La explicación de la JGM fue que la motivación principal del Gobierno era la transmisión de los partidos en forma gratuita para todos los argentinos. La crisis de los clubes, en todo caso, fue la razón por la que la AFA necesitaba aumentar sus ingresos.

El primer documento que acredita el agujero económico y financiero data del 11 de julio de 2012, cuando el Fútbol para Todos estaba a punto de cumplir tres años. Fue un comunicado oficial de la AFA en el que manifestaba “su profunda preocupación por las deudas, por el altísimo costo de los contratos de los jugadores, así como también por los enormes endeudamientos generados por algunos clubes”. El comunicado agregaba: “Lamentamos observar que los cuantiosos fondos distribuidos entre los afiliados no sirvió en la mayoría de los casos para achicar pasivos ni para cancelar contratos suscriptos, sino todo lo contrario: se generó mayor endeudamiento y promesas contractuales en muchos casos impagables”. Es decir: a pocos días de que el Fútbol para Todos cumpliera tres años, la AFA blanqueaba que uno de sus principales objetivos, recuperar la fortaleza económica de sus afiliados, no se había cumplido.

Al referirse a la retransmisión de los partidos del FPT, la auditoría advierte la ausencia de “una reglamentación que organice la operatoria de suscripción de los acuerdos emitidos por el programa y los canales interesados (…), ni surge cuáles son los requisitos que deben cumplir las empresas de televisión por aire o cable que retransmiten la señal del FPT, así como el proceso de convocatoria y selección de estas empresas”.

Entre las características del FPT que llaman la atención hay una que sobresale: no tiene metas presupuestarias. Es decir, su única misión es que los argentinos accedan en forma gratuita a la transmisión de los partidos, sin importar el dinero que se gaste. Ocurre eso pese a que la ley 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, en su artículo 34, exige: “(…) todas las jurisdicciones y entidades deberán programar, para cada ejercicio, la ejecución física y financiera de los presupuestos”. Según concluye la AGN, “ante la ausencia de definición de metas físicas, no resulta posible evaluar la eficiencia de la gestión del programa”.

El informe detalla gastos por $188.913.638 que no tienen la orden de compra correspondiente, por lo que no se completaron los pasos para habilitar el pago. Se distribuyen de la siguiente manera:

2009: $ 6.361.000.

2010: $ 13.238.916.

2011: $ 47.263.076.

2012: $ 122.050.646

¿Quiénes fueron los beneficiarios? VTS SA (servicio de generación de imágenes), Farolito International Entertainment (servicios de producción general), Wayson Producciones (servicios de móviles y enlaces), Transvideo SA (servicios de móviles y enlaces), Santa Mónica Argentina SA (derechos de TV), Torneos y Competencias S.A. (realización integral de partidos de la B Nacional y derechos televisivos de la selección), Torneos y Competencias Internacional (derechos de TV por la Copa América 2015, por el Sudamericano Sub 20 de Mendoza 2013, por 32 partidos del Mundial Brasil 2014 y por el Mundial Sub 20 de Turquía, al cual no se clasificó la Argentina), la AFIP (retenciones por Ganancias) y el Banco Nación (compra de divisas para pagos de derechos de TV de partidos internacionales), entre otros.

En el documento, la AGN anticipa dos motivos que llevaron al FPT a afrontar estas cifras bajo la figura del “legítimo abono”, término administrativo con el que se conoce el pago de gastos sin orden de compra: 1) La habitualidad en la prestación de servicios de las citadas empresas para desarrollar el cometido del FPT sin cumplir con los procedimientos de contratación pública. 2) “La ausencia de una adecuada planificación de contrataciones y su seguimiento”.

Según el trabajo que hoy sería avalado por la AGN, el procedimiento es el siguiente: se inicia un expediente con la o las facturas presentadas por los proveedores en las que el FPT asienta la conformidad del servicio recibido, se giran para la intervención de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y el dictado de una Resolución de la Jefatura de Gabinete reconociendo el crédito y ordenando su pago”. Dice la AGN que “el organismo ha desvirtuado un procedimiento de excepcional aplicación en el ámbito de la administración pública instituyendo un procedimiento usual y alternativo de contratación y pago a prestadores vedado por las normas vigentes”.

Ante la acusación, la JGM emitió su descargo sobre los pagos realizados bajo la modalidad de “legítimo abono”: “La urgencia al firmarse el contrato, las circunstancias de los servicios a brindar gratuitamente, y la posterior televisación de la B Nacional (con River) justifican el tipo de procedimiento del legítimo abono”. El Poder Ejecutivo aseguró que antes del fin del período auditado (31 de diciembre de 2012) el sistema de compras y contrataciones del programa se había regularizado.

Otro de los procedimientos cuestionados es la ausencia, sin razón aparente, de pauta privada en el programa desde el 27 de febrero de 2010

Otro de los procedimientos cuestionados es la ausencia, sin razón aparente, de pauta privada en el programa desde el 27 de febrero de 2010. Dice el documento: “No se obtuvo evidencia de acto administrativo, órdenes o instrucciones formales de autoridad competente que hayan dispuesto el cese de la comercialización de la publicidad de privados ni de las razones existentes para tal decisión”.

El único documento que se refiere al cese de los avisos particulares está redactado por la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y recuerda que fue “el Comité de Coordinación de Gestión” el que “resolvió emitir en todos los encuentros televisados exclusivamente avisos referidos a la publicidad oficial”.

El último aspecto que aborda la investigación es el contrato de publicidad con Iveco, el único sponsor del Fútbol para Todos desde 2010. “No es posible conocer las razones que llevaron a la Jefatura de Gabinete a contratar con Iveco en forma directa y no con otro auspiciante. No están explicitados los motivos por los cuales el organismo aceptó recibir pagos en especie, supuesto no previsto en el Régimen de Contrataciones de la Administración Pública Nacional, cuando el procedimiento normal es el pago en dinero”, describe la AGN.

Además, “no está acreditada la necesidad previa de adquirir los vehículos comprometidos por Iveco, los sectores requirentes y el uso a dar a los mismos”. A la hora de analizar el precio pagado por la fábrica de camiones, el organismo explica: “No fue posible establecer si guardó correspondencia con el valor de la publicidad para este tipo de contratos de sponsor”. De todas formas, la AGN simuló cuánto hubiese tenido que pagar Iveco si hubiera abonado por los minutos en pantalla de acuerdo con el tarifario vigente en 2010. Ese valor hubiera sido de $28.880.000. Los $ 7 millones que abonó la empresa en camiones constituyen un 75,76% menos. Sobre este apartado se manifestó el Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández: “Es una publicidad específica, y le sirve al Gobierno porque con una cantidad de dinero acordada consigue más especie que las cosas que podría haber comprado. Normalmente, esos camiones sirven para servicio mucho más que si los hubiesen comprado. Si se los compra, pagaría mucha más plata que la que significa desde el punto de vista de la publicidad”, dijo el dirigente quilmeño en La Red.

El documento desliza una crítica para la AFA, a la que acusa de no entregarle comprobante alguno al Poder Ejecutivo por las millonarias transferencias mensuales que recibía. Fue una costumbre hasta abril de 2012. “Los pagos realizados a la AFA desde el inicio de la relación contractual hasta abril de 2012 se realizaron sin la correspondiente emisión de factura por parte de esta asociación. Recién con los pagos realizados a partir de mayo de 2012 la AFA procede a entregar facturas”.

El acuerdo que no le iba a costar un peso al Gobierno

Con el pago anual garantizado de 600 millones de pesos por parte del Estado, en agosto de 2009 el entonces y hoy de vuelta jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y el número 1 de la AFA, Julio Humberto Grondona, con la presencia de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, suscribieron el convenio asociativo del Fútbol para Todos. El acuerdo no le iba a costar un peso al gobierno nacional y contemplaba el pago del 50% del monto de comercalización que excediera la cifra asegurada. Nunca se superó. (La Nación)

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