Publicado el: 16, Abr, 2015

“En el Poder Judicial no hay “acordadas”, existen órdenes y las cumplen todos: empleados, funcionarios y Magistrados”


“En el Poder Judicial no hay “acordadas”, existen órdenes y las cumplen todos: empleados, funcionarios y Magistrados”
16/04 – 13:00 – Estas palabras las dijo un ex funcionario judicial, refiriéndose a las versiones que dan cuenta de que existe una circular o una “acordada” en la justicia provincial, donde el Superior Tribunal de Justicia le prohíbe a los jueces hacer declaraciones periodísticas o referirse a cualquier actividad judicial de competencia, lo que generó un abanico de críticas por el espíritu de censura previa que implica, la existencia de una orden en este sentido.

Hace algunos días entrevistamos al diputado por la UCR, Héctor Roquel, sobre una posible orden impartida desde el STJ de la provincia, en la cual se le impide a los jueces y fiscales, atender requisitorias periodísticas. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos por obtener una copia de ese documento, nadie tiene la misma, pero son varios los que confirmaron a OPI esta inquietante declaración, que demostraría la manipulación de la que son objeto los jueces en Santa Cruz.

Todo empezó, cuando el Secretario General del sindicato de Judiciales, Juan José Ortega, disparó a quemarropa una gravísima denuncia en contra de los funcionarios judiciales de la provincia, señalando que jueces y fiscales reciben a funcionarios en los juzgados, donde negocian fallos y causas. Esto trajo aparejado una fuerte respuesta del gobierno y de parte del STJ.

En ese marco, el diputado Roquel le reiteró a OPI que habría una “acordada” o una orden emitida en circular, dentro de los Tribunales, desde el STJ, donde se les impide a jueces y fiscales dar entrevistas y hablar ente la opinión pública, lo que en principio, parece una medida de censura previa.

Yo no veo mal que los jueces hablen y comenten a la prensa sobre sus fallos. Tal vez no es lógico que lo hagan mientras se instrumenta una causa, pero emitido el fallo, no entiendo cuál es el problema”, dijo Héctor Roquel quien ratificó que llegó a su conocimiento la existencia de esta circular que limita el contacto de los magistrados y fiscales, con la prensa.

Paralelamente hicimos las respectivas consultas en fuentes tribunalicias y un ex funcionario judicial, de muchos años y conocimiento del rol de cada uno en el sistema judicial de la provincia y el cual pidió reserva de identidad por razones más que obvias, fue contundente al manifestar “Roquel no descubrió nada. En el Poder Judicial no hay “acordadas” sobre ciertos temas. Existen órdenes y en nuestro ámbito se aplica la máxima de la dictadura militar: las órdenes no se discuten, se cumplen.

Consultado sobre si esas órdenes tiene un plafón, donde ciertos jueces y fiscales tienen algún tipo de prerrogativas, dijo “No, las órdenes las cumplen todos; empleados, funcionarios, Magistrados o Fiscales. Los medios, a la hora de presionar son amplíasimos ¿Qué empleado quiere dejar un puestito en las oficinas del Tribunal para pasar a una triste mesa de entradas de un Juzgado de Primera Instancia? ¿Y las licencias? ¿Queres irte? Obedecé y contale a tu jefe todo lo que pasa a tu alrededor”, expresó al tiempo que dejó para más adelante en la entrevista, contar cómo funciona el apriete a los jueces.

El gobierno aprieta a los jueces y a fiscales que no se alinean. Es una política nacional; esto baja desde la presidenta y llega a la gobernación sin que se produzca ninguna interrupción. Podemos agregar el “caso Campagnoli”. Cuando se retobó, la Procuradora Gils Carbo le pidió el Jury. Gils Carbó es la líder de “Justicia Legitima” organización a la que pertenecen los jueces de Santa Cruz, Mercau, Ludueña Campos y Mariani. Ya Mariani tiene un antecedente por apretar a la Jueza Federal para que renuncie y eso lo publicó Clarín, bajo la autoría del periodista Nicolás Wiñasky”, agregó nuestra fuente.

Más adelante nuestro interlocutor recordó algunos ejemplos no muy antiguos, sobre la forma en que se trabajó desde las más altas esferas políticas y judiciales sobre determinados casos y se preguntó “¿Dónde está la “acordada” por la que se prohibió al Dr Cabral presentarse como candidato a presidente de la Asociación de Magistrados? Donde está la “acordada” por la que se decidió que ese puesto era para el Dr Eduardo Quelín?”, dejó planteada el interrogante.

“Ustedes en OPI el 20 de octubre de 2009 publicaron un artículo “Cómo el Auditor del Poder Judicial de Santa Cruz le hace la vida (de por sí difícil) imposible a un Juez” refiriéndose al Dr Alejandro Luzzetti, por entonces miembro del Tribunal en lo Criminal de la Ciudad de Caleta Olivia”, recordó nuestra fuente y prosiguió recordando “Luzzetti fue víctima de una persecución por “razones de salud” ordenada por el Tribunal Superior de Justicia y ejecutada a través de su sicario el Dr Scippo. Hoy el tema vuelve a repetirse” expresó.

Nuestra fuente hizo mención a un artículo de un diario local donde el ex diputado provincial de la UCR, Javier Bielle, denunció el mal funcionamiento del Consejo de la Magistratura provincial, haciendo referencia allí a los casos del fiscal Sergio Paso y Prada, quien se encuentra de carpeta médica, poco después de que el Tribunal Superior de Justicia estimara avanzar con un juicio para destituirlo por mal desempeño y al caso del Juez de Cámara, Luis Cancelo, que está sin ejercer y con goce de haberes hace 4 años, nota sobre éste magistrado que OPI publicara oportunamente.

Es importante resaltar que en el caso de Cancelo, el funcionario judicial hizo público que jamás solicitó carpeta médica y que ésta le fue impuesta por resolución de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia.

Caso análogo al del Dr Luzzetti, que también publicamos en nuestro medio, quien fue perseguido por la auditoría “médica” hasta que lograron que accediera a una jubilación, como contamos con detalle en su momento.

Volviendo a las declaraciones del ex diputado Bielle, nuestra fuente hizo una observación que consideró importante destacar “Bielle dijo en aquella oportunidad: “Respecto de la situación del juez Cancelo “está hace 4 años de carpeta, no ha funcionado el Consejo de la Magistratura ahí”. Luego el ex legislador afirmó que “si hay comportamientos irregulares, hacés la presentación ante el organismo (Consejo de la Magistratura) y éste tiene la facultad de hasta sancionar y promover su despido”. “Lo cierto es que a (…) el Consejo de la Magistratura está habilitado para avanzar”, recordó el ex funcionario judicial y puso en duda la declaración de dirigente radical “¿Donde leyó Bielle que el Consejo de la Magistratura tiene facultades para “sancionar y promover su despido” (de un Magistrado) . ¿Avanzar? ¿Adónde?”, luego remarcó “Resulta por sobre manera extraño que estas palabras provengan de un Diputado por la UCR cuando se aprobó la reforma constitucional que en 1998 creó el Consejo de la Magistratura. Parece que Bielle no sabe ni lo que él mismo firmó” y concluyó exponiendo su punto de vista sobre la justicia provincial al rematar con la frase “Digamos la verdad de una vez por todas. Nadie quiere un Poder Judicial independiente. Todos quieren llegar al poder para luego comprar por treinta centavos ésto que alguna vez fue la justicia. Y luego aplican el garrote a quienes no se “disciplinen”. Los que hoy pertenecen a “Justicia Legítima” mañana (30 monedas mediante) les pertenecerán. Y el circo seguirá andando”, concluyó.

CM y Constitución

Para finalizar, nuestra fuente nos recordó lo que establece la Constitución provincial, respecto a la creación y funcionamiento del Consejo de la Magistratura, espíritu que está muy lejos del aplicado por las autoridades políticas y judiciales, cuando se trata de seleccionar o sancionar jueces.

Dice la Constitución Provincial en su Artículo 128 bis que “Un Consejo de la Magistratura, regulado por una ley especial, tendrá a su cargo la función de la selección vinculante por concursos públicos de ternas de postulantes a las magistraturas inferiores.

Esta selección deberá realizarse mediante procedimientos que garantice adecuada publicidad, aplicando criterios objetivos predeterminados de evaluación, privilegiando la solvencia moral, la idoneidad, el respeto por las instituciones democráticas y los derechos humanos.

Será integrado periódicamente preservando la pluralidad, la diversidad y el equilibrio entre sectores evitando hegemonías, por representantes de los órganos políticos resultantes de la elección popular, del Poder Judicial, de los magistrados y funcionarios, de los empleados de la justicia y de los abogados de la matrícula.

La ley establecerá también la forma en que se integrará al Consejo una representación electa directamente por el pueblo de la Provincia”. (Agencia OPI Santa Cruz)

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Mostrando 4 Comentarios
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  1. AMIGO dice:

    Excelente nota sin exageraciones ni chicanas, describe crudamente la realidad que todos conocemos y/o intuímos y en la que esta inserto el Poder Judicial.
    Pueden manejar la Ley de los hombres a su gusto, sólo nos queda esperar la llegada de un poco de Honestidad.

  2. ALEJANDRO dice:

    HOLA AMIGOS DE OPI. GRACIAS A DIOS SIGO VIVO. ME GUSTARÍA TENER UNA ENTREVISTA CON USTEDES. Y ADEMÁS ESTOY DISPUESTO A DAR DATOS PRECISOS DE UN SUMARIO ADMINISTRATIVO QUE FUE INCOADO POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA SOBRE MI PERSONA, CUANDO NI SIQUIERA HABÍA FIRMADO LA RESOLUCIÓN QUE MOTIVÓ DICHO SUMARIO, POR ENCONTRARME EN BUENOS AIRES POR RAZONES DE SALUD. Y, ADEMÁS NO INICIARON DICHO SUMARIO CONTRA EL VOCAL DE CÁMARA QUE FIRMÓ LA RESOLUCIÓN PORQUE ERA “SUBROGANTE”??????? ACASO NO SABÍA LO QUE FIRMABA?????

  3. evelyna dice:

    realmente lo que informan sobre la justicia da vergüenza no tengo palabra para decir lo que realmente pienso pero un tacho de mierda se parece bastante.-

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