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Arroyo Salgado tiene 28 custodios policiales a disposición

Sandra Arroyo Salgado - Foto:
22/05 – 13:30 – La ex esposa del fiscal Alberto Nisman se siente desprotegida. Los llamados al jefe de la Policía para pedir protección y su reunión con Servini de Cubría.

Por: Federico Mayol
Al menos hasta hace unos días, Sandra Arroyo Salgado llamó con insistencia al teléfono del jefe de la Policía Federal, Román Di Santo. El mismo pedido de siempre: protección. Demasiadas dudas en torno a su seguridad y la de sus dos hijas. Es que desde aquella fatídica madrugada de enero, la ex esposa del fiscal Alberto Nisman no confía ni en su sombra. Ruidos en los techos de su casa, y la sensación del peligro latente a la vuelta de la esquina.

Una de las últimas en escuchar la zozobra en la que vive inmersa desde hace rato la jueza federal de San Isidro fue su colega María Romilda Servini de Cubría. Se vieron a solas hace pocos días. Arroyo Salgado le confesó su soledad. Servini de Cubría, inoxidable en el arte de negociar con el poder de turno, le sugirió que tal vez era momento de sentarse con el Gobierno y pedir respaldo, según pudo reconstruir Infobae. A la ex mujer del fallecido fiscal, que desconfía de todo y de casi todos, no le convenció demasiado. Lo cierto es que, con los nexos quebrados con el Ejecutivo, la mujer se siente desprotegida.

Pero el mejor ejemplo para entender los temores de la jueza es la inusitada custodia con la que cuenta: ella, sus dos hijas y su pareja con la que convive tienen a disposición 28 hombres de la Policía Federal que se turnan para cuidarlos, día y noche, entre bomberos, personal de la división Comunicaciones y custodios propiamente dichos, según fuentes gubernamentales y de las fuerzas de seguridad. Dieciocho más que los diez efectivos con los que contaba el fallecido fiscal, amenazado hasta el hartazgo.

En marzo, la jueza había pedido en los tribunales revisar su seguridad: lo hizo ante el juez Luis Rodríguez, que investiga amenazas vía correo electrónico recibidas por Nisman y su familia entre agosto del 2012 y febrero del 2013. El que aceptó el refuerzo en la vigilancia fue el Poder Ejecutivo, a través de la cartera de Seguridad.

Con el caso Nisman cada vez más eclipsado por la campaña electoral, y enlodado por las idas y vueltas alrededor del expediente en el que se investiga la muerte del fiscal, Arroyo Salgado busca quien la cobije. Hace semanas, por ejemplo, había amagado con sentarse frente a los principales referentes de la oposición para transmitirles sus sensaciones. Al menos a uno de ellos, el senador Ernesto Sanz, todavía precandidato presidencial, le hizo llegar las conclusiones preliminares de los peritos querellantes que trabajan junto a ella en la investigación sobre lo que ocurrió aquel fin de semana de enero, en el que el fiscal del caso AMIA apareció muerto en su departamento de Puerto Madero. El senador radical, de hecho, se habría reunido con algunos de esos peritos. El durísimo tira y afloje entre la jueza y la fiscal Viviana Fein tuvo su round más reciente en las últimas horas, tras las conclusiones de los peritos oficiales de la junta médica ordenada por Fein para acercar posiciones y dilucidar lo mejor posible lo que pasó aquel fin de semana de enero. Los peritos designados por la familia de Nisman presentaron sus propias conclusiones hace una semana, a sobre cerrado. Son quienes abonan la teoría del asesinato. Lo cierto es que, a cuatro meses de la muerte del fiscal, no se sabe si se suicidó o lo mataron. Arroyo Salgado insiste en no tener dudas de lo segundo.

Los 28 custodios a disposición de la jueza y sus hijas vuelven a reabrir el debate instalado en la cartera de Seguridad acerca del ordenamiento de las custodias policiales. Los primeros días de marzo, Infobae adelantó que en los despachos de dicho ministerio circulaba el borrador de un “Protocolo de actuación para la custodia, consigna y traslado de víctimas, testigos, testigos protegidos e imputados”, destinado a ordenar a los custodios. La Dirección General de Seguridad y Custodia está integrada actualmente por unos 1.400 uniformados de la Policía Federal, más otros 800 de Gendarmería y Prefectura. La cantidad y el funcionamiento de las custodias son todavía discusiones pendientes.

El operativo desplegado alrededor de la jueza de San Isidro ni siquiera se compara, por ejemplo, con los 15 policías federales que cuidan al embajador de los Estados Unidos, Noah Mamet.

Aunque el impactante dispositivo con el que cuenta Arroyo Salgado tiene su propia lógica, al menos para el Gobierno. “No nos podemos dar el lujo de que le pase algo”, aseguran fuentes oficiales. (Infobae)

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