09/06 – 09:30 – Con el impulso de los gremios del transporte, el pragmatismo sindical empujó a Hugo Moyano, Luis Barrionuevo y Pablo Micheli a unificar nuevamente sus acciones. Aliados, los referentes de las centrales obreras opositoras activarán hoy el quinto paro nacional desde que Cristina Kirchner está en el poder.
Por: Nicolás Balinotti
Pero éste, por 24 horas, tiene sus rasgos distintivos. Se desarrollará con el calendario electoral en curso y uno de los ejes centrales de la protesta será el pedido de paritarias libres. Como nunca antes, quedó en evidencia la intromisión del Gobierno en las negociaciones entre empresarios y sindicalistas para establecer un techo de 27%, o poco más, a los incrementos salariales.
El paro, además, se concretará en medio de un cruce de graves acusaciones entre voceros oficiales y los gremios. Hace una semana, el diputado kirchnerista Edgardo Depetri acusó -sin presentar pruebas- a los huelguistas de querer “instalar un caso similar al de Mariano Ferreyra” (asesinado en 2010 durante una protesta sindical) y provocar “hechos de violencia”. Y la Casa Rosada les atribuyó “intereses políticos”.
A pesar del pedido de la CGT y de los gremios del transporte, diferentes sectores de la izquierda harán piquetes y bloquearán los accesos a las grandes centros urbanos. En la Capital Federal se prevé una marcha de protesta al Ministerio de Trabajo, que debe convalidar los acuerdos paritarios.
El rosario de demandas de la huelga de hoy incluye un aumento de emergencia para los jubilados, la suba a $ 12.000 del salario mínimo, la devolución de los fondos de las obras sociales sindicales y “la inmediata puesta en marcha de un plan de erradicación del narcotráfico y la inseguridad”.
Hay tres rasgos que distinguen el paro nacional de hoy de los otros cuatro que ya debió tolerar Cristina Kirchner desde que está en el poder: el inminente curso del calendario electoral; el blanqueo como nunca antes de la intromisión del Gobierno en las negociaciones salariales, y el ring de acusaciones en el que se convirtió la antesala a la huelga, en la que desde el oficialismo se habló con naturalidad de muertes, sangre y presuntas teorías conspirativas para desestabilizar a la Casa Rosada.
Hace tres años, el pragmatismo gremial empujó a Hugo Moyano, Luis Barrionuevo y Pablo Micheli a unificar sus acciones y encabezar las protestas en contra del Gobierno. En esta oportunidad, y tal como ocurrió el 31 de marzo pasado, los tres referentes de las centrales obreras opositoras se sumaron a una iniciativa que activó originalmente la alianza de 22 gremios del transporte que se anida bajo las siglas de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT).
Fortalecidos, con el apoyo de la izquierda y de un puñado de gremios oficialistas (petroleros privados y sectores del Sindicato de Empleados de Comercio), amenazan con paralizar el país para exigir “paritarias libres y sin techo”, como el reclamo central de la protesta.
El rosario de demandas se extiende con la eliminación o un cambio del impuesto a las ganancias; un aumento de emergencia para los jubilados; la suba a $ 12.000 del salario mínimo, que actualmente es de $ 4716; “el sinceramiento” del Gobierno sobre el índice real de inflación y el desempleo; la devolución de los fondos de las obras sociales sindicales, y la “inmediata puesta en marcha de un plan de erradicación del narcotráfico y la inseguridad”.
Será un nuevo desafío sindical a la Casa Rosada en el año electoral. La huelga, que será de 24 horas, se llevará a cabo cuando faltan apenas dos meses para las elecciones primarias que definirán la nómina de candidatos para suceder a Cristina Kirchner. Desde el Gobierno, a través de diferentes voceros, vincularon la medida de fuerza con intenciones electorales (ver aparte).
Por el paro, no habrá hoy transporte público de pasajeros y algunos servicios alterarán su normal funcionamiento. No habrá recolección de residuos ni transporte de carga, y no abrirán las estaciones de servicio, entre otros rubros ligados al comercio. En las dependencias estatales la atención al público se reducirá al mínimo por la adhesión del gremio de ATE y en algunos hospitales se trabajará con personal de guardia, algo que ya sucedió ayer en la provincia de Buenos Aires.
A contramano de sus aliados, la CATT y la CGT moyanista decidieron que el paro sea sin movilización y sólo por un día. La postura se tomó, sobre todo, después de la hipótesis conspirativa que lanzó sin pruebas el diputado kirchnerista Edgardo Depetri, que acusó a los huelguistas de querer “instalar un caso similar al de Mariano Ferreyra” y generar “hechos de violencia”.
Pese al pedido de los transportistas y de Moyano, la izquierda activará hoy piquetes y cortes de calles en los principales accesos a la Capital Federal (ver aparte).
La CTA Autónoma, que encabeza Pablo Micheli, tampoco aceptó “el paro pasivo”, por lo que se movilizó ayer desde el Obelisco hasta las narices del Ministerio de Trabajo, donde exigió “paritarias libres” y una actualización del salario mínimo, vital y móvil. Micheli marchó hasta allí acompañado de sus aliados de ATE, la agrupación Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa. Además, coincidieron con un sector del gremio de telefónicos, que bloqueó el microcentro porteño para escenificar una insólita disputa de encuadramiento con los albañiles de la Uocra.
“El verdadero reclamo es por salarios y jubilaciones dignas. Es el quinto paro nacional y jamás tuvimos respuestas”, dijo ayer Micheli en declaraciones radiales. A diferencia de las anteriores medidas, el líder ceteísta fue incluido esta vez en la mesa chica de decisiones por sus pares de la CGT.
El Gobierno logró el viernes pasado evitar la adhesión al paro del gremio de los bancarios, que llevaba más de 150 días negociando su paritaria. Lo consiguió al impulsar una suerte de paritaria paralela o “blue”, en la que se oficializa el aumento en torno al 27% que está dispuesto a aceptar el Ministerio de Trabajo, pero por otro lado se avala el pago de adicionales que disparan el porcentaje por encima de 30%.
Algunos de los gremios que impulsan la medida de hoy no sellaron aún su paritaria. Tal vez la disputa más simbólica será la de los camioneros, que piden un 35%, o la de los colectiveros de la UTA, un rubro que depende en gran parte de los subsidios estatales. A último momento, el Gobierno abrió una negociación secreta con la UTA para evitar su alineamiento con el paro. Pero no hubo caso y su jefe, Roberto Fernández, ratificó el rumbo de la protesta con críticas a la Presidenta. (La Nación)
