Publicado el: 17, Jul, 2015

Griesa habilitó a los buitres a pedir el embargo de los bonos Bonar 24


El juez Thomas Griesa ordena a la Argentina reponer al Bank of New York Mellon, remover a Nación Fideicomisos y pagar a los acreedores
17/07 – 10:20 – En una nueva decisión contra la Argentina, el juez de Nueva York Thomas Griesa abrió la puerta a la posibilidad de que prospere el pedido de los llamados “fondos buitre” para que se incluya en la causa central del pari passu nuevos títulos de deuda.

Por: Silvia Pisani
De mantenerse esa línea, que se encuentra ahora en su etapa probatoria, podría a complicarse la estrategia del Gobierno de financiarse con bonos emitidos en moneda extranjera, pero bajo ley argentina.

De sólo cinco líneas, la resolución no lo dice de forma expresa. Pero, en línea con las presentaciones que habían hecho previamente los fondos buitre, coinciden los expertos que apunta a los bonos Bonar 24, por lo que el Gobierno logró financiarse por más de 1400 millones de dólares en abril pasado.

Se trata de una pulseada por dirimir cómo se define a esos papeles. Si, como pretenden los holdouts, se los considera “deuda externa” y, por tanto, sujeta a los tribunales de Nueva York, o si, como pretende el ministro de Economía, Axel Kicillof, son “deuda doméstica”, a salvo de jurisdicción extranjera. Con este primer paso, el magistrado neoyorquino se inclina por la tesis de los buitres y considera que los bonos en cuestión -así como cualquier otro en la misma condición- podrían considerarse deuda externa y sujetos a su jurisdicción.

Se trata del primer escalón en una delicada puja. Lo que tiene que ocurrir ahora es que los acreedores hagan la presentación que les permite el juez para que intenten probar que se está, como pretenden, ante deuda externa. Si eso llegara a ocurrir, el pago de los Bonar 24 quedaría sujeto a las mismas condiciones del pari passu. Es decir, se bloquearía hasta tanto la Argentina honre primero el dinero que, por fallo firme, les debe a los acreedores.

Lejos de ese escenario, al cierre de esta edición, fuentes del Ministerio de Economía indicaron a LA NACION que “analizarían” el escrito para dirimir “los próximos pasos”. Juraron, de todos modos, “estar tranquilos”, ante la convicción de que el Bonar “es deuda argentina y el juez no tiene derecho a intervenir en este proceso de pago”.

Las fuentes indicaron que la decisión de ayer “no es un fallo” y opinaron que “no les da derecho a nada a los bonistas”. “Son bonos argentinos bajo ley argentina”, concluyeron.

Si las cosas no salen así y la decisión prospera, podría complicar la estrategia del Ministerio de Economía, que, con Kicillof a la cabeza, intenta sortear el tribunal de Griesa mediante la emisión de papeles bajo ley argentina. Pero incluso ante ese escenario las fuentes del Palacio de Hacienda dijeron estar tranquilas. “Pagaríamos en la Argentina con otros bonos”, atajaron.

Los argumentos de los fondos

Para los demandantes, tal pretensión podría tener patas cortas. “Esos papeles se venden en el mercado exterior, fuera de la Argentina”, sostuvo el fondo Aurelius Management, en una presentación de mayo pasado. En ella, advertía además a los tenedores de Boden 24 que pronto se verían “en problemas”.

De hecho, una de sus primeras intenciones fue, directamente, frenar la emisión. Pero fracasaron y el Gobierno se anotó una interesante jugada al lograr US$ 1416 millones a una tasa de 8,9% en una licitación que había arrancado en US$ 500 millones y con incertidumbre en el mundo financiero sobre sus chances de éxito.

“De lo que se trata es de ver si lo que está en juego es deuda interna o externa”, sintetizó el abogado Eugenio Bruno cuando comenzó la puja. Ya por entonces Paul Singer, dueño de Elliot Management, advirtió que el fondo tenía en su poder “indicios de que se trata de deuda externa” y que, por tanto, debía ser alcanzada por el expediente central, conocido como pari passu, por el que nuestro país se encuentra en default selectivo.

Lo que ahora le permite el juez es la posibilidad de presentarla y probar, si puede, su pretensión. La breve declaración “otorga” a los demandantes las “mociones para modificar y completar su queja”. (La Nación)

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