Publicado el: 18, Ago, 2015

Un juez le ordenó al Gobierno entregar información sobre la sociedad Hotesur


El hotel Alto Calafate en El Calafate - Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz
18/08 – 09:10 – La justicia contencioso administrativa aceptó un amparo de la diputada Stolbizer: el ministerio de Justicia tiene diez días para darle datos sobre los estados contables de la firma y la multa de $ 3000 que le había impuesto.

Por: Claudio Savoia
No hay agua que termine de apagar el fuego desatado en el Gobierno por las irregularidades en la empresa Hotesur, que le pertenece a la Presidenta y sus hijos y es investigada en la justicia por supuesto lavado de dinero. Mientras el juez federal Daniel Rafecas tiene en sus manos la causa principal, un juez contencioso administrativo federal aceptó un amparo de la diputada Margarita Stolbizer, y ordenó que el ministerio de Justicia le entregue información sobre los estados contables de Hotesur y todas las actuaciones administrativas que existan sobre esa firma, además de dar detalles sobre el cobro de la multa de 3000 pesos que le habían impuesto a la empresa por no haber entregado en tiempo y forma sus balances anuales y la renovación de sus autoriades.

Con la firma del juez Pablo Cayssials, la sentencia responde a un pedido de acceso a la información pública y busca abrir el cepo informativo que impera en la Inspección General de Justicia desde 2012, cuando por orden del ex subsecretario de Coordinación y Control Registral del ministerio de Justicia, Ernesto Kreplak, el organismo encargado de controlar a todas las sociedades y organizaciones civiles registradas en la Capital Federal comenzó a negar el acceso a datos públicos correspondientes a las empresas cercanas al gobierno envueltas en denuncias o sospechas de corrupción.

Aquella decisión fue tomada a causa del escándalo Ciccone, para intentar coagular la fuga informativa que, tras la denuncia de Laura Muñoz, la ex esposa de Alejandro Vandenbroele –supuesto testaferro del vicepresidente Amado Boudou–, comenzó a sumar datos que relacionaban al Gobierno con la compra irregular de la imprenta por parte del desconocido fondo The Old Fund.

A través del entonces titular de la Inspección General de Justicia, Marcelo Mamberti, en el verano de 2012 se dictaron resoluciones y circulares que impidieron el acceso al expediente societario de The Old Fund –que luego desapareció y dos años después fue reconstruido sin muchos de los datos más importantes y comprometedores– y luego esa negativa se extendió al resto de las sociedades registradas en la IGJ: aunque se trata de información pública, el organismo decidió que sólo podían consultar sus carpetas quienes tuvieran un “interés legítimo” para hurgar en los entresijos societarios de las distintintas firmas. Una manera elegante de blindar la IGJ.

Pocas semanas más tarde, en mayo de 2012, Mamberti fue reemplazado por Norberto Berner, obediente cuadro de La Cámpora y delegado personal de Kreplak, quien comenzó a diseñar y controlar personalmente la estrategia para evitar que la sensible información que conserva la Inspección General de Justicia caiga en las manos equivocadas. En marzo de 2013, Berner fue reemplazado por Rodolfo Tailhade. Sólo un cambio de nombres.

Aunque irregular, el cepo informativo en el IGJ fue clave para ocultar las irregularidades de Hotesur, la empresa familiar de Cristina Kirhcner que comenzó a ser investigada por el juez Claudio Bonadio justamente porque no había presentado en tiempo y forma ante la IGJ sus balances, la renovación de autoridades y otros datos de notificación obligatoria. Esas irregularidades abrieron las puertas a una investigación más profunda sobre supuesto lavado de dinero, que ahora pasó a manos del juez federal Daniel Rafecas.

En busca de acotar el nuevo escándalo a la órbita administrativa, la IGJ –ahora dirigida por Martín Cormick, un abogado más preocupado por lavar la cara del organismo pero igualmente controlado por Kreplak– anunció una multa de 3000 pesos a Hotesur, como castigo por todas sus faltas.
La diputada Stolbizer presentó un amparo ante la justicia contencioso administrativa para que se conocieran los datos que la Inspección conserva sobre Hotesur, y si efectivamente la firma pagó la multa. El juez Cayssials le dio la razón y, además, obligó al organismo a informar sobre “los estados contables presentados por la sociedad mencionada (Hotesur) y a facilitar copias de todas las actuaciones” que sobre la firma existan en la IGJ. (Clarín)

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